La burocracia educativa bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, vuelve a quedar bajo sospecha. Docentes de la provincia denunciaron ante REALPOLITIK la existencia de un circuito paralelo para conseguir resoluciones de titularización, documentación indispensable para acreditar cargos, avanzar en trámites jubilatorios y acceder a la retribución especial prevista para quienes se retiran de la actividad.

El punto sensible no es solamente que existan gestores privados o plataformas que ofrecen rastrear documentación. El problema de fondo es mucho más incómodo: trabajadores del sistema educativo aseguran que habría empleados vinculados a la propia dirección General de Cultura y Educación que cobran por conseguir resoluciones que los docentes no logran obtener por las vías institucionales.

Una fuente interna de la DGCyE consultada sobre el tema fue directa: “Es verdad. Por eso me peleé con varios que trabajan adentro. Hacen esas matufias y otras más”, aseguró. Según su testimonio, esas personas “trabajan todavía en el ministerio” y tendrían acceso a documentación que luego ofrecen a docentes con dificultades para destrabar sus trámites.

El negocio que nace de la demora

Las resoluciones de titularización no son papeles menores. Para muchos docentes, son la llave para demostrar antigüedad, regularizar su situación laboral, avanzar ante el IPS y cobrar beneficios vinculados al retiro. Cuando esa documentación no aparece, el trámite puede frenarse durante meses.

Ese vacío administrativo generó un mercado paralelo. En internet ya existen sitios que ofrecen buscar resoluciones docentes históricas. Uno de ellos, MisResoluciones.com.ar, se presenta como una plataforma independiente de localización y envío digital de documentos oficiales del área educativa que conduce Flavia Terigi. En su propia guía reconoce que los trámites jubilatorios docentes son gratuitos, pero advierte que el circuito puede demorar entre dos y tres años, y que una de las etapas más lentas es la certificación de servicios dentro de la DGCyE.

El sitio incluso advierte sobre gestores informales, cobros indebidos, falsificación documental, pedido de claves del Portal ABC y estafas en trámites previsionales. Es decir: la propia existencia de ese mercado muestra que hay una demanda real creada por las demoras, la falta de respuesta y la dificultad para acceder a documentación que debería estar ordenada y disponible.

Por eso, la nota no apunta a demonizar la existencia de un buscador privado ni a confundir cualquier servicio de rastreo documental con una maniobra ilegal. El foco está en otro lugar: si hay empleados públicos con acceso privilegiado que, por dentro o por fuera del horario laboral, transforman la demora estatal en un negocio particular.

DGCyE.

Fuentes consultada por este medio afirmaron conocer el caso de una docente a la que le habrían conseguido una resolución de titularización correspondiente a 2024. También relató un episodio llamativo en Ramallo: una resolución 2025 habría llegado de manera individual para una sola docente, cuando —según explicaron— históricamente ese tipo de actos administrativos llegaba acompañado de listados más amplios de docentes titularizados.

La hipótesis más grave no es que un gestor cobre por hacer una cola o buscar un expediente. Lo delicado sería que empleados del Estado, con acceso interno a información pública o documentación administrativa, cobren por entregar aquello que el propio Estado demora, retiene o no logra garantizar. Ahí el problema deja de ser una gestoría y pasa a ser una posible incompatibilidad funcional, uso privado de información estatal y aprovechamiento económico de una necesidad laboral.

Durante años, docentes bonaerenses denunciaron dificultades para obtener resoluciones de titularización, destinos definitivos, acrecentamientos, certificaciones, constancias y documentación necesaria para trámites previsionales. En ese laberinto, la falta de respuesta se vuelve una oportunidad para quienes conocen los pasillos.

El mecanismo, según las fuentes consultadas, sería simple: el sistema oficial no responde; el docente necesita avanzar; alguien asegura tener llegada interna; y el trámite que debería ser gratuito termina convertido en un servicio pago.

En el gobierno de Axel Kicillof, la educación pública ya carga con demasiados problemas como para sumar otro: que un docente termine pagando por un papel que el Estado debería entregarle sin intermediarios. La sospecha es grave porque toca una fibra sensible del sistema: cuando la burocracia no responde, el derecho se vuelve mercancía. Y cuando esa mercancía sale de adentro del propio Estado, el negocio ya no está en la vereda de enfrente. Está en la oficina. (www.REALPOLITIK.com.ar)