El presidente Javier Milei utilizará la cadena nacional de hoy por la noche para fijar la posición argentina frente a la explotación británica de los recursos naturales de las Islas Malvinas. Según pudo saber este medio de una alta fuente del gobierno nacional, las autoridades trabajan junto con la Cancillería en una estrategia jurídica que podría incluir la modificación de la legislación vigente y una ofensiva internacional contra las empresas involucradas.

El anuncio estaría dirigido especialmente contra el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que avanzan con la explotación de un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Sin embargo, el alcance de la iniciativa podría extenderse más allá de los hidrocarburos y comprender también la pesca, la navegación y la red logística que sostiene las actividades económicas desarrolladas bajo licencias británicas.

La decisión aparece atravesada por un hecho inesperado: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington se encuentra revisando su posición sobre las Malvinas. Consultado directamente sobre el tema, respondió que revisa “cada posición” y que la cuestión del archipiélago es “una entre muchas”. Aunque sus palabras no representan todavía un reconocimiento de la soberanía argentina, alteraron un escenario diplomático que durante décadas se mantuvo prácticamente congelado.

Una ley que ya existe, pero que el gobierno buscaría ampliar

La Argentina no carece de instrumentos para actuar contra las compañías que explotan petróleo alrededor de las islas. La principal herramienta es la ley 26.659, conocida como la “ley Pino Solanas”, sancionada en 2011 y posteriormente endurecida mediante la norma 26.915.

La ley prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. También impide participar directa o indirectamente en empresas involucradas, prestarles servicios o realizar operaciones comerciales, financieras, técnicas y logísticas destinadas a facilitar la explotación.

La legislación habilita la inhabilitación de las compañías durante un período de entre cinco y veinte años, la cancelación de beneficios fiscales y la reversión al Estado de las concesiones que posean en territorio argentino. La reforma de 2013 agregó penas de hasta quince años de prisión para quienes extraigan, transporten o almacenen hidrocarburos sin autorización.

En ese marco, tanto Navitas como Rockhopper ya fueron sancionadas. Rockhopper fue declarada clandestina y quedó inhabilitada para operar en la Argentina durante veinte años. Navitas recibió una medida equivalente en 2022. En diciembre de 2025, la propia Cancillería recordó que ambas compañías desarrollaban actividades contrarias a las leyes argentinas.

Por esa razón, el proyecto que Milei anunciaría no tendría como único objetivo volver a castigar a las petroleras, sino ampliar el cerco sobre las compañías que las financian, abastecen o prestan servicios. El foco podría colocarse sobre bancos, aseguradoras, navieras, proveedores tecnológicos, astilleros, operadores portuarios y empresas encargadas del transporte de personal, combustible, alimentos y repuestos.

El interrogante central será qué vacío jurídico pretende cubrir el gobierno. La ley Pino Solanas ya menciona expresamente las operaciones logísticas, técnicas, comerciales y financieras. Una eventual reforma podría extender la responsabilidad a las casas matrices, beneficiarios finales, subsidiarias e intermediarios que estructuran sus contratos en terceros países para evitar quedar alcanzados directamente por la legislación argentina.

En materia pesquera, el gobierno podría modificar la ley 26.386, que impide conceder permisos argentinos a propietarios y armadores vinculados con compañías que pescan bajo licencias británicas en las aguas de Malvinas. La iniciativa permitiría unificar los regímenes petrolero y pesquero dentro de una prohibición más amplia contra cualquier aprovechamiento económico de los recursos naturales sin autorización argentina.

Sea Lion y una explotación cuestionada por Argentina

El proyecto Sea Lion es el motivo inmediato de la reacción. Navitas controla la operación, mientras que Rockhopper conserva una participación minoritaria. El emprendimiento prevé extraer petróleo de un yacimiento ubicado a poco más de 200 kilómetros al norte del archipiélago, dentro de un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.

Es precisamente esa explotación la que el gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” e “ilegítima”. La posición oficial sostiene que el avance británico resulta incompatible con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras las islas permanezcan sometidas a un proceso de negociación. Cancillería rechazó el desarrollo de Sea Lion.

