El 21 de agosto, el gobierno de Río Negro recibió en la Casa de Gobierno a Felisario Melillán y lo presentó oficialmente como presidente de la Cooperativa de Vivienda Santa Clara durante la apertura de ofertas para construir 30 viviendas en Viedma. Apenas tres días después, otra dependencia del mismo Poder Ejecutivo firmó un documento demoledor: la entidad no mostraba “visos de regularidad” desde 2015, tenía retirada la autorización nacional para funcionar y se encontraba encaminada hacia su disolución y liquidación.

La contradicción está respaldada por documentación oficial y deja al gobierno de Alberto Weretilneck frente a un posible caso de corrupción que excede una simple desprolijidad administrativa. En la trama aparecen fondos públicos millonarios, viviendas con valores muy superiores a una referencia del mercado, selección de beneficiarios por parte de una cooperativa cuestionada y una alarmante falta de controles entre organismos provinciales.

El problema alcanza directamente al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), conducido por Mariano Lavín, pero también a la subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y al ministerio de Obras y Servicios Públicos. Mientras un área presentaba a Santa Clara como protagonista de una política habitacional, otra tenía en su poder un legajo que acreditaba más de una década de irregularidades.

Un convenio millonario bajo la órbita de Weretilneck

El vínculo más reciente entre la provincia y Santa Clara comenzó formalmente el 15 de mayo de 2024, cuando Weretilneck presentó el programa Camino a Casa y firmó un acuerdo para construir 50 viviendas en terrenos pertenecientes a la cooperativa.

La primera etapa contempló 20 unidades. En septiembre de 2024, durante la apertura de ofertas, el gobierno informó que Sylpa SRL había presupuestado 1.157 millones de pesos y Oriente Construcciones SA, 1.223 millones. El acto estuvo encabezado por Weretilneck y contó con la participación del intendente de Viedma, Marcos Castro; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el interventor del IPPV, Mariano Lavín.

Las viviendas fueron entregadas en marzo de 2026. Según la documentación analizada por el medio Noticias Río Negro, el costo final de esa primera etapa ascendió a 1.671.429.239 pesos: aproximadamente 83,57 millones por cada unidad de apenas 36 metros cuadrados.

El 19 de agosto de 2026, el IPPV anunció la licitación de las 30 viviendas restantes. En esa publicación, el propio organismo reconoció un dato determinante: *“Los adjudicatarios de las futuras 30 viviendas ya fueron seleccionados por la Cooperativa Santa Clara”.

La entidad no tuvo, por lo tanto, una participación secundaria. Aportó los terrenos, intervino en la distribución de los lotes y seleccionó a las familias que accederían a viviendas financiadas con recursos de todos los rionegrinos. Hasta el momento, el gobierno no exhibió públicamente los criterios utilizados, las actas de selección ni los controles efectuados sobre las nóminas.

También permanece sin respuesta quién verificó que Santa Clara tuviera capacidad jurídica para desempeñar esas funciones. La pregunta es central porque el padrón oficial del INAES registra a la cooperativa, matrícula 31.792, con la leyenda “Retiro Aut.”, correspondiente al retiro de su autorización para funcionar.

Monoambientes incompletos a precios extraordinarios

La apertura de sobres para las 30 nuevas viviendas se realizó el 21 de agosto del 2026. Oriente Construcciones presentó una oferta de 2.920.955.516 pesos, mientras que Sylpa propuso 3.177.213.192 pesos.

La propuesta de Oriente representa alrededor de 97,4 millones de pesos por vivienda. La de Sylpa eleva el valor a 105,9 millones. Como las unidades mantienen el prototipo evolutivo de 36 metros cuadrados, el costo ofertado alcanza aproximadamente 2,70 millones y 2,94 millones de pesos por metro cuadrado, respectivamente.

Un relevamiento publicado por Noticias Río Negro encontró propiedades nuevas y terminadas en Viedma por debajo de esos valores. Una vivienda de 38,6 metros cuadrados, con dormitorio independiente, baño completo y cocina-comedor, fue tomada como referencia a un valor equivalente a 1,80 millones de pesos por metro cuadrado.

Frente a esa comparación, la oferta de Oriente resulta aproximadamente 50 por ciento superior y la de Sylpa llega a ser 64 por ciento más elevada. La diferencia es todavía más llamativa porque las viviendas privadas utilizadas como referencia están terminadas, mientras que las unidades de Camino a Casa son monoambientes “evolutivos” que deberán ser ampliados posteriormente por sus propietarios.

De acuerdo con la documentación y testimonios de adjudicatarios, las primeras 20 viviendas fueron entregadas sin artefacto de cocina, termotanque ni calefactores. Tampoco cuentan con habitaciones separadas, una carencia especialmente importante para las familias con hijos.

