La respuesta a las críticas del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra Marcos Galperín, Mercado Pago y el resto del ecosistema financiero digital se caía de madura. En plena campaña política, el mandatario provincial puso el foco sobre las tasas que cobran las billeteras virtuales y las fintech que prestan dinero a sus clientes, entre ellas Ualá, Naranja X, Moni, Personal Pay, Brubank y Cencosud, entre otras.

Kicillof describió una realidad conocida por millones de argentinos: una situación de “gravedad extraordinaria”, porque “no sólo el 60 por ciento de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.

Su ministro de Producción, Augusto Costa, reforzó la línea oficial: “Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, sostuvo.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta 1.883 millones de pesos y la obligación de revertir los incumplimientos”, sintetizó Costa el 20 de agosto pasado en la sala de conferencias de la gobernación.

La medida puede traer algo de oxígeno a deudores atribulados, muchos de los cuales quisieran pagar sus obligaciones, pero ya no pueden hacerlo porque sus ingresos reales se achicaron de manera dramática.

Sin embargo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Nadie parece haberle informado al gobernador que el Banco de la Provincia de Buenos Aires de Juan Cuattromo también funciona como una maquinaria eficiente para presionar a sus deudores, con reclamos de capital, intereses, apercibimientos de acciones judiciales y eventuales embargos incluidos.

Banco Provincia.

La doble vara del Banco Provincia

Galperín lo sabe. Por eso, rápido de reflejos, señaló públicamente que en muchos casos el Bapro tiene un costo financiero mayor que el de Mercado Pago. Las situaciones pueden variar porque las tasas dependen del perfil de riesgo de cada usuario, pero en el ejemplo difundido por el propio empresario, por un préstamo de 1,5 millones de pesos, Mercado Pago ofrecía 12 cuotas de 173.263 pesos, mientras que el Banco Provincia arrojaba cuotas de 200.247 pesos.

La comparación también puede extenderse al trato que recibe el deudor en mora. Mientras muchos usuarios están al borde de pedir su propia quiebra ante un juez comercial, algunas billeteras y entidades financieras comienzan a ofrecer acuerdos para cancelar capital, condonar parte de intereses o reducir punitorios que, en muchos casos, se vuelven impagables.

Antes de vender carteras de morosos avanzados, fintech y bancos suelen intentar cobrar algo antes que nada. En ese marco, pueden abrir renegociaciones frente a la caída de ingresos reales que atraviesa la economía nacional.

No parece ser el camino del Banco Provincia.

La entidad envía mails y mensajes intimando con acciones judiciales y exigiendo el pago del capital más los intereses devengados desde el primer día de mora, ya sea por préstamos personales o por productos crediticios como tarjetas de crédito.

El viernes 21 de agosto, en medio del ataque político de Kicillof contra Mercado Pago, una oficial del Banco Provincia, desde Casa Central, enviaba esta advertencia a un deudor:

“Me dirijo a Ud. en mi condición de empleada del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Por medio de la presente intimamos a Ud. para que, dentro del perentorio plazo de 72 horas hábiles, a contar desde la recepción de la presente, cancele la deuda que mantiene con esta institución en virtud del saldo deudor de los siguientes productos:

Préstamo bancario.

Tarjeta de crédito Visa.

Tarjeta de crédito Mastercard.

En caso de no cancelar la deuda en concepto de capital, con más los intereses que se devenguen desde la mora de cada una de las deudas y hasta su efectivo pago, será pasible de apercibimiento de inicio de las acciones judiciales que resulten pertinentes, con el correspondiente embargo de sus haberes, entre otras medidas cautelares.

A todo evento le informo que la sucursal acreedora es Sucursal Casa Central (1000)”.

Como se observa, la intimación no incluye una propuesta concreta de solución, reducción de tasas, quita de intereses o plan especial de pago para evitar el deterioro financiero del cliente. El texto se limita a reclamar la cancelación de la deuda bajo amenaza de litigio, en uno de los bancos más acaudalados y políticos del sistema financiero argentino.

Al cierre de esta edición, se aguardaban definiciones dentro del Banco Provincia respecto de una eventual baja de tasas de refinanciación. Mientras Kicillof exige respuestas al presidente Javier Milei y acusa a las fintech por el endeudamiento de las familias, los directivos del banco estatal bonaerense parecen no haberse enterado del tono de la cruzada político-electoral que encabeza el gobernador.

El problema de fondo no es sólo financiero. Es político. Porque si el oficialismo bonaerense quiere discutir el drama del endeudamiento familiar, también deberá mirar hacia adentro: el Banco Provincia, conducido por Cuattromo, no puede quedar afuera de una discusión que Kicillof pretende presentar como una batalla contra los abusos del sistema financiero. (www.REALPOLITIK.com.ar)