El manejo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en General Belgrano terminó con una conclusión difícil de disimular: se pagaron alimentos destinados a las escuelas, pero el Consejo Escolar no pudo acreditar correctamente que una parte de esa mercadería hubiera sido efectivamente recibida.

La irregularidad surge del fallo 503/2026 del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense. El organismo determinó que existían órdenes de pago por 14.889.250 pesos sin documentación suficiente que demostrara la efectiva recepción de los productos facturados y abonados.

La consecuencia fue mucho más que una observación administrativa. El Tribunal consideró que la falta de comprobantes impedía verificar la correcta utilización del dinero destinado al programa alimentario y sostuvo que la situación representaba un perjuicio para las arcas públicas. Con intereses, el cargo terminó establecido en 21.780.073,15 pesos.

El episodio se produjo durante la gestión municipal de Osvaldo Dinápoli, quien gobierna la municipalidad de General Belgrano desde 2015 y en 2023 consiguió un nuevo mandato por Juntos por el Cambio.

Comida pagada, entrega sin acreditar

El SAE tiene como destinatarios a alumnos de escuelas públicas y moviliza fondos provinciales para garantizar desayunos, meriendas y alimentos. Precisamente por tratarse de recursos destinados a chicos, las conclusiones de la auditoría adquieren una dimensión política que excede cualquier problema de papeles.

Según el Tribunal, en distintas operaciones no estaban las constancias que permitieran comprobar la recepción efectiva de los productos adquiridos. Incluso después de los descargos efectuados por las autoridades del Consejo Escolar, continuaron sin acreditarse correctamente varias entregas.

El organismo fue terminante al señalar que, sin esos respaldos, no podía verificarse la correcta inversión de los fondos públicos.

Por esa razón, la responsabilidad patrimonial recayó solidariamente sobre la presidenta del Consejo Escolar, María Josefa Coronel, y la tesorera María Cora Molina, quienes deberán responder por los más de 21,7 millones de pesos resultantes de la actualización del monto observado.

Pero las irregularidades no terminaron allí.

La auditoría también encontró problemas en las contrataciones de proveedores. Entre quienes abastecieron al SAE aparecen Fernando Juan Gabriel, para panadería; Juan Cruz Aneas, en carnes; Supermercados Taccioni SRL; Lorena Juliano, para frutas y verduras; y Lácteos del Salado SRL.

Al revisar los legajos, el Tribunal constató que solo Supermercados Taccioni SRL tenía acreditada su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. Además, respecto de Juan Cruz Aneas, directamente no se aportó inicialmente el contrato correspondiente.

El fallo también aplicó sanciones personales. Coronel y Molina recibieron multas de 400 mil pesos cada una; el vicepresidente Hugo Marcelo Carricaburu, la secretaria Verónica Elizabeth Sires y la secretaria técnica María Claudia Bertorello fueron multados con 300 mil pesos cada uno. (www.REALPOLITIK.com.ar)