La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata acudieron a la Justicia Federal para intentar detener el desarrollo petrolero impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. Advierten por el impacto ambiental, la explotación de recursos argentinos y una nueva modificación unilateral sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a quedar vinculada con una cuestión estratégica para el futuro argentino: los recursos naturales del Atlántico Sur. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en un intento por detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino). 

La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron que se suspendan las obras, las actividades preparatorias y las operaciones financieras vinculadas al emprendimiento, que pretende desarrollarse sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

El planteo combina dos dimensiones que, según los denunciantes, resultan inseparables: la protección ambiental y la defensa de la soberanía nacional. La preocupación no se limita al eventual impacto de una explotación hidrocarburífera sobre los ecosistemas marinos, sino que también apunta a que el proyecto avanzaría a partir de autorizaciones otorgadas por la administración británica de las islas, en un contexto en el que la cuestión de soberanía permanece pendiente de resolución.

Un proyecto petrolero de gran escala en el Atlántico Sur

Sea Lion contempla una explotación de grandes dimensiones. De acuerdo con la información aportada en la presentación, las primeras etapas prevén la perforación de 23 pozos submarinos: 16 destinados a la producción, seis a la inyección de agua y uno a la inyección de gas.

El desarrollo se localizaría en los bloques identificados como PL032 y PL004b, dentro de la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto también requiere infraestructura en las islas, con obras vinculadas al puerto, almacenamiento de combustibles y productos químicos, depósitos, viviendas y otras instalaciones necesarias para sostener las operaciones.

Navitas proyecta comenzar la producción durante 2028 y extenderla durante más de tres décadas. Las estimaciones mencionadas en la acción judicial señalan que la cuenca podría alcanzar una producción de hasta 120.000 barriles diarios.

El cronograma empresario ya comenzó a materializarse. Durante 2026 se iniciaron trabajos vinculados con el muelle y la infraestructura terrestre, mientras avanzaron la fabricación y adaptación de los equipos que serán utilizados en el emprendimiento. La perforación se encuentra proyectada para comienzos de 2027 y la primera extracción para el primer semestre de 2028.

Para AAdeAA y el CECIM, la dimensión de las obras vuelve especialmente urgente la intervención judicial. El planteo sostiene que permitir que continúen las tareas preparatorias podría consolidar una situación de hecho difícil de revertir posteriormente.

La ausencia de una evaluación ambiental argentina

Uno de los ejes centrales de la presentación es la falta de intervención de los organismos argentinos en materia ambiental e hidrocarburífera.

Las organizaciones señalaron que durante enero de 2026 realizaron pedidos de acceso a la información pública ante la jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Según sostienen, las respuestas obtenidas permitieron confirmar que las compañías no realizaron ante el Estado argentino las presentaciones necesarias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La cuestión resulta relevante porque una evaluación ambiental previa permite determinar riesgos, analizar alternativas, exigir estudios técnicos y establecer mecanismos de participación ciudadana antes de que una actividad potencialmente riesgosa se ponga en marcha.

En este caso, las organizaciones cuestionan que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las islas puedan ser consideradas suficientes para habilitar una actividad sobre un espacio marítimo cuya soberanía reclama la Argentina.

El planteo adquiere además una dimensión jurídica vinculada con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la disputa. En particular, se señala la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que exhortó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la controversia por la soberanía.

Para los denunciantes, una explotación hidrocarburífera proyectada durante décadas representa precisamente una transformación de esas características.

Dos empresas sancionadas por la Argentina

La demanda también pone el foco sobre los antecedentes de las compañías involucradas. Rockhopper Exploration es una empresa británica que conserva el 35 por ciento del proyecto. La compañía fue declarada clandestina por la Argentina en 2012 debido a actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional y posteriormente fue inhabilitada durante 20 años.

Navitas Petroleum, de origen israelí, controla el 65 por ciento restante mediante una subsidiaria constituida en el Reino Unido. La compañía también fue declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina durante 20 años, en este caso en 2022.

En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó los anuncios vinculados con la inversión de ambas empresas y sostuvo que las actividades carecen de autorización argentina y contradicen las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.

El conflicto, por lo tanto, excede la discusión sobre una inversión petrolera. La explotación de los recursos naturales aparece como una nueva dimensión de una controversia territorial que lleva más de un siglo.

