Los trabajadores encargados de controlar, autorizar y ejecutar buena parte de los pagos de la provincia de Buenos Aires denuncian que el propio Estado bonaerense mantiene con ellos una deuda salarial desde hace más de tres años. El conflicto involucra principalmente al personal de la Contaduría General y la Tesorería General, que permanece en asamblea y reclama la compensación completa por el aumento de su jornada laboral de 30 a 40 horas semanales.

La disputa se remonta a 2023, cuando la administración de Axel Kicillof acordó con los gremios la ampliación horaria para los empleados encuadrados en la ley 10.430. El régimen alcanzó a seis organismos: Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno y Junta Electoral.

El acuerdo fue negociado por funcionarios de los ministerios de Trabajo y Hacienda y Finanzas —actualmente Economía— y quedó formalizado mediante el decreto 1531/23. La medida estableció el pase optativo a 40 horas para quienes ya integraban las plantas y dispuso que las nuevas designaciones ingresaran directamente bajo ese régimen. También otorgó un aumento del 9,9 por ciento sobre dos bonificaciones remunerativas, aunque los trabajadores sostienen que la ampliación de diez horas semanales debía generar una recomposición proporcional del 33,3 por ciento sobre la remuneración.

Una declaración judicial respalda el reclamo por las 40 horas

La principal novedad surge del expediente 92.731, caratulado “Legarreta Iris del Carmen c/ Contaduría General de la provincia s/ pretensión anulatoria – empleo público”, iniciado ante la Justicia en 2025 con el patrocinio del abogado Gonzalo Permuy Vidal.

En una audiencia realizada el 6 de julio de 2026 declaró como testigo Pedro Fernández, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). Bajo juramento, el dirigente explicó que el objetivo de la negociación había sido aplicar un incremento proporcional por el pase de 30 a 40 horas y reconoció que la propuesta “fue aceptada, pero no se aplicó en su totalidad o como hubiere correspondido”.

El acta judicial recoge la declaración de Pedro Fernández, quien reconoció que el aumento por el régimen de cuarenta horas no fue aplicado en su totalidad.

Fernández precisó que el incremento sólo impactó sobre el salario básico y no sobre el resto de las bonificaciones remunerativas que perciben los trabajadores. También declaró que APOC dejó una reserva expresa en el acta paritaria y que continuó reclamando la diferencia, incluso después de que el gobierno concediera aumentos posteriores que, según sostuvo, tampoco completaron el 33,3 por ciento.

El testimonio incorpora al expediente una declaración formal que coincide con la denuncia que los empleados vienen realizando desde 2023. La causa continúa abierta y la Contaduría General deberá responder por la liquidación salarial cuestionada.

El acta original también permite reconstruir el papel de los sindicatos. APOC, representada por Pedro Fernández, Javier González Patrón y Emilio David González, aceptó la propuesta, pero dejó asentado que pretendía alcanzar el 33,3 por ciento. UPCN, representada por Juan Pablo Martín Oyarzabal y Damián Cinalli, acompañó el acuerdo y planteó que la bonificación del 125 por ciento debía extenderse transversalmente. ATE, representada por Juan Murgia y María Eva Flores, rechazó en aquel momento la ampliación de la jornada y anunció que sometería la propuesta a consideración de sus afiliados.

El acta paritaria muestra las posiciones gremiales ante la ampliación de la jornada laboral y la recomposición salarial reclamada.

Los trabajadores distinguen actualmente dos reclamos: por un lado, la diferencia salarial derivada del pase de 30 a 40 horas; por otro, la incorporación de la bonificación del 125 por ciento sobre el sueldo básico, que ya perciben empleados de otras dependencias provinciales. Sin embargo, denuncian que las negociaciones actuales se concentran exclusivamente en las bonificaciones y evitan discutir el dinero acumulado por las horas adicionales.

En diciembre de 2024, Kicillof otorgó mediante el decreto 3259/24 otro incremento del 5 por ciento sobre las bonificaciones contempladas en los decretos 2896/92 y 3464/93. La norma fue firmada por el gobernador, el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Para los empleados, aquella mejora tampoco saldó la diferencia proporcional ni resolvió el atraso acumulado.

Asambleas, bajos salarios y reproches contra los sindicatos

El conflicto volvió a escalar durante los primeros días de septiembre. APOC convocó a una asamblea general para hoy, a las 12.30, en el hall central compartido por la Contaduría y la Tesorería. El gremio informó que el ministerio de Economía presentó una mejora en su oferta sobre las bonificaciones, aunque la consideró insuficiente y decidió someterla a votación. En paralelo, los trabajadores analizan iniciar una retención de tareas hasta que el gobierno bonaerense pague la deuda salarial correspondiente al régimen de cuarenta horas, que, según denuncian, se arrastra desde hace tres años.

Iris Legarreta, impulsora de la demanda judicial, cuestionó que tanto el gobierno como los sindicatos hablen únicamente de futuras mejoras sin reconocer la deuda por las 40 horas. “Ellos sólo conocen las bonificaciones; el tema de las 40 horas no existe, fingen demencia”, afirmó en diálogo con REALPOLITIK.

Legarreta también denunció que, durante una de las asambleas realizadas en el edificio de calle 46, las puertas fueron cerradas cuando un grupo de trabajadores intentó ingresar por el acceso principal. Según su testimonio, debieron entrar por calle 45, en una maniobra que interpretaron como un intento de limitar el derecho a la protesta y a la huelga.

La protesta expone directamente al ministro de Economía, Pablo López, de cuya cartera dependen las negociaciones salariales; al ministro de Trabajo, Walter Correa, autoridad responsable de la negociación colectiva; y a Carlos Bianco, ministro de Gobierno y firmante del decreto que concedió el aumento adicional de 2024. También alcanza al contador general Carlos Baleztena y al tesorero general David Jacoby, máximas autoridades de los organismos donde se desarrolla el conflicto.

Según Legarreta, un trabajador administrativo con treinta años de antigüedad percibe alrededor de 1,5 millones de pesos, mientras que un profesional con una trayectoria similar cobra aproximadamente 2 millones. “Ningún empleado llega a fin de mes”, aseguró, y advirtió que incluso existen jubilados de Contaduría que atraviesan situaciones económicas críticas.

REALPOLITIK ya había revelado en 2024 el incumplimiento denunciado por los empleados. Dos años después, el conflicto no sólo continúa, sino que ingresó en los tribunales y sumó una declaración del propio secretario general de APOC que respalda parte sustancial del planteo.

La contradicción resulta políticamente incómoda para una gestión que presenta la defensa del Estado y de los derechos laborales como pilares de su identidad. Mientras Kicillof cuestiona públicamente las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, los trabajadores de los organismos que controlan las cuentas bonaerenses denuncian salarios insuficientes, una deuda acumulada y negociaciones que eluden el corazón del conflicto.

En las oficinas donde se revisan expedientes, se controlan recursos y se habilitan los pagos de toda la provincia, la consigna adquirió un significado difícil de disimular: quienes controlan que Buenos Aires pague sus obligaciones sostienen que el gobierno bonaerense todavía no cumplió con ellos. (www.REALPOLITIK.com.ar)