Nicolás Pablo Diner, uno de los funcionarios encargados de controlar la administración de los recursos públicos bonaerenses, fue denunciado ante la Justicia por incumplir una medida dictada en una causa de protección contra la violencia familiar. La resolución le ordenaba concurrir al grupo REMA, “Reflexionando sobre Masculinidades”, un dispositivo destinado al abordaje de varones que ejercieron violencia.

La situación quedó expuesta dentro del expediente AL-4914-2023, iniciado en 2023 bajo la ley 12.569 de Violencia Familiar. La existencia de la causa puede comprobarse en el sistema de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, mientras que una resolución incorporada a las actuaciones identifica expresamente a Diner y dispone que debe asistir al programa.

La orden no aparece como una recomendación voluntaria. En el mismo pronunciamiento, el juzgado advirtió que el incumplimiento de las medidas podía derivar en la intervención del fuero penal por el delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal, además de multas y las sanciones establecidas en el artículo 7 bis de la ley provincial 12.569.

Según la documentación a la que accedió REALPOLITIK, la obligación no fue cumplida en los términos establecidos y esa situación fue puesta en conocimiento del juzgado. El dato transforma un conflicto del ámbito familiar en un problema institucional: quien quedó señalado es una de las máximas autoridades de un organismo constitucional de control de la provincia de Buenos Aires.

Un funcionario sostenido por Kicillof y Bianco

Diner no ocupa un lugar secundario dentro de la estructura estatal. La contaduría General tiene entre sus facultades examinar actos administrativos, observar operaciones contrarias a las normas, controlar ingresos y egresos, exigir rendiciones de cuentas e impulsar sumarios por irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El organismo es conducido por Carlos Baleztena y Diner se desempeña inmediatamente por debajo, como subcontador General. Se trata de un cargo previsto por la constitución bonaerense, con intervención del Senado y un mandato de cuatro años.

Su vínculo con el gobierno de Axel Kicillof comenzó el 11 de diciembre de 2019, cuando el gobernador lo designó subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del ministerio de Hacienda y Finanzas. El decreto 36/2019 llevó las firmas de Kicillof, del entonces ministro Pablo López y de Carlos Bianco, por entonces jefe de Gabinete.

En febrero de 2022, Diner pasó a ocupar la subcontaduría General mediante el decreto 87/2022, luego de que el Senado provincial elevara la terna correspondiente. Su mandato vencía el 1 de febrero de 2026.

Sin embargo, la cámara alta no remitió una nueva terna y Kicillof decidió mantenerlo en funciones. A través del decreto 40/2026, firmado también por Carlos Bianco, el Poder Ejecutivo prorrogó su designación hasta que el Senado cumpla con ese procedimiento.

La decisión fue presentada como una medida excepcional destinada a garantizar el funcionamiento administrativo de la provincia. En los hechos, significó un nuevo respaldo político para Diner, cuya continuidad depende actualmente de una decisión directa del gobernador y de su ministro de Gobierno.

Por eso, el expediente no involucra únicamente la conducta privada de un funcionario. También interpela a Kicillof, a Bianco, a Baleztena y al conjunto de la estructura provincial que lo sostuvo durante más de seis años en puestos de máxima responsabilidad administrativa.

La política que el gobierno exige hacia afuera

La contradicción resulta todavía más evidente al observar el discurso sostenido por la propia administración bonaerense. El ministerio de Mujeres y Diversidad, encabezado por Estela Díaz, convirtió el abordaje de los varones que ejercen violencia en uno de los ejes de su política pública. Aunque esta ocasión constituó otra excepción.

La provincia creó la Línea Hablemos, fortaleció dispositivos municipales y desarrolló documentos específicos para regular la intervención con personas derivadas por organismos judiciales. Según la información oficial, en territorio bonaerense funcionan 89 dispositivos con alcance en 91 municipios.

El grupo REMA al que debía concurrir Diner forma parte de esa lógica de intervención. El programa “Reflexionando sobre Masculinidades” funciona en Avellaneda, municipio gobernado durante buena parte de este proceso por Jorge Ferraresi y actualmente integrado a la red de dispositivos que trabaja con varones derivados por situaciones de violencia.

La finalidad de estos espacios no es decorativa ni se reduce a completar una asistencia. Buscan que los participantes reconozcan prácticas de control, hostigamiento y abuso de poder, revisen sus conductas y reduzcan el riesgo de reiteración. Cuando la concurrencia fue dispuesta por un juez, su cumplimiento forma parte de una medida judicial y no de una actividad optativa.

Diner conserva su derecho de defensa y será la Justicia la encargada de evaluar el incumplimiento denunciado y sus consecuencias. Esa garantía, sin embargo, no obliga al Estado a ignorar una situación que compromete a uno de sus principales funcionarios de control.

La cuestión política es más sencilla: si la administración de Kicillof considera que los dispositivos para varones son indispensables, debería explicar por qué no exige hacia adentro el mismo compromiso que reclama públicamente hacia afuera. Se trata de una práctica harto repetida: la política contra la violencia familiar se ha convertido en otra consigna oficial que se aplica con severidad a los ciudadanos comunes y con tolerancia ciega cuando alcanza a integrantes del poder bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)