El reclamo judicial por la soberanía argentina

“Es una acción preventiva de daño ambiental y soberano”, señaló Guerrero Iraola a REALPOLITIK, quien sostuvo que las empresas involucradas avanzan con tareas preparatorias para la explotación de la Cuenca Malvinas Norte de manera unilateral.

El abogado cuestionó, en primer lugar, el incumplimiento de la normativa ambiental argentina. “Ilegal por dos cuestiones. La primera es, obviamente, que no ha cumplido con toda la normativa nacional en materia de protección ambiental y además que puede generar un daño ambiental inminente”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el planteo judicial no se limita a la ausencia de una evaluación ambiental. Para Guerrero Iraola, existe además una afectación directa sobre la soberanía argentina, dado que el proyecto se desarrolla a partir de decisiones tomadas unilateralmente en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

“Nosotros decimos que hay un daño a la soberanía como bien jurídico tutelado porque constituye un acto unilateral que está por fuera de las resoluciones de Naciones Unidas”, sostuvo a este medio. En ese sentido, recordó que los organismos internacionales han instado a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras continúa la controversia.

El abogado también remarcó que la posición argentina encuentra respaldo en la Constitución Nacional y cuestionó que empresas extranjeras puedan operar a partir de autorizaciones emitidas por las autoridades británicas de las islas. “Nosotros seguimos sosteniendo que Malvinas a perpetuidad, como dice nuestra Constitución las Malvinas son argentinas”, expresó.

A partir de estos argumentos, la acción judicial no busca únicamente una eventual condena contra las compañías. También solicita una medida cautelar para detener las actividades que permitan consolidar el proyecto antes de que comience formalmente la extracción.

El abogado del CECIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola. 

“Obviamente buscamos que se condene a estas empresas por ello pero también vamos a pedir una medida cautelar requiriéndole a la justicia argentina que ordene a las empresas a abstenerse a realizar cualquier tipo de acto preparatorio”, explicó Guerrero Iraola.

Ese pedido comprende tanto las obras de infraestructura como las operaciones económicas necesarias para poner en marcha el emprendimiento. El abogado hizo especial hincapié en la necesidad de intervenir antes de que esas acciones se vuelvan irreversibles: “ya sea desde medidas financieras hasta las cuestiones de infraestructura necesarias como para empezar a preparar la estrategia del saqueo”.

La dimensión económica del proyecto es otro de los puntos destacados por el representante legal. Según explicó, la Cuenca Malvinas Norte podría alcanzar una producción de hasta 120.000 barriles diarios, una escala que vuelve todavía más relevante la discusión sobre quién controla y se beneficia de esos recursos.

“Estamos hablando de una cuenca que puede llegar a producir 120.000 barriles de petróleo diarios y es petróleo de los argentinos”, afirmó.

En esa línea, Guerrero Iraola vinculó la explotación proyectada con el destino de los recursos naturales y con la posibilidad de que estos contribuyan al desarrollo del país. “En definitiva, creemos que es petróleo que se está saqueando a los argentinos y que tiene que llegar a generar condiciones de desarrollo y bienestar para todo nuestro pueblo”, concluyó.

La medida cautelar planteada ante la Justicia Federal busca así frenar las perforaciones, los movimientos sobre el lecho marino y las obras preparatorias, además de impedir nuevas operaciones financieras destinadas al proyecto. También solicita identificar a bancos, fondos, aseguradoras y otros actores que participen de su financiamiento.

Soberanía, ambiente y financiamiento internacional

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, destacó el carácter novedoso de la presentación y la articulación entre las organizaciones ambientales y el CECIM.

En diálogo con REALPOLITIK, Viale remarcó que la acción busca unir dos dimensiones que, a su entender, resultan inseparables cuando se analiza el avance petrolero sobre las aguas vinculadas con Malvinas: la protección ambiental y la defensa de la soberanía.

“Estamos presentando una acción inédita donde nos juntamos con un orgullo total junto al CECIM, el Centro de Excombatientes de La Plata, un histórico centro de excombatientes de Malvinas”, señaló.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Enrique Viale. 

El abogado recordó además el antecedente judicial del CECIM contra la modificación de la Ley de Tierras impulsada durante el gobierno de Javier Milei y destacó el resultado obtenido en aquella causa. “Fueron los que hicieron la acción judicial contra la Ley de Tierras, contra el decreto 70 de Milei, que derogó la Ley de Tierras y consiguieron que vuelva a estar vigente”, explicó.

