YPF, controlada por el Estado nacional, se convirtió durante el gobierno de Javier Milei en socia de Harbour Energy dentro de Southern Energy, el consorcio que busca exportar gas natural licuado desde Río Negro. La petrolera británica participa con el 15 por ciento y la compañía conducida por Horacio Marín posee el 25 por ciento.

La asociación encierra una contradicción que atraviesa a las principales autoridades económicas del gobierno libertario. Harbour Energy es la continuadora jurídica de Premier Oil PLC, empresa que en 2013 fue inhabilitada durante quince años para desarrollar actividades en la Argentina por operar cerca de las Islas Malvinas sin autorización nacional. Pese a que el plazo se extiende, en principio, hasta septiembre de 2028, la administración libertaria autorizó su participación en uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

Mediante la resolución 481/2013 se inhabilitó a Premier Oil PLC durante quince años por operar cerca de Malvinas sin autorización argentina. 

No se trata de una vinculación heredada de gestiones anteriores. Harbour y YPF ingresaron a Southern Energy durante la presidencia de Milei y bajo la conducción de Marín, el ejecutivo elegido personalmente por el mandatario para administrar la petrolera estatal. Meses después, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El nombre cambió, la sociedad no

El antecedente se remonta a 2013. Mediante la resolución 481, la secretaría de Energía inhabilitó a Premier Oil PLC por quince años para operar en la República Argentina. El Estado consideró probado que había realizado actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las Malvinas, sin la habilitación de las autoridades nacionales.

Premier Oil dejó de utilizar ese nombre en 2021, después de su integración con Chrysaor. Sin embargo, no desapareció jurídicamente. El registro oficial británico Companies House muestra que Harbour Energy PLC conserva el mismo número societario —SC234781— y consigna a Premier Oil PLC como su denominación anterior. No fue la creación de una empresa distinta, sino un cambio de nombre dentro de la misma persona jurídica.

Certificado británico del cambio de nombre de Premier Oil a Harbour Energy.

Ese dato es central porque la sanción argentina no recayó sobre una marca comercial, sino sobre una sociedad determinada. El cambio de denominación, por sí solo, no extingue una inhabilitación administrativa.

Existe, de todos modos, una diferencia jurídica que el gobierno podría invocar: la accionista formal de Southern Energy mencionada en documentos argentinos es Harbour Energy SA., la filial local, mientras que la resolución de 2013 alcanzó a la sociedad británica Premier Oil PLC, hoy Harbour Energy PLC. El problema es que la ley 26.659 también contempla participaciones directas e indirectas, sociedades controladas, accionistas y vínculos contractuales. Por eso, el análisis no puede limitarse al nombre inscripto en la Argentina ni a la separación formal entre una matriz y su subsidiaria.

Southern Energy quedó conformada por Pan American Energy, con el 30 por ciento; YPF, con el 25; Pampa Energía, con el 20; Harbour Energy, con el 15; y Golar LNG, con el 10. La propia compañía británica informó esa composición cuando anunció la decisión final de inversión.

YPF no se asoció con Harbour para explotar petróleo en las Malvinas. Ambas compañías son socias en un negocio radicado en territorio continental argentino, destinado a licuar gas de Vaca Muerta y exportarlo desde el Golfo San Matías. Pero esa precisión geográfica no elimina el conflicto: la legislación argentina fue redactada justamente para impedir que empresas vinculadas con actividades no autorizadas en las islas recibieran permisos, contratos o beneficios dentro del país.

Marín, Caputo y una decisión política

La entrada de YPF coloca el caso directamente bajo la responsabilidad política de la conducción libertaria. Horacio Marín concentra desde diciembre de 2023 la presidencia y la función de CEO de la compañía. No es un funcionario residual ni un director heredado: fue el hombre escogido por Milei para ejecutar su política petrolera y transformar a YPF en la plataforma central del programa exportador.

Por otro lado, Horacio Marín es hermano de Guillermo Marín, productor de Fátima Florez, la actriz que mantuvo una relación con Javier Milei entre julio de 2023 y abril de 2024. Ese vínculo volvió recientemente al centro de la escena luego de que Nadia Beller, pareja de Fernando Cerimedo, afirmara que a la artista le habrían pagado para simular el romance con el líder de La Libertad Avanza.

Bajo la conducción de Horacio Marín, la empresa estatal ingresó a Southern Energy y convirtió el proyecto de GNL en uno de los pilares de su estrategia. Marín lo promocionó públicamente, negoció acuerdos comerciales y lo incorporó al objetivo oficial de multiplicar las exportaciones energéticas. La asociación con Harbour no quedó escondida en una participación financiera menor: forma parte del proyecto que el presidente de YPF presenta como una pieza decisiva para el futuro de la compañía.

El segundo nombre propio de esta historia es Luis Caputo. El 29 de abril de 2025, el ministro firmó la resolución 559/2025, que aceptó a Southern Energy dentro del RIGI. La iniciativa declaró una inversión total de 6.878 millones de dólares y recibió beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa y acceso a mecanismos de arbitraje.

La resolución 559/2025 firmada por Luis Caputo aprobó el ingreso de Southern Energy al RIGI.

La beneficiaria formal es Southern Energy, no Harbour Energy de manera individual. Pero la británica posee el 15 por ciento del vehículo que recibió esas ventajas, participa del negocio y comparte con los demás accionistas los derechos económicos derivados del proyecto. Por eso es correcto señalar que fue beneficiada, aunque haya sido de forma indirecta a través de la sociedad aprobada por Caputo.

El expediente pasó además por la secretaría de Energía, que emitió el informe técnico favorable, y por el comité evaluador del RIGI. No fue una decisión automática ni un trámite firmado por un área aislada: intervinieron organismos bajo la órbita del ministerio de Economía antes de que Caputo concediera la adhesión.

La resolución 165/2025 identifica expresamente a YPF y Harbour Energy entre los accionistas de Southern Energy. También autoriza exportaciones de GNL durante treinta años.

La contradicción terminó expuesta por el propio gobierno libertario. Hace apenas algunas horas, Milei firmó el decreto 868/2026, que obliga a los futuros solicitantes del RIGI a declarar que ellos y sus accionistas cumplen con la ley 26.659. El texto sostiene que el Estado no puede sancionar a una empresa por desconocer la soberanía argentina y, al mismo tiempo, otorgarle beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

El decreto lleva también las firmas de Caputo y Pablo Quirno. Su argumentación parece escrita para evitar casos como el de Southern Energy, pero llegó después de que Economía aprobara el proyecto integrado por YPF y Harbour. Más aún: la norma admite que el cumplimiento de la legislación sobre Malvinas ya era exigible cuando fue creado el RIGI. Es decir, el control no nació en 2026; debía realizarse antes de conceder los beneficios.

La pregunta ya no alcanza solamente a una empresa privada. Involucra al directorio de la petrolera controlada por el Estado, a Horacio Marín como presidente y CEO, a la secretaría de Energía y a Caputo como autoridad de aplicación del RIGI. Milei eligió a quienes tomaron esas decisiones y luego firmó un decreto que define esa misma conducta estatal como una contradicción con la defensa de la soberanía.

Mientras el nuevo espíritu malvinero aspira a mirar hacia adelante, el problema político está en los expedientes que el propio gobierno de Milei ya aprobó. (www.REALPOLITIK.com.ar)