Un informe de la fundación Éforo reveló que las erogaciones destinadas a partidos y elecciones alcanzaron los 468.083 millones de pesos durante el año pasado. El ahorro por la cancelación de las primarias fue completamente neutralizado por un incremento histórico en los costos de logística.

La fundación confeccionó su último informe ciudadano en relación a la serie histórica del gasto político entre los años 2007 y 2026. La investigación pone el foco en cómo el dinero público se distribuye entre el funcionamiento ordinario de las fuerzas partidarias y el despliegue operativo de los comicios. De acuerdo con el relevamiento, la eliminación temporal de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no se tradujo en el alivio fiscal esperado por la opinión pública.

A pesar de las reformas normativas y los intentos por ajustar las cuentas públicas vinculadas a la actividad política, el presupuesto electoral argentino demostró una notable rigidez a la baja. Durante el año legislativo 2025, el Gasto destinado a los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE) se ubicó en 468.083 millones de pesos constantes. Esta cifra representa apenas un 3 por ciento menos que lo ejecutado en las elecciones de 2021, un año en el que, a diferencia del anterior, sí se financiaron y organizaron dos instancias de votación a nivel nacional.

La paradoja logística y el récord del Correo Argentino

El fenómeno central que explica la persistencia del elevado nivel de gasto es el comportamiento del servicio de logística. Habitualmente, este rubro varía de forma directa según la cantidad de domingos en que los ciudadanos asisten a las urnas. Sin embargo, el año 2025 rompió con la tendencia histórica. A pesar de haberse realizado una única jornada de votación nacional, el costo logístico a cargo del Correo Argentino trepó a los 225.113 millones de pesos, consolidándose como el valor más alto de toda la serie estudiada.

Este incremento absorbió por completo los márgenes de ahorro que generó la simplificación del calendario electoral. El área de transferencias directas, que engloba los aportes extraordinarios de campaña, la impresión de boletas y el operativo de seguridad a cargo del Comando General Electoral, sí registró una fuerte contracción. En este rubro se gastaron 88.742 millones de pesos, lo que implicó una caída de casi 130.000 millones de pesos respecto de las presidenciales de 2023. No obstante, lo que el Estado dejó de transferir para boletas y campañas terminó siendo reasignado al despliegue de la estructura logística.

Partidos políticos desfinanciados en el día a día

Otra de las advertencias principales del documento de la Fundación Éforo radica en el vaciamiento presupuestario que sufren las estructuras institucionales de los partidos políticos para su funcionamiento diario fuera de los períodos de campaña. El Fondo Partidario Permanente, la herramienta estatal diseñada para garantizar la capacitación de dirigentes, el sostenimiento de sedes y las actividades doctrinarias permanentes, sufrió una licuación severa en términos reales durante la última década.

Mientras que en el año 2015 el fondo distribuía un equivalente a 34.999 millones de pesos constantes, para el año 2025 la cifra se redujo a la mínima expresión de 402 millones pesos. Las proyecciones basadas en el crédito inicial del Presupuesto Nacional de 2026 estipulan un monto de 354 millones de pesos, lo que significa que el financiamiento institucional regular representa menos del 0,1 por ciento del total del gasto electoral del país. Los analistas de la fundación advierten que esta asimetría genera que los partidos dependan casi exclusivamente de su capacidad de recaudación privada, afectando las condiciones de equidad en la competencia democrática.

Rigidez estructural y falta de transparencia

El informe concluye que el costo de la política en el país cuenta con un piso estructural muy alto y difícil de perforar, sostenido principalmente por los gastos inelásticos de personal. El Fuero Electoral, gestionado por la Cámara Nacional Electoral, mantiene una estructura de costos fijos ligada a las remuneraciones de su planta permanente que ronda los 100.000 millones de pesos anuales, independientemente de si el calendario presenta elecciones presidenciales o si se trata de un año no electoral como el proyectado para el cierre de 2026.

Finalmente, los autores del documento subrayan la necesidad de profundizar los mecanismos de acceso a la información pública, señalando que los sistemas oficiales de Presupuesto Abierto todavía mezclan conceptos diversos bajo partidas genéricas, lo cual limita la auditoría social y el control ciudadano sobre el destino final de los recursos públicos.(www.REALPOLITIK.com.ar)