Para Viale, esa experiencia permitió construir una presentación que incorpora simultáneamente la cuestión ambiental y el reclamo soberano. “Mezclamos, y me parece que eso es lo interesante, soberanía y ambiente, en una acción que creo que va a tener muchas repercusiones, no sólo en Argentina sino en el mundo”, sostuvo.

Viale explicó que la acción apunta precisamente a seguir las distintas vías de financiamiento internacional que sostienen el proyecto petrolero. “Lo que buscamos es entorpecer el financiamiento internacional, además de declarar la ilegalidad por no tener las autorizaciones ambientales de Argentina, porque eso es territorio argentino”, afirmó.

En esa línea, adelantó que la estrategia podría profundizarse mediante acciones dirigidas contra quienes aporten recursos económicos al emprendimiento. “Estamos buscándole las puntas del financiamiento de este proyecto petrolero británico-israelí sobre aguas argentinas”, señaló.

Y anticipó: “La idea es más adelante incluso poder conseguir embargos internacionales”.

El petróleo como nuevo factor de disputa por Malvinas

Guillermo Carmona, abogado, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, consideró que el eventual inicio de la explotación hidrocarburífera proyectado para 2028 podría modificar sustancialmente el escenario de la disputa de soberanía. En diálogo con REALPOLITIK, sostuvo que la extracción efectiva de petróleo constituiría un punto de inflexión tanto por sus consecuencias económicas como ambientales.

“Yo considero que de concretarse el anuncio de que en el año 2028 comenzaría la explotación hidrocarburífera, es decir, la extracción de hidrocarburos, ese hecho constituiría un punto de inflexión en la cuestión Malvinas, tanto por sus consecuencias económicas como ambientales”, sostuvo.

El ex funcionario explicó que el contexto energético internacional puede favorecer el desarrollo del proyecto Sea Lion. El aumento de los precios del petróleo y un escenario global atravesado por conflictos militares, según su análisis, generan condiciones particularmente convenientes para una explotación offshore en el Atlántico Sur.

“Con el actual escenario internacional, conflictivo en lo militar y que ha implicado un aumento muy considerable de los precios del petróleo, el escenario para una explotación en el Atlántico Sur aparece como un escenario favorable”, explicó.

En ese marco, Carmona advirtió que el desarrollo petrolero podría exceder ampliamente el plano energético y convertirse en un factor de fortalecimiento de la presencia británica en las islas. El proyecto podría transformar a las islas ocupadas en un centro de producción de hidrocarburos capaz de generar importantes ingresos para Londres, contribuyendo a sostener los costos de su presencia en el territorio y a profundizar la militarización del área.

“Esto podría reforzar la consolidación colonial británica, apuntan a ello sin lugar a dudas”, afirmó.

La preocupación no se limita al plano económico y geopolítico. Carmona también cuestionó la atención que se presta a los posibles impactos ambientales de una explotación petrolera offshore en una zona de enorme sensibilidad ecológica. “Por otro lado, están muy minimizados los potenciales impactos ambientales que puede tener esta explotación”, advirtió.

Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Uno de los principales riesgos señalados por Carmona está relacionado con la posibilidad de derrames y sus consecuencias sobre un sistema marino que conecta las aguas circundantes a Malvinas con el Atlántico Sur y la Antártida.

“Fundamentalmente a partir de la situación de posibles derrames y daños ambientales que implicarían daños no solamente sobre las Islas Malvinas, sino en los ecosistemas marinos del Atlántico Sur y de la Antártida”, sostuvo.

El impacto, además, podría alcanzar el territorio continental argentino. “Con impactos muy críticos incluso sobre las costas continentales argentinas en el caso de que ocurrieran ese tipo de eventos”, agregó.

La advertencia adquiere especial relevancia por la escala y la duración prevista para el proyecto. Una explotación sostenida durante décadas no sólo implicaría una actividad económica de gran magnitud, sino que podría generar infraestructura permanente, flujos financieros y nuevas relaciones de dependencia alrededor de la producción hidrocarburífera.

Para Carmona, esa perspectiva obliga a considerar el proyecto también desde su dimensión geopolítica y soberana. El comienzo de la extracción representaría, desde su análisis, un cambio cualitativo respecto de las etapas de exploración y preparación, al consolidar materialmente la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa.