La estrategia que prepara Cancillería podría incluir notificaciones a los países donde se encuentran registradas las empresas, advertencias a organismos reguladores y bolsas de valores, comunicaciones a bancos y fondos de inversión y reclamos diplomáticos ante Israel y el Reino Unido.

También podría contemplar pedidos de cooperación judicial, medidas cautelares sobre activos y acciones preventivas por el posible daño ambiental. El objetivo sería instalar que las compañías, sus accionistas y sus proveedores participan de una explotación desarrollada en un territorio sujeto a una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

La maniobra tendría una dimensión económica: incrementar el riesgo jurídico del proyecto, encarecer su financiamiento y advertir que el petróleo extraído podría quedar sometido a futuros litigios. No se trata únicamente de sancionar a Navitas y Rockhopper, sino de dificultar la red internacional indispensable para colocar el crudo en el mercado.

Trump abre una puerta, pero no entrega ninguna garantía

Las palabras de Trump proporcionaron a Milei el contexto internacional para presentar el anuncio. Sin embargo, deben ser interpretadas con cautela. Estados Unidos no reconoció la soberanía argentina ni anunció formalmente que dejará de respaldar la administración británica. El presidente norteamericano se limitó a afirmar que revisa su posición y evitó comprometerse con Londres ante un hipotético conflicto.

La señal parece responder, al menos por ahora, a la disputa de Washington con el Reino Unido. La administración Trump presiona a sus aliados para que incrementen el gasto militar y cuestiona la falta de acompañamiento británico en otras decisiones internacionales. Según publicó el diario británico The Telegraph, funcionarios del Pentágono dejaron trascender que el respaldo estadounidense sobre Malvinas podría convertirse en una herramienta de presión contra Londres.

Esto presenta una oportunidad para Argentina, pero también un riesgo. Trump no estaría ofreciendo Malvinas por afinidad histórica con el reclamo nacional, sino utilizando la controversia como moneda dentro de una negociación con el Reino Unido. Si Londres acepta las exigencias norteamericanas, Washington podría regresar rápidamente a su posición tradicional.

El antecedente de 1982 resulta inevitable. Al inicio del conflicto, la administración de Ronald Reagan procuró aparecer como mediadora y las diferencias internas de Washington generaron expectativas en la conducción argentina. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, mantenía una posición más cercana a las dictaduras latinoamericanas, mientras el secretario de Estado, Alexander Haig, encabezaba negociaciones entre Buenos Aires y Londres.

Pero Estados Unidos nunca formalizó un compromiso de apoyar militarmente a Argentina. Por el contrario, el 30 de abril de 1982 abandonó la mediación, aplicó sanciones contra el país y anunció públicamente su respaldo al Reino Unido. Documentos desclasificados muestran que proporcionó a las fuerzas británicas asistencia logística, información de inteligencia, comunicaciones, armamento y acceso a instalaciones estratégicas.

Salvando las enormes diferencias históricas —en 1982 existía una guerra iniciada por una dictadura y actualmente se discute una estrategia diplomática—, la experiencia demuestra que las señales provenientes de Washington no equivalen necesariamente a un respaldo efectivo. La política exterior estadounidense responde primero a sus propios intereses.

La oportunidad para Milei consistirá en transformar la ambigüedad de Trump en una iniciativa diplomática concreta. Argentina podría solicitar que Estados Unidos respalde la reanudación de las negociaciones exigidas por Naciones Unidas, cuestione las decisiones económicas unilaterales británicas y desaliente el financiamiento de Sea Lion.

La cadena nacional permitirá al presidente mostrar una posición firme sobre una causa en la que recibió críticas por su cercanía ideológica con Londres, Washington e Israel. Pero el verdadero alcance del anuncio no se medirá por el tono del discurso, sino por el contenido del proyecto, su aplicación efectiva y la voluntad de sostenerlo frente a los intereses de las empresas y los países involucrados.

La Argentina ya posee leyes para sancionar la explotación petrolera y pesquera sin autorización. La novedad será comprobar si Milei está dispuesto a emplearlas y endurecerlas, incluso cuando eso implique confrontar con Navitas, una empresa israelí, y exigirle a Trump algo más que una frase conveniente contra el gobierno británico. (www.REALPOLITIK.com.ar)