Extrabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) denunciaron que atraviesan cada comienzo de mes sin saber cuándo cobrarán el anticipo jubilatorio que les corresponde mientras esperan que el Instituto de Previsión Social (IPS) resuelva definitivamente sus expedientes.

El reclamo apunta al organismo conducido por Nancy Andrea Cáceres, que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Andrés “Cuervo” Larroque. Según supo REALPOLITIK, los trabajadores activos del OPNyA cobran de acuerdo con el cronograma oficial de la provincia de Buenos Aires, pero quienes dejaron de prestar funciones pueden recibir el adelanto cualquier día hasta el 10.

Este martes 1 de septiembre, fecha establecida para el pago de los salarios de los agentes activos del organismo, extrabajadores consultaron al área de Liquidaciones cuándo sería depositado su anticipo. La respuesta fue que todavía no había una fecha definida.

Un ingreso alimentario sujeto a la incertidumbre

“Podemos cobrar cualquier día hasta el 10. No tenemos una fecha fija y eso perjudica toda nuestra organización”, explicó uno de los denunciantes, que percibe alrededor de 900 mil pesos mensuales. De ese monto debe afrontar alquiler, alimentos, servicios y aproximadamente 70 mil pesos en medicamentos.

El exagente detalló que padece diabetes, hipertensión, osteoporosis e hipotiroidismo y que solamente su factura de electricidad llegó a los 300 mil pesos. “La luz no espera, el gas no espera, el alquiler no espera. Es muy angustiante”, resumió.

El anticipo está contemplado en la ley provincial 12.950. La norma determina que los agentes que cesan reuniendo los requisitos jubilatorios tienen derecho a continuar percibiendo el 60 por ciento de su remuneración mensual hasta que el IPS haga efectivo el pago de la prestación definitiva. También incluye las actualizaciones paritarias, el proporcional del aguinaldo y la continuidad de la cobertura de IOMA.

El dinero es abonado por el organismo empleador y posteriormente descontado del retroactivo que liquida el IPS. En este caso, la responsabilidad administrativa corresponde al OPNyA, aunque el organismo depende políticamente de la cartera encabezada por Larroque.

OPNyA: un trabajo insalubre dentro y fuera. 

La legislación no establece un día determinado para la acreditación. Sin embargo, la ausencia de un cronograma deja a personas adultas mayores pendientes de una transferencia estatal para afrontar gastos básicos, mientras los trabajadores activos conocen anticipadamente su fecha de cobro.

La situación puede extenderse durante más de un año. Los denunciantes aseguraron que la jubilación definitiva demora cerca de dieciocho meses y cuestionaron que el OPNyA no tenga implementado un circuito capaz de evitar esa espera. Mientras tanto, quienes aceptaron cesar cobrando el anticipo quedan atados a un ingreso reducido y sin fecha cierta.

La contradicción atraviesa al propio gobierno de Axel Kicillof: el Estado bonaerense presenta el anticipo como una protección frente a la demora previsional, pero obliga a sus beneficiarios a comenzar cada mes preguntando si cobrarán y cuándo. (www.REALPOLITIK.com.ar)