La Justicia penal dispuso el archivo definitivo de la causa por presunta comercialización de estupefacientes contra el concejal oficialista Javier Tarragona, luego de analizar los elementos incorporados al expediente y considerar que no existían pruebas ni indicios suficientes para avanzar con la investigación.

La resolución fue firmada este viernes por la Sede Fiscal del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y puso punto final a una causa que se había iniciado a partir de una denuncia presentada por el propio secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo.

Según surge del expediente, el funcionario municipal había trasladado a la Justicia el testimonio de un vecino que, de manera anónima, acusaba a Tarragona de operar una supuesta “cocina” de cocaína y de encabezar una red de narcotráfico en la zona.

Sin embargo, para la Fiscalía, la presentación no contaba con información suficiente que permitiera orientar una investigación penal.

La Fiscalía cuestionó la falta de pruebas

Uno de los principales fundamentos de la resolución estuvo relacionado con la ausencia de datos concretos sobre los supuestos delitos denunciados.

De acuerdo con el fallo, al momento de ratificar la presentación, Rappazzo no incorporó nuevos elementos ni indicios considerados suficientes para direccionar la investigación.

La denuncia tampoco habría establecido un período concreto en el que se habrían producido los hechos, una ubicación precisa de la presunta “cocina” de drogas ni la identidad de otras personas que supuestamente formarían parte de la organización denunciada.

El fiscal cuestionó de esta manera la posibilidad de iniciar una investigación basada únicamente en la búsqueda de elementos que eventualmente pudieran aparecer durante la pesquisa.

“Promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer”, sostuvo el fiscal, según surge de la resolución.

En ese marco, advirtió que la Justicia penal no puede avanzar sobre la base de sospechas sin sustento suficiente cuando ello puede afectar las garantías constitucionales.

Tarragona entregó su teléfono y el código de acceso

Luego de tomar conocimiento de la denuncia, Javier Tarragona se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañado por su abogado.

Como parte de esa presentación, el concejal entregó su teléfono celular particular, la tarjeta SIM y el código PIN, con el objetivo de que los peritos pudieran analizar sus comunicaciones.

La medida permitió incorporar elementos para evaluar las acusaciones que pesaban sobre el edil. A su vez, la investigación incluyó consultas a organismos especializados en materia de narcocriminalidad.

Los informes solicitados a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General Departamental indicaron que Tarragona no registraba antecedentes penales ni investigaciones previas relacionadas con delitos de narcomenudeo o narcotráfico.

Críticas a la difusión de la denuncia

La resolución también puso el foco sobre la repercusión pública que tuvo el caso desde sus primeros momentos. El fiscal señaló que la denuncia tuvo una “inmediata repercusión mediática y estado público” de manera prácticamente simultánea con su presentación ante la Fiscalía.

Según el criterio expresado en la resolución, esa exposición podía resultar contraproducente para una investigación de este tipo, debido a que las causas vinculadas con narcotráfico requieren preservar determinadas condiciones de reserva y sigilo para garantizar la eficacia de las medidas investigativas.

El planteo judicial cuestionó así que una denuncia que no contaba con elementos suficientes para orientar la pesquisa adquiriera rápidamente trascendencia pública.

La causa quedó archivada

Con estos fundamentos, y en los términos del artículo 268 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la Justicia dispuso el archivo de las actuaciones contra Javier Tarragona.

La decisión implica el cierre de la investigación en las condiciones actuales. De acuerdo con la resolución, la causa podría ser reabierta dentro de los próximos diez años si aparecieran elementos probatorios nuevos, concretos y contundentes que justificaran retomar la pesquisa.

El archivo, de este modo, no constituye una declaración general sobre todos los hechos que fueron denunciados, sino una decisión judicial basada en la falta de elementos suficientes para sostener la investigación penal en el expediente analizado.

El caso deja además planteado un fuerte debate político e institucional en Moreno: la denuncia involucró a un concejal en ejercicio, tuvo rápida repercusión pública y terminó archivada luego de que la Fiscalía considerara que la acusación original no contaba con una base probatoria mínima para avanzar. (www.REALPOLITIK.com.ar)