Además, el costo de construcción no incluye la compra de los terrenos. Los lotes pertenecen a la Cooperativa Santa Clara que no podría realizarlo pero el gobienro de Río Negro se las adjudico igual y ya contaban con servicios ejecutados mediante programas anteriores del IPPV y el municipio de Viedma. Es decir, el Estado estaría afrontando valores extraordinariamente elevados por construir unidades básicas sobre terrenos e infraestructura previamente disponibles.

Todavía no hubo adjudicación de la segunda etapa. Por esa razón, no puede hablarse de un sobreprecio definitivamente pagado. Sin embargo, el gobierno deberá explicar por qué recibió propuestas hasta 64 por ciento superiores a una referencia privada y si avanzará con la contratación pese a esas diferencias. Aúnque ya esta todo firmado.

El documento que expone la trama

El documento más comprometedor es la disposición 0222/2026, firmada el 24 de agosto por el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Posse. Las actuaciones se iniciaron por el reclamo de un grupo de asociados que cuestionó decisiones y actos asamblearios de Santa Clara.

La disposición señala que la cooperativa no presenta “visos de regularidad” ni manifestaciones tendientes a normalizar su situación documental, contable y asamblearia desde 2015. Es decir, la irregularidad no apareció después de la licitación: se arrastraba desde hacía más de diez años y constaba en el legajo bajo custodia de la provincia.

El documento también confirma que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aplicó el retiro de la autorización para funcionar mediante las resoluciones 879/2024 y 1364/2024, en los términos del artículo 101 de la ley 20.337. La dirección de Asuntos Jurídicos del organismo nacional ratificó la vigencia del marco sancionatorio en junio de 2026.

La provincia fue todavía más contundente al afirmar que la medida coloca a Santa Clara en un “estado irremediable de disolución y liquidación”, extingue su aptitud legal para el desarrollo normal de su actividad y vuelve imposible exigirle un proceso ordinario de regularización administrativa. Aun así, el 21 de agosto, funcionarios provinciales le permitieron a Melillán participar de la apertura de sobres. En las imágenes se lo observa junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el titular del IPPV, Mariano Lavin; el legislador de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; y el intendente de Viedma, Marcos Castro.

Además. existe un recurso ante el INAES, por lo que la Cooperativa practicamente no existe y la cancelación definitiva de la matrícula quedó quedo formalizada. Pero eso no modifica el hecho central: al momento de la apertura de ofertas, el retiro de autorización se encontraba vigente y la provincia conocía las graves irregularidades de la entidad.

Pese a ello, tres días antes de firmar la disposición, el gobierno había sentado a Melillán en la Casa de Gobierno, lo había reconocido como presidente y había celebrado públicamente la continuidad del plan habitacional. Lavín incluso agradeció la participación de la cooperativa y destacó que la Provincia había salido “al rescate” del proyecto.

Las preguntas que el gobierno debe responder

La documentación no describe una equivocación aislada. Expone un circuito en el que una cooperativa sin autorización vigente continuó relacionándose con el Estado, intervino en la selección de beneficiarios y participó de una operatoria financiada con miles de millones de pesos.

El gobierno debe explicar cuándo fue informado el IPPV sobre las resoluciones del INAES, qué dictamen permitió mantener el convenio, quién verificó la capacidad jurídica de Santa Clara y qué funcionarios validaron las listas de adjudicatarios.

También deberá informar si la subsecretaría de Cooperativas comunicó las irregularidades al IPPV y al ministerio de Obras Públicas. Si lo hizo, alguien decidió continuar conociendo la situación. Si no lo hizo, quedó expuesto un fracaso de los mecanismos provinciales de control. En este sentido, todo el acto que realizó el gobierno y anunció con bombos y platillos es irregular y estaría estafando a decenas de familias que quieren su sueño de tener una vivienda propia.

Otros interrogantes alcanzan la titularidad de los terrenos, la protección de las familias ante una eventual liquidación, la administración de la cooperativa y el destino de los fondos. También debe conocerse si intervino el Tribunal de Cuentas y si la adjudicación de las 30 viviendas será suspendida hasta aclarar las inconsistencias.

La trama tiene todos los elementos para abrir una investigación administrativa y judicial: dinero público, precios extraordinarios, controles omitidos, una entidad sancionada y selección de beneficiarios sin mecanismos transparentes conocidos.

Mientras el IPPV mostraba a Santa Clara como socia de una política pública, el organismo provincial encargado de controlarla sabía que llevaba más de una década sin regularidad institucional. La pregunta ya no es solamente cómo se produjo semejante contradicción. La pregunta es quién ordenó avanzar, a quiénes benefició el mecanismo y qué ocurrió con cada peso aportado por los rionegrinos. (www.REALPOLITIK.com.ar)