La administración de Gustavo Melella recibió un golpe difícil de disimular. El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego auditó la cuenta de inversión 2025 del Poder Ejecutivo y dejó asentado un rosario de inconsistencias contables, debilidades en los controles, registraciones cuestionadas y diferencias multimillonarias que comprometen la calidad de la información financiera de la provincia.  

El documento, identificado como INF-TCP-SC-193-2026, fue elaborado por los auditores fiscales Leonardo Vivas Ahumada y Sebastián Robelin y fechado el 16 de junio. Su destinatario inmediato fue el secretario contable a cargo, David Ricardo Behrens, mientras que el destinatario final es la Legislatura provincial.

La cuenta de inversión 2025 había sido aprobada mediante el decreto 945/2026, firmado por la vicegobernadora Mónica Susana Urquiza, entonces a cargo del Poder Ejecutivo, y por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo Marte.

Más de 2.600 millones que no cierran

Uno de los hallazgos más contundentes aparece en las modificaciones presupuestarias. Los auditores detectaron una diferencia de 2.608.863.154,53 entre los montos autorizados por resoluciones del ministerio de Economía y los efectivamente registrados en el sistema financiero provincial.

La subdirectora general de Presupuesto, Dora Isabel González, atribuyó las diferencias a errores materiales en la carga y confección de los actos administrativos. Pero el Tribunal fue mucho más duro: señaló que el mismo argumento ya había aparecido en ejercicios anteriores y que su reiteración afecta la confiabilidad e integridad de los registros.

El informe agrega que las inconsistencias alcanzaron nueve de los diez incisos presupuestarios, que no existían validaciones automáticas suficientes y que la repetición de los errores evidencia que las medidas tomadas hasta ahora no fueron efectivas.

La conclusión institucional es todavía más grave. Después de analizar compras, contrataciones, sistemas contables y mecanismos internos, los auditores sostienen que el Poder Ejecutivo no cuenta con un sistema de control interno eficiente y eficaz en los términos exigidos por la legislación provincial.

El Tribunal también cuestionó la utilización recurrente de vías administrativas irregulares para tramitar gastos y su posterior cancelación mediante “legítimo abono”, una práctica que, según el propio informe, erosiona el principio de legalidad.

Mientras Melella impulsa públicamente una reforma constitucional bajo consignas de modernización, eficiencia y transparencia estatal, el órgano de control describe un aparato administrativo con falencias estructurales precisamente en esas áreas.

El titular del ministerio de Economía, Alejandro Barrozo Marte.

Números que asustan

Otro capítulo explosivo corresponde al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). Al cierre de 2025, la Tesorería General había utilizado 49.850 millones  de pesos del fondo que todavía no habían sido restituidos. La Contaduría General entendió que ese monto no debía computarse como pasivo. Los auditores rechazaron ese criterio.

Para el Tribunal, el efecto contable fue considerable: el activo corriente quedó sobreestimado y el pasivo corriente subestimado en la misma magnitud. Los 49.850 millones equivalían a 3,65 veces el activo corriente informado por la provincia.

Las diferencias no terminan ahí. El gobierno mantenía contabilizado un crédito correspondiente al Fideicomiso Austral por 2.777.490.273 de pesos, utilizando un valor histórico de 2018. Sin embargo, la propia secretaría de Hacienda reconoció un derecho de cobro de 299,3 millones de dólares, y la Contaduría General calculó un valor actualizado de 432.794 millones.

La diferencia con lo registrado asciende a aproximadamente 430.016 millones. Para los auditores, la omisión genera una subvaluación material del activo provincial.

Al cierre del ejercicio, el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego declaró activos por 158.613 millones y pasivos por más de 702.273 millones. El resultado fue un patrimonio neto negativo de 543.659.840.119,90. El propio Tribunal explica que el rojo surge porque los pasivos superan ampliamente al activo provincial. 

Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.

Como agravante, la Cuenta de Inversión fue presentada el 28 de mayo de 2026, cuando el plazo legal había vencido el 4 de mayo.

La auditoría también encontró demoras en las transferencias de coparticipación. En el caso de recursos nacionales, hubo períodos de hasta 28 días entre la recaudación y la transferencia efectiva a los municipios. En otras partidas vinculadas al Consenso Fiscal, los pagos llegaron a demorarse entre 24 y 111 días.

Al 31 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo mantenía 24.794 millones devengados y sin cancelar por coparticipación: 11.644 millones correspondientes a Río Grande, 11.303 millones a Ushuaia y 1.846 millones a Tolhuin.

El problema político de Melella

Las conclusiones del informe que audita las cuentas del Poder Ejecutivo son difíciles de relativizar. Diferencias por miles de millones, fondos tomados y no restituidos al cierre, controles internos considerados ineficientes, demoras en transferencias, patrimonio negativo y una registración del Fideicomiso Austral que el Tribunal considera materialmente subvaluada.

Para una gestión que promete modernización y transparencia, el documento deja una contradicción incómoda: el propio órgano de control provincial sostiene que las cuentas bajo responsabilidad política del gobierno de Gustavo Melella todavía presentan fallas estructurales que impiden garantizar plenamente la confiabilidad de la información pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)