Frente al anuncio de una cadena nacional del presidente Javier Milei para este jueves, considero imprescindible actuar con una rigurosa prudencia diplomática para evitar generar falsas expectativas en la sociedad argentina. Al mismo tiempo, creo necesario destacar y ponderar la acción judicial ambiental colectiva impulsada por ex combatientes y abogados ambientalistas contra la exploración petrolera ilegal en las Islas Malvinas.

Expectativa oficial y necesidad de prudencia diplomática

Ante el anuncio de una cadena nacional en la que el presidente Javier Milei prevé comunicar novedades sobre la cuestión Malvinas, motivado por expresiones públicas de Donald Trump sobre una potencial reconsideración de la postura de los Estados Unidos, considero que el Gobierno debe mantener una rigurosa prudencia.

Una simple declaración de intenciones por parte del mandatario estadounidense resulta insuficiente. Cualquier variación real de la postura diplomática de los Estados Unidos respecto de Malvinas requiere de un procedimiento sumamente complejo y profundo, que está muy lejos de haberse iniciado.

Por eso, creo que no corresponde construir expectativas sobre la base de declaraciones que, hasta el momento, no implican un cambio concreto de la política exterior estadounidense respecto de la disputa de soberanía.

La instrumentalización de Trump y el “modo Galtieri” de Javier Milei

Desde mi perspectiva, la aproximación de Donald Trump a la cuestión Malvinas responde estrictamente a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y no a una genuina preocupación por los derechos soberanos de la Argentina.

Las expresiones de Trump formaron parte de un comentario lateral a partir de una inquietud planteada por un periodista. Sus palabras estuvieron destinadas a ejercer presión sobre el gobierno británico en el marco de las actuales tensiones por el presupuesto de la OTAN y el grado de involucramiento de Gran Bretaña en los conflictos de Medio Oriente.

A pesar de las discrepancias ideológicas y de agenda entre Trump y la actual administración británica, considero sumamente improbable que se fracture lo que el propio Trump denominó, durante su visita de Estado al Reino Unido de 2025, como una “alianza eterna” en los ámbitos económico, político y militar entre ambas potencias globales.

En paralelo, advierto que el gobierno de Javier Milei está funcionando bajo un “modo Galtieri”.

El paralelismo histórico con 1982 resulta inevitable. La dictadura cívico-militar obró entonces bajo la falsa premisa de que los Estados Unidos brindarían apoyo a la Argentina por encima de su alianza histórica con el Reino Unido.

A mi entender, la actual gestión busca capitalizar políticamente una causa de enorme sensibilidad para el sentimiento nacional con el propósito de generar falsas expectativas electorales y distraer a la ciudadanía de la severa crisis económica, social y política que atraviesa el país.

No podemos repetir aquella lógica. La cuestión Malvinas exige responsabilidad, estrategia y una política exterior soberana, no la utilización circunstancial de la causa para obtener réditos políticos.

El verdadero valor de un cambio de postura de los Estados Unidos

Considero que todo respaldo internacional al reclamo argentino es valioso. Sin embargo, un impacto real se configuraría únicamente si los Estados Unidos declararan formalmente que “las Malvinas son argentinas”, de la misma manera categórica en que lo hacen potencias como China y Rusia, o países de la región como Brasil.

Ese escenario, sin embargo, me parece altamente improbable.

El propio embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó recientemente que la posición de su país no ha cambiado ni cambiará. Al mismo tiempo, el gobierno británico emitió una declaración destinada a bajar la tensión con la administración de Trump y reafirmó su postura sobre la autodeterminación de los isleños.

Por eso, considero que un eventual e hipotético giro estadounidense representaría, en el mejor de los casos, un factor de presión adicional sobre Londres. De ninguna manera eximiría a la Argentina de la necesidad de alcanzar el ejercicio de la soberanía mediante una negociación bilateral directa con el Reino Unido.

La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas no puede depender de gestos de terceros países. Mucho menos puede quedar subordinada a los intereses geopolíticos de una potencia como los Estados Unidos.

La acción ambiental de los ex combatientes y abogados ambientalistas

En este contexto, considero fundamental destacar la presentación de una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.

La medida judicial fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y constituye, a mi entender, la iniciativa más relevante de resistencia y denuncia frente al potencial daño ambiental y al proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion) en las Islas Malvinas desde el inicio de la gestión de Milei.

Pondero especialmente esta acción porque demuestra que, ante la pasividad de lo que considero la “administración thatcherista” de Milei, la sociedad argentina reacciona y acciona en defensa del patrimonio común.

La cuestión ambiental no puede ser separada de la cuestión de soberanía. La explotación ilegal de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur constituye una agresión contra nuestro patrimonio y requiere respuestas concretas.

Críticas al alineamiento automático de la gestión actual

También cuestiono severamente lo que caracterizo como una política de “alineamiento automático incondicional” y de subordinación internacional por parte de la presidencia de Milei, particularmente respecto de Israel.

Me resulta especialmente preocupante que, a pesar de las numerosas visitas oficiales que el presidente argentino realizó a Israel, jamás haya planteado en la agenda bilateral la flagrante violación a la soberanía nacional que supone la actividad de empresas de ese origen en el Atlántico Sur.

No encuentro coherencia entre una retórica de defensa de la soberanía y una política exterior que omite reclamar frente a la actividad de empresas extranjeras que intervienen en la explotación de recursos naturales argentinos en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.

La prioridad urgente: frenar la explotación ilegal de hidrocarburos

Por eso, considero que la firmeza argentina debe traducirse en hechos concretos y de relevancia inmediata.

La prioridad de máxima urgencia debería ser que el presidente Javier Milei exija formalmente al gobierno de Israel el cese de las operaciones de la empresa Navitas Petroleum.

Esta compañía de origen israelí se encuentra desarrollando actividades de exploración y explotación hidrocarburífera ilegal en la zona de Malvinas y ya anunció el inicio de la extracción efectiva de petróleo para el año 2028.

Para mí, este avance sobre los recursos naturales argentinos representa el desafío más crítico y urgente en el horizonte de la disputa de soberanía.

La defensa de Malvinas no puede limitarse a discursos, cadenas nacionales ni declaraciones circunstanciales. Requiere una política exterior activa, firme y coherente que defienda el patrimonio nacional frente a la expoliación británica y sus asociados internacionales.

Si realmente se pretende hablar de Malvinas, ese debería ser el punto de partida: defender concretamente nuestros recursos, nuestra soberanía y nuestro patrimonio común.

(*) Guillermo Carmona es abogado, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.