Una docente de San Nicolás denunció a la inspectora jefa distrital María Virginia Vivas por presunto hostigamiento laboral, irregularidades administrativas y perjuicios económicos. La presentación coloca bajo la lupa el funcionamiento de la estructura educativa que depende del gobierno de Axel Kicillof, después de que el reclamo recorriera distintas oficinas provinciales sin que, hasta el momento, exista una solución definitiva.

La denunciante es Romina Elizabeth Regalado, profesora de Educación Musical y licenciada en Educación. Según la documentación a la que accedió REALPOLITIK, el conflicto se remonta al menos a 2025 e incluye módulos trabajados sin acta de toma de posesión, dificultades para cobrar haberes, modificaciones de horarios y acusaciones de incompatibilidad que la docente considera infundadas.

Regalado asegura que cumplió funciones en la escuela secundaria donde fue asignada y que, pese a haber tomado tres módulos mediante Acto Público Digital (APD), durante meses no recibió la actualización del acta correspondiente. En sus escritos sostiene que esa demora le impidió regularizar su situación de revista y percibir el salario por tareas que ya estaba realizando.

“Estoy cumpliendo módulos sin acta, sin poder acceder al cobro y con la negativa de firmar mi declaración jurada”, señaló en una de las presentaciones dirigidas a las autoridades educativas. También acusó a Vivas de haber modificado unilateralmente sus horarios y luego exigirle que rectificara una supuesta incompatibilidad originada, según su versión, por esa misma modificación.

Un reclamo que pasó de oficina en oficina

El 13 de agosto de 2026, Regalado presentó una nota ante la inspección Regional en la que pidió la inmediata confección del acta, una investigación sobre la actuación de la jefatura Distrital y la designación de otro inspector que garantizara imparcialidad. El escrito ingresó con sello oficial y recordó que un problema similar ya se había producido durante el ciclo anterior.

La docente también envió sus reclamos a la dirección de Inspección General, la dirección de Educación Artística, la Región 12, el área de Violencia Laboral del ministerio de Trabajo. En uno de los correos identificó expresamente a Virginia Vivas y describió la situación como una vulneración de derechos laborales con consecuencias económicas para ella y su familia.

La documentación muestra, además, que el ministerio de Trabajo bonaerense ya había intervenido en 2025 ante una denuncia relacionada con docentes de la escuela de arte Liliana Grinberg. Mediante una providencia firmada por María Soledad Elichabe, directora de Violencia Laboral, la cartera conducida por Walter Correa se declaró incompetente porque el personal docente está alcanzado por la ley 10.579 y su régimen disciplinario depende de la dirección General de Cultura y Educación.

Trabajo recomendó remitir las actuaciones a las jefaturas distrital y regional. Es decir, el expediente regresó a la misma estructura educativa dentro de la cual se había originado el conflicto. En agosto de 2026, ante una nueva comunicación, el área nacional de Violencia Laboral volvió a sugerirle a Regalado que acudiera a la delegación provincial correspondiente.

El recorrido expone una paradoja política para la administración de Kicillof: mientras el gobernador y Correa reivindican públicamente la protección del empleo y la intervención estatal frente a los abusos laborales, una trabajadora de la propia provincia sostiene que debió recurrir durante más de un año a distintas dependencias sin lograr que alguien resolviera el fondo de su reclamo.

La situación alcanza ahora a la conducción de Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación desde diciembre de 2025; a Gustavo Copes, titular de la dirección de Inspección General; a Pedro Aníbal De Gaudio, director de Educación Artística; y a la inspectora regional saliente, Marcela More, una de las autoridades ante las cuales fueron presentados los planteos.

Existe, sin embargo, una respuesta parcial de la jefatura Distrital que deberá incorporarse al expediente completo. En una nota fechada el 10 de agosto de 2026 se señaló que una declaración jurada de Regalado habría sido presentada fuera de los tiempos establecidos y se mencionaron posibles incumplimientos de la ley 10.579. La docente rechaza esa explicación y afirma contar con actas, correos y declaraciones firmadas que demostrarían que los horarios habían sido informados y aceptados previamente.

Denuncias por el uso del artículo 139

Fuentes docentes de San Nicolás consultadas por REALPOLITIK sostienen que el caso no sería aislado. Acusan a la jefatura Distrital de utilizar de manera arbitraria el artículo 139 del Estatuto del Docente, alterar horarios, confeccionar actas incorrectas y promover acusaciones de incompatibilidad sin una investigación suficiente.

El artículo 139 permite disponer un relevo transitorio cuando un docente es acusado de una conducta que podría constituir una falta grave. La propia dirección General de Cultura y Educación establece que la medida debe estar fundada en hechos concretos y no puede sostenerse únicamente mediante una referencia genérica a la norma.

Los testimonios recibidos también mencionan al inspector Aldo Guerra por presuntas irregularidades en la publicación de horas de Educación Artística mediante APD. Una docente afirmó que debió impugnar una convocatoria y aportar ella misma la normativa aplicable antes de que las horas fueran publicadas nuevamente. La documentación disponible permite acreditar la existencia del reclamo, aunque todavía no resulta suficiente para determinar responsabilidades administrativas en ese episodio.

Las fuentes también denunciaron un supuesto manejo político de equipos directivos y desplazamientos mediante el artículo 139. Esa acusación, por su gravedad, requiere conocer las resoluciones, los expedientes y los antecedentes de cada caso. Lo comprobable hasta ahora es que existen presentaciones formales, correos enviados a distintas autoridades y una intervención del ministerio de Trabajo que terminó devolviendo el problema al sistema educativo.

El conflicto deja a Virginia Vivas en el centro de las denuncias, pero también interpela a toda la cadena de responsabilidades del gobierno bonaerense. Kicillof, Terigi, Correa, Copes, De Gaudio y More conducen o integraron los organismos que recibieron, derivaron o debieron supervisar las actuaciones.

Regalado no reclama únicamente una investigación por violencia laboral: exige que se reconozcan las tareas realizadas, se regularice su situación administrativa y se paguen los haberes correspondientes. Su caso revela el costo concreto de la burocracia bonaerense: mientras los expedientes circulan entre La Plata y San Nicolás, la docente sostiene que continúa esperando una respuesta por trabajos que efectivamente prestó. (www.REALPOLITIK.com.ar)