Un fallo del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto una serie de observaciones sensibles sobre la administración de una de las cajas sanitarias más importantes de la provincia: la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP).

El punto más fuerte aparece en la deuda. El Tribunal detectó gastos impagos registrados en cuentas patrimoniales por 74.443.836.718,82 pesos, correspondientes a gastos devengados entre 2017 y 2024 que no fueron imputados en la ejecución presupuestaria de los ejercicios correspondientes. La observación, además, no era nueva: el propio fallo señala que se trataba de un reparo reiterado en ejercicios anteriores.

La explicación oficial apuntó al impacto de la devaluación de diciembre de 2023 y al salto de los costos sanitarios, especialmente en medicamentos oncológicos y planes especiales, con incrementos anuales superiores al 400 por ciento en algunos segmentos. También se mencionó un auxilio financiero recibido en 2024 por 20.918.564.938,40 pesos, dato que expone la tensión presupuestaria de la obra social estatal.

La situación compromete políticamente a la administración provincial de Alfredo Cornejo, al ministerio de Salud y Deportes, al ministerio de Hacienda y Finanzas y a las autoridades de OSEP, porque el fallo no habla de una dificultad menor, sino de una estructura que arrastra deuda, reconoce problemas de imputación y vuelve a recibir instrucciones del órgano de control. El Tribunal no aplicó sanciones, pero dejó constancia de procedimientos administrativos irregulares y ordenó nuevas medidas correctivas.

El otro foco sensible está en los medicamentos. En el hospital El Carmen, efector propio de OSEP, se detectaron diferencias de inventario en depósitos vinculados a farmacia, procedimientos inconclusos y deficiencias de control interno “de larga data”. El Tribunal instruyó a continuar con medidas para reducir diferencias en stock de insumos médicos y medicamentos, mientras se avanza con la receta hospitalaria y nuevos procedimientos internos.

También aparece una deuda pendiente con la dirección General de Escuelas (DGE). La cuenta de Salud Ocupacional cerró con 1.056.084.187,34 pesos en créditos no cobrados, originados entre 2017 y 2023. El Tribunal marcó falta de acciones documentadas para el cobro y ordenó formalizar negociaciones con la DGE y el ministerio de Hacienda y Finanzas para regularizar la situación.

Publicidad, oxígeno y controles flojos

El fallo también observó la contratación del servicio de oxigenoterapia y ventilación no invasiva. Vencido el contrato con Air Liquide, el servicio continuó prestándose por el mismo proveedor y terminó reconociéndose por legítimo abono. El Tribunal consideró que hubo un procedimiento administrativo irregular porque no se inició con la debida anticipación una nueva contratación, aunque decidió no sancionar por tratarse de un servicio crítico para más de mil pacientes y porque luego se incorporó a Praxair como nuevo proveedor.

La publicidad oficial tampoco salió indemne. El Tribunal detectó que algunas publicidades se realizaron antes de la emisión de la orden correspondiente, de la resolución de aprobación y de la registración contable. Los responsables reconocieron deficiencias, alegaron urgencia en campañas institucionales y prometieron ordenar el circuito. Otra vez, el Tribunal habló de procedimiento administrativo irregular, pero no aplicó sanción.

A esto se suman falencias en el registro de bienes de uso. En telefonía móvil, la auditoría comparó formularios TIC05 con el sistema SIGA y detectó diferencias entre dispositivos entregados y bienes registrados, además de problemas para vincular equipos con sus identificadores. Aunque parte del reparo fue subsanado, el Tribunal mantuvo como irregularidad administrativa la falta de registración completa.

El fallo fue firmado por las autoridades del Tribunal de Cuentas, entre ellas Néstor Marcelo Parés, Héctor David Caputto, Liliana M. de Lazzaro, Gustavo Aníbal Riera y Andrea Molina. En la resolución final se aprobó la rendición 2024 de OSEP y se liberó de cargo a los funcionarios intervinientes, pero se ordenó a los responsables cumplir las instrucciones impartidas y se puso en conocimiento de los ministerios de Salud y Deportes, Hacienda y Finanzas y de la dirección General de Escuelas parte de las situaciones observadas.

La foto administrativa que deja el expediente es incómoda para el gobierno mendocino: una obra social estatal con deuda multimillonaria no imputada, créditos sin cobrar, diferencias de stock en medicamentos, contrataciones vencidas sostenidas por legítimo abono y publicidad oficial ejecutada antes de completar los pasos formales. La cuenta fue aprobada, pero el desorden quedó escrito. (www.REALPOLITIK.com.ar)