Una denuncia penal puso bajo la lupa una operación que se encuentra en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de Morón y que podría terminar con la venta de un tramo de la calle General Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, a la empresa textil ENOD S.A.

El denunciante es Javier Ignacio Baños, reconocido abogado y exfiscal de Morón, quien solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue si en el proceso de desafectación y eventual venta del espacio público pudieron haberse cometido delitos contra la administración municipal.

La presentación se vincula con el Expediente N° 86977/25 del HCD y el Expediente N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo, mediante los cuales se analiza el pedido de ENOD para adquirir aproximadamente 100 metros de la arteria.

El objetivo declarado de la empresa es unificar dos predios industriales actualmente separados por la calle y ampliar su capacidad productiva.

El tramo de Donato Álvarez se encuentra en las inmediaciones de la zona ferroviaria y de la barrera de Pueyrredón. Actualmente presenta un importante deterioro, escasa circulación y sectores utilizados como estacionamiento o depósito informal de residuos.

Desde ENOD argumentan que la calle prácticamente no tiene circulación desde hace años y que su integración permitiría mejorar el entorno, unificar las instalaciones y avanzar con un proyecto de inversión.

Durante la audiencia pública realizada el 28 de agosto, el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Jorge Leone, explicó que ENOD pretende unir físicamente sus establecimientos y proyecta una inversión cercana a los 10 millones de dólares, con la posibilidad de incorporar entre 80 y 100 trabajadores, hasta alcanzar una dotación de aproximadamente 480 empleados.

La empresa también afirmó contar con el acompañamiento de organizaciones sindicales vinculadas a la actividad textil.

Pero para Baños el problema excede el proyecto productivo: la cuestión central es determinar si el Estado municipal puede desprenderse de una calle pública en estas condiciones y si el procedimiento garantiza que no exista un perjuicio para el patrimonio municipal ni para los vecinos.

Uno de los principales puntos de la denuncia es la diferencia entre la tasación utilizada para la operación y el valor que tendría el suelo en ese sector de Morón.

Según la documentación y las exposiciones realizadas durante la audiencia, la valuación preliminar habría ubicado el precio en aproximadamente 160 dólares por metro cuadrado.

En paralelo, durante el debate legislativo se mencionó que el valor de referencia de terrenos de la zona podría ubicarse alrededor de los 2.000 dólares por metro cuadrado.

La diferencia, de comprobarse mediante una tasación independiente, sería superior a doce veces. El propio director de Catastro municipal, Guillermo Baraglia, explicó que la tasación utilizada no tendría carácter definitivo y que fue realizada por el Colegio de Martilleros de Morón.

La denuncia sostiene que resulta necesario establecer cuál es el verdadero valor de mercado antes de avanzar con una eventual transferencia del bien.

Baños solicita, en ese sentido, una nueva tasación judicial e independiente que permita determinar si el precio considerado por el Municipio representa efectivamente el valor económico del inmueble.

El planteo no se limita al monto de la eventual venta. La denuncia advierte que el Estado perdería de manera definitiva un espacio de uso público y que el beneficio patrimonial para la empresa podría ser considerablemente mayor al precio finalmente abonado.

Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la falta de estudios técnicos independientes que determinen qué consecuencias tendría eliminar la calle.

Según lo planteado en la denuncia, el expediente no contaría con un estudio integral e independiente que analice el impacto vial, ambiental y de seguridad pública de la operación.

La discusión adquiere especial relevancia por la cercanía con la traza ferroviaria y por la posibilidad de que la calle funcione como vía alternativa ante accidentes, interrupciones ferroviarias, emergencias o situaciones de evacuación.

Baños sostiene que, ante un eventual corte del ferrocarril Sarmiento, la eliminación de esa arteria podría generar problemas adicionales de circulación y dificultar el desplazamiento de vehículos de emergencia.

También plantea que ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad podrían perder una vía alternativa de circulación.

Desde el Ejecutivo, en cambio, los funcionarios que participaron de la audiencia consideraron suficiente la información incorporada al expediente.

El proyecto de ENOD tiene como uno de sus principales argumentos la generación de empleo y la inversión productiva. Jorge Leone manifestó que la empresa busca ampliar su establecimiento y que la operación permitiría incrementar la cantidad de trabajadores.

Sin embargo, uno de los aspectos señalados por Baños es que esos compromisