Una denuncia penal puso bajo la lupa una operación impulsada en el municipio de Morón que contempla la desafectación del uso público y la eventual transferencia de un tramo de la calle General Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, a favor de la empresa ENOD S.A.

La presentación fue realizada por el abogado y vecino Javier Ignacio Baños, quien solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue de manera urgente el trámite administrativo y determine si existieron irregularidades, perjuicios al patrimonio municipal o eventuales responsabilidades penales de funcionarios y particulares.

La denuncia tramita en relación con los expedientes N° 86977/25 del Honorable Concejo Deliberante de Morón y N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo, vinculados con la desafectación y eventual compra del tramo de la arteria.

El escrito aclara que las acusaciones son formuladas en términos potenciales y que será la investigación judicial la que deberá determinar si existieron delitos.

Una calle pública en el centro de la controversia

Según la presentación, ENOD S.A. habría solicitado adquirir el sector de la calle para unir físicamente establecimientos industriales ubicados a ambos lados de la arteria y avanzar con un proyecto de ampliación de su planta.

Durante una audiencia pública, el representante de la firma, Jorge Leone, habría señalado que la empresa lleva más de 30 años instalada en el distrito y que la operación permitiría ampliar la actividad industrial, renovar maquinaria y fortalecer su producción textil.

De acuerdo con lo expuesto durante esa audiencia, el proyecto contemplaría una inversión cercana a US$10 millones y una planta que ocuparía aproximadamente 480 trabajadores, aunque la generación adicional de puestos laborales mencionada habría sido de entre 80 y 100 empleos.

El denunciante cuestiona que esos compromisos empresariales no aparecerían incorporados de manera expresa como obligaciones exigibles dentro del proyecto de ordenanza.

En ese sentido, plantea que deberían existir garantías concretas, plazos, cláusulas penales y mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de las inversiones y la generación de empleo prometidas.

El valor del terreno, otro de los puntos cuestionados

Uno de los principales ejes de la denuncia es el precio asignado al terreno.

Según surge de la presentación, una tasación preliminar habría establecido un valor cercano a US$160 por metro cuadrado. Durante la audiencia pública, en cambio, se habría planteado que el valor de terrenos de la zona podría ubicarse alrededor de los US$2.000 por metro cuadrado.

La denuncia aclara que no pretende establecer cuál es el valor definitivo, pero sostiene que la diferencia expuesta durante la audiencia justifica una nueva tasación independiente.

El propio director de Catastro de Morón, Guillermo Baraglia, habría explicado que, debido a que la calle no contaría con nomenclatura catastral, inicialmente no habría intervenido el Tribunal de Tasaciones de la Nación y se habría recurrido al Colegio de Martilleros de Morón.

Para Baños, esto debería ser esclarecido judicialmente para determinar si el valor utilizado resulta adecuado y si la eventual transferencia podría generar un perjuicio para las arcas municipales.

La denuncia sostiene además que el análisis económico no debería limitarse al precio del metro cuadrado, sino contemplar el beneficio que obtendría la empresa al integrar físicamente sus establecimientos y la pérdida del uso público de la arteria.

Advertencia por el impacto vial y la seguridad

Otro de los argumentos centrales de la presentación está relacionado con la ubicación de la calle.

El tramo de Donato Álvarez se encuentra próximo a la barrera de Pueyrredón, una zona donde, según el denunciante, resulta fundamental contar con vías alternativas frente a cortes ferroviarios, accidentes, inundaciones, congestionamientos o situaciones de emergencia.

La denuncia sostiene que el cierre de la calle podría generar un corredor con escasas vías de escape y dificultar la circulación de ambulancias, bomberos, patrulleros y vehículos particulares.

Durante la audiencia pública, un concejal habría planteado precisamente la necesidad de conocer qué impacto tendría la eliminación de la arteria ante una emergencia.

Uno de los aspectos cuestionados es que, según surge de la denuncia, desde el Ejecutivo municipal se habría reconocido que el expediente no contaba con un estudio de impacto ambiental, mientras que las evaluaciones existentes correspondían principalmente a dependencias municipales.

El denunciante reclama entonces estudios independientes sobre impacto vial, seguridad, evacuación, tránsito y respuesta ante emergencias antes de que se adopte una decisión definitiva.