Frente a este escenario, el exsecretario de Malvinas cuestionó la respuesta del gobierno nacional y consideró que la falta de intervención constituye un factor adicional de preocupación. “Frente a eso, la nula reacción del gobierno de Milei constituye un escenario crítico, un escenario más que preocupante”, afirmó.

Ante esa situación, Carmona planteó que la responsabilidad de actuar no debería quedar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. A su entender, el Congreso, la Justicia y las provincias patagónicas también pueden desempeñar un papel relevante para exigir una respuesta estatal frente al avance del proyecto.

“Resulta fundamental que ante esa inactividad del gobierno de Milei, el Congreso y el Poder Judicial adopten medidas, e incluso las provincias, especialmente las patagónicas, pongan en agenda la exigencia al gobierno nacional”, sostuvo.

El objetivo, explicó, debería ser evitar que el proyecto alcance precisamente la instancia que considera determinante. “Que se trabaje en función de evitar ese escenario que constituye el punto de inflexión, que es el del inicio de la explotación hidrocarburífera”.

El riesgo ambiental sobre el mar argentino

La zona se encuentra vinculada con la ecorregión mar argentino y con los ecosistemas de las Islas del Atlántico Sur. Se trata de un espacio en el que conviven numerosas especies de peces, mamíferos marinos y aves, además de constituir áreas de alimentación, reproducción y migración para distintas especies.

La perforación del lecho marino, el movimiento de embarcaciones, la utilización de sustancias químicas, el ruido submarino y, especialmente, la posibilidad de derrames constituyen algunos de los riesgos señalados por las organizaciones.

El problema no se circunscribe al lugar exacto donde se encuentra un pozo. El carácter dinámico del océano hace que los impactos puedan desplazarse mediante corrientes y afectar áreas ecológicamente conectadas. En ese sentido, la presentación plantea una mirada integral sobre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y su conexión con el ecosistema antártico.

A los riesgos propios de la explotación offshore se suman los derivados de la infraestructura terrestre necesaria para sostenerla. La ampliación de instalaciones portuarias, los depósitos de combustibles y químicos, los residuos industriales y el incremento del tránsito forman parte de un mismo esquema productivo.

Una disputa que también se juega en el mar

El planteo judicial recupera una definición central de la Constitución Nacional: la Primera Disposición Transitoria ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía.

Desde esta perspectiva, Malvinas no puede pensarse únicamente como un conjunto de islas ubicadas en el extremo sur del mapa. La disputa también involucra el mar que las rodea, la plataforma continental, sus recursos naturales, sus ecosistemas y la proyección geopolítica de todo el Atlántico Sur.

Por eso, la discusión sobre Sea Lion introduce una pregunta que trasciende al petróleo: ¿quién decide sobre los recursos del Mar Argentino y quién define el destino de un territorio marítimo cuya soberanía la Argentina reivindica?

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la continuidad geográfica y ambiental hacia la Antártida. El Atlántico Sur constituye una zona estratégica no solamente por sus hidrocarburos, sino por sus recursos pesqueros, su biodiversidad, sus rutas marítimas y su vinculación con uno de los mayores reservorios de agua dulce del planeta.

Pensar Malvinas es pensar también el mar. Es pensar la plataforma continental y los recursos que contiene, pero también la preservación de sus ecosistemas y la proyección argentina hacia la Antártida. Es comprender que el territorio nacional no termina en la línea de costa y que la soberanía sobre el Atlántico Sur tiene implicancias ambientales, económicas y estratégicas que exceden largamente el presente.

La Antártida concentra una reserva de agua dulce de importancia decisiva para el futuro de la humanidad. En un mundo atravesado por la crisis climática y por una creciente disputa global en torno al acceso al agua, la protección de los ecosistemas australes y la continuidad de la presencia argentina en el Atlántico Sur adquieren una dimensión estratégica cada vez mayor.

La defensa de Malvinas no puede quedar reducida a una reivindicación histórica. También implica defender el mar, sus recursos, su biodiversidad y su proyección hacia la Antártida. Porque la soberanía argentina sobre Malvinas también se proyecta sobre el Atlántico Sur y sobre un espacio marítimo que será cada vez más determinante para el futuro del país.

En ese escenario, la acción judicial busca que la discusión ocurra antes de que las plataformas comiencen a extraer petróleo y antes de que las obras transformen en permanente una situación que Argentina considera ilegítima.

La disputa ya no se juega solamente sobre las islas. También se juega en el mar. (www.REALPOLITIK.com.ar)