La interna de IOMA Dolores sumó un nuevo capítulo judicial y político. La causa penal por abuso sexual contra el director regional Víctor Manuel Casanovas, dirigente vinculado a La Cámpora y al esquema político local de Juan Pablo García, no quedó definitivamente cerrada: la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores declaró admisible el recurso de Casación presentado por la víctima, Viviana Isabel Moyano, con el patrocinio del abogado Mauricio Ángel Caporaletti.

Pero el caso de Moyano no es el único. Una averiguación periodística realizada por REALPOLITIK permitió reconstruir que otras dos trabajadoras de la Regional XIV también habrían sido desplazadas y quedado sin trabajo luego de recibir amenazas y sufrir la remoción de sus cargos por decisión del mismo director. Según los testimonios recogidos, los puestos habrían sido posteriormente asignados a dos personas vinculadas con La Cámpora.

El expediente penal está caratulado “Casanovas, Víctor Manuel y otro s/ abuso sexual” y tramita bajo la causa INC-3702-612. La resolución, firmada por los jueces Daniel Horacio Rezzonico y Lía Regina Raggio, declaró formalmente admisible el recurso presentado por Moyano contra la decisión que había considerado inadmisible su apelación. De esta manera, la víctima logró abrir la vía para que el Tribunal de Casación Penal revise el cierre procesal del caso.

La documentación judicial subraya que el derecho de la particular damnificada a recurrir el sobreseimiento debe ser garantizado incluso cuando el ministerio Público Fiscal no impulse una pretensión en el mismo sentido. Para los camaristas, impedirle el acceso a una instancia superior podía comprometer su derecho constitucional a una tutela judicial continua y efectiva.

El caso había sido prácticamente clausurado el 6 de febrero de 2026, cuando se hizo lugar al pedido de sobreseimiento impulsado por la fiscal Mónica Ferré. En esa resolución se reconoció que Moyano había realizado una imputación directa contra Casanovas por un presunto “tocamiento específico intencional” y por un contexto de acoso laboral y sexual dentro de la delegación regional de IOMA.

La fiscalía, sin embargo, sostuvo que no contaba con elementos suficientes para avanzar. El juez valoró que cuatro testigos del ámbito laboral no aportaron percepciones directas ni indicios sobre el hecho denunciado y terminó concediendo el sobreseimiento a favor de Casanovas.

La representación de Moyano planteó lo contrario: que el cierre había sido prematuro, que no se agotaron las medidas de prueba y que la investigación avanzó sin incorporar testimonios y elementos ofrecidos por la víctima. En su presentación, la particular damnificada cuestionó que se tomara declaración solamente a cuatro testigos y denunció que se la privó de presentar documentación, audios y mensajes de WhatsApp que, según su planteo, se encontraban a disposición del ministerio Público.

Dos trabajadoras más y denuncias sin respuesta

La información reunida por este medio amplía el conflicto más allá de la causa penal. De acuerdo con fuentes de la propia regional, otras dos empleadas habrían atravesado situaciones de amenazas, hostigamiento y posterior desplazamiento de sus funciones bajo la conducción de Casanovas.

Según la reconstrucción periodística, las dos trabajadoras terminaron sin sus puestos y los cargos que ocupaban habrían sido entregados a dos personas identificadas por las fuentes como integrantes o militantes de La Cámpora. Esta información no forma parte de la resolución penal analizada, sino que surge de testimonios obtenidos por REALPOLITIK durante la investigación periodística del funcionamiento interno de la Regional XIV.

Una de las personas que se comunicó con este medio aseguró que los hechos fueron denunciados ante el ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que conduce Estela Díaz, y que allí se abrió un expediente administrativo. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no se adoptaron medidas concretas ni recibió una respuesta capaz de revertir su situación laboral.

Estas denuncias también llegaron ante el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco produjo avances conocidos.

La reiteración de desplazamientos denunciados introduce una pregunta que trasciende el expediente de Moyano: si las decisiones laborales respondieron a necesidades administrativas reales o si existió un mecanismo destinado a remover trabajadoras y liberar cargos para personas políticamente alineadas con La Cámpora.

El costo político para IOMA y el gobierno bonaerense

Mientras Casanovas continuó en funciones dentro de IOMA, Moyano inició además una demanda contencioso administrativa contra el organismo por la limitación de su cargo como jefa del departamento Técnico Administrativo de la dirección Regional XIV Dolores. En esa presentación acusó al instituto presidido por Homero Giles de haberla desplazado sin acto administrativo regular, sin sumario previo y en un contexto de violencia institucional, acoso laboral y discriminación de género.

La documentación judicial indica que Moyano había sido designada mediante el decreto 493/2022 como jefa interina, con vigencia desde el 4 de enero de 2021, y que la limitación de sus funciones fue solicitada por el director regional a partir del 7 de abril de 2025. En el mismo expediente consta que la dirección de Sumarios Administrativos certificó que la agente no registraba actuaciones sumariales en trámite.

El expediente expone una postal incómoda para el gobierno de Axel Kicillof: una trabajadora de IOMA que denunció abuso sexual, acoso y hostigamiento terminó desplazada de su función y enviada a otra delegación, mientras el funcionario denunciado siguió ocupando un lugar de poder dentro de la estructura sanitaria provincial.

La averiguación periodística agrega ahora otras dos posibles víctimas de desplazamientos, amenazas y pérdida de funciones, además de denuncias que habrían ingresado en los ministerios de Mujeres y Trabajo sin producir respuestas conocidas. La responsabilidad política ya no alcanza únicamente a Casanovas: también interpela a Homero Giles, al ministerio de Salud conducido por Nicolás Kreplak y a las áreas provinciales encargadas de intervenir frente a situaciones de violencia laboral y de género.

Con la vía de Casación abierta, el caso dejó de ser un simple conflicto interno de la delegación Dolores. El cierre judicial que parecía encaminado ya no está firme y la estructura política que sostiene a Casanovas deberá explicar por qué las denunciantes y trabajadoras desplazadas quedaron fuera de sus cargos mientras el director regional permaneció en funciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)