Denuncian posibles problemas ambientales y urbanos

La presentación también incorpora cuestionamientos sobre el estado del entorno de los establecimientos industriales que resultarían beneficiados.

Según se afirma en la denuncia, existirían antecedentes de veredas deterioradas, falta de mantenimiento, acumulación de maderas, pallets, desperdicios y residuos, además de presunta dispersión de fibras provenientes de la actividad industrial.

Durante la audiencia pública se habría producido una controversia entre vecinos y representantes de la empresa respecto del origen de los residuos existentes en el lugar.

La firma habría negado ser responsable de la basura y atribuido parte de la situación a terceros que arrojarían residuos y escombros.

Frente a esa contradicción, la denuncia solicita que se realicen inspecciones y estudios ambientales y sanitarios para determinar el estado real del área y las eventuales responsabilidades.

Los vínculos entre funcionarios y la empresa, bajo investigación

Uno de los puntos más sensibles de la presentación está relacionado con las gestiones realizadas para avanzar con la operación.

Durante la audiencia pública, ante una pregunta del concejal Diego Spina, el representante de ENOD S.A. habría mencionado que las gestiones para comprar la calle y ampliar la producción fueron realizadas con el intendente Lucas Ghi, además de Santiago Muñiz y el arquitecto Pablo Itzcovich.

La denuncia pide determinar cuándo se produjeron esas reuniones, quiénes participaron, qué compromisos se asumieron y si existieron acuerdos, beneficios, contraprestaciones o gestiones privilegiadas.

También solicita investigar eventuales comunicaciones entre funcionarios y representantes de la empresa, incluyendo reuniones, correos electrónicos, mensajes y otros registros institucionales.

El escrito pide además identificar a directivos, apoderados, gerentes, accionistas y beneficiarios finales de ENOD S.A. y de las sociedades vinculadas que pudieran resultar beneficiadas por la operación.

Qué delitos pidió investigar el denunciante

Baños pidió que la Justicia investigue, entre otras hipótesis, una eventual defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de bienes públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y falsedad ideológica.

La presentación aclara que se trata de una calificación legal provisoria y que la determinación de los delitos dependerá de las pruebas que eventualmente se incorporen a la investigación.

Piden preservar documentación y evitar que la operación avance

Entre las medidas solicitadas al Ministerio Público Fiscal se encuentra el requerimiento de los expedientes administrativos y legislativos completos, las actas y filmaciones de la audiencia pública, informes técnicos, tasaciones, documentación societaria y comunicaciones entre funcionarios y representantes empresariales.

También se pidió una nueva tasación judicial e independiente, pericias contables y patrimoniales, estudios de impacto vial y ambiental, inspecciones oculares y declaraciones testimoniales de funcionarios, representantes de la empresa y vecinos de la zona.

Uno de los pedidos más relevantes es que se preserve de manera urgente toda la documentación física y digital vinculada con el expediente, incluyendo correos oficiales, registros administrativos, comunicaciones y documentación societaria.

Además, el denunciante solicitó que se evalúe la adopción de medidas cautelares o de no innovar para evitar que la eventual aprobación, escrituración, inscripción registral o entrega de la posesión vuelva irreversible la operación mientras se investigan los hechos.

Una disputa que combina patrimonio, desarrollo industrial y uso público

El caso abre una discusión que excede el trámite inmobiliario: qué condiciones debe cumplir el Estado municipal para desafectar y transferir un bien de uso público cuando existe un beneficio económico concreto para una empresa privada.

La denuncia sostiene que el Municipio debería demostrar cuál es el beneficio público que recibiría la comunidad a cambio de perder una calle y reclama que cualquier decisión sea respaldada por estudios técnicos, una valuación actualizada y garantías efectivas sobre las inversiones anunciadas.

Ahora, la Justicia deberá determinar si los cuestionamientos planteados ameritan la apertura de una investigación penal y, en ese caso, si existieron irregularidades administrativas o conductas que puedan constituir delitos.

Mientras tanto, el futuro de un tramo de General Donato Álvarez quedó en el centro de una disputa que enfrenta dos intereses: el proyecto de expansión industrial de una empresa y la preservación de un espacio que, hasta el momento, mantiene su condición de calle de uso público.