La gestión de Walter Cortés en la municipalidad de Bariloche destinó al menos 1.859.819.588,76 pesos devengados durante 2026 a Transporte Amancay SRL / Mi Bus, la concesionaria del transporte urbano vinculada al empresario sanjuanino Pedro Ponte, un nombre con fuerte recorrido en el negocio minero, el transporte de personal y los servicios logísticos para grandes proyectos extractivos.

La cifra surge de un relevamiento realizado por REALPOLITIK sobre los boletines oficiales municipales de 2026, donde aparecen pagos periódicos a favor de la firma bajo dos conceptos centrales: atributo municipal y compensación de tarifa escolar. En criollo: mientras el boleto se mantiene como uno de los temas más sensibles para los vecinos, el municipio sostiene con fondos públicos a la empresa que explota el servicio.

El dato político más fuerte no está sólo en el monto, sino en quién aparece detrás de la concesionaria. Mi Bus opera bajo la razón social Transporte Amancay SRL y la propia compañía se presenta públicamente como parte del Grupo SEMISA. Ese grupo fue identificado con Pedro Ponte, empresario sanjuanino que desembarcó en Bariloche con la marca Mi Bus y la firma Amancay.

Ponte no es un simple operador local del transporte urbano. Diario de Cuyo lo presentó como “empresario de servicios mineros” y gerente de la empresa minera SEMISA, con centenares de empleados bajo su órbita. También hay antecedentes que lo vinculan con el transporte de personal y servicios para emprendimientos como Veladero, una de las minas de oro y plata más importantes de San Juan.

La dimensión minera no es un dato accesorio. En 2015, se informó que CINCA SA, presidida por Pedro Ponte, fue elegida para transportar combustible desde Mendoza hasta la mina Veladero, operada entonces por Barrick Mining Corporation.

Años después, publicaciones especializadas volvieron a ubicar a Ponte como un actor empresario asociado al desarrollo minero sanjuanino, al transporte y a la logística. Incluso SEMISOL, firma que se presenta como parte del Grupo SEMISA, se define públicamente como empresa de servicios mineros en San Juan.

Una caja semanal para sostener a Mi Bus

El concepto más voluminoso detectado en los boletines municipales es el denominado “atributo municipal”, una compensación vinculada al descuento del 25 por ciento en la tarifa para usuarios residentes que no cuentan con tarifa social federal ni otro beneficio. Según las propias resoluciones, ese esquema reemplazó al subsidio que venía realizando la municipalidad.

Sólo por ese rubro, Transporte Amancay SRL recibió 1.192.531.141,84 pesos devengados en 2026. A esa cifra se suman 667.288.446,92 pesos por compensación de tarifa escolar. El total limpio, sin computar arrastres de períodos anteriores, llega así a 1.859.819.588,76 pesos.

Los pagos se repiten semana tras semana. La resolución 2455-I-2026 autorizó 37.001.302,22 pesos por el período del 3 al 9 de julio; la 2685-I-2026 autorizó 46.228.846,40 pesos por el período del 24 al 30 de julio; y la 2798-I-2026 aprobó 53.948.116,10 pesos por el período del 7 al 13 de agosto.

En paralelo, la resolución 2792-I-2026 aprobó la compensación de la tarifa de estudiantes correspondiente a julio de 2026 por 67.231.000,65 pesos a favor de la misma empresa.

La cuenta cambia si se incorporan arrastres de períodos 2025 publicados o autorizados en boletines de 2026. En ese caso, el monto asciende a 2.343.541.536,30 pesos. Allí entran, por ejemplo, los 100 millones de pesos autorizados como adelanto del aporte provincial correspondiente a la cuota 10 de diciembre del convenio 2025, y los 237 millones por compensación de tarifa escolar de octubre, noviembre y diciembre de 2025, pagaderos en cuatro cuotas de 59,25 millones.

La documentación oficial también muestra el rol de la provincia de Río Negro que gobierna Alberto Weretilneck en el sostenimiento del esquema. Ya a comienzos de año, una resolución publicada en enero autorizó una orden de pago de 100 millones de pesos a Transporte Amancay como adelanto del aporte provincial de diciembre del convenio 2025. Ese convenio, según el propio texto, preveía una transferencia provincial total de 1.000 millones de pesos, en diez cuotas mensuales, para ser giradas por el municipio a la empresa.

En todos los casos, el circuito es similar: la empresa presenta rendiciones, el municipio calcula compensaciones y se emiten órdenes de pago. En las resoluciones aparecen autoridades de la gestión local como el intendente Walter Cortés; el secretario de Hacienda, Gonzalo Miguel Lerra; y la secretaria Legal y Técnica, Yanina Andrea Sánchez.

La administración podrá argumentar que se trata de un esquema legal para sostener el transporte urbano, compensar descuentos y evitar una crisis del sistema. Pero el problema político sigue abierto: Bariloche no sólo subsidia a una concesionaria cuestionada por el boleto, las frecuencias y la calidad del servicio; también sostiene con fondos públicos a una empresa vinculada a un empresario minero sanjuanino con intereses que exceden largamente la escala local.

Los antecedentes tampoco ayudan a despejar dudas. En 2020, Económicas Bariloche publicó que “el dueño de Mi Bus no paga sueldos pero invierte millones en negocios inmobiliarios”, en referencia a conflictos salariales con choferes mientras Ponte avanzaba con inversiones en San Juan. En noviembre de 2024, el mismo medio informó un nuevo conflicto por sueldos impagos que afectó el servicio de Mi Bus.

El caso deja una postal incómoda para Cortés. En Bariloche, el transporte no sólo se paga con boleto. También se sostiene, semana tras semana, con fondos públicos que terminan en la caja de Mi Bus, la firma del empresario minero Pedro Ponte. (www.REALPOLITIK.com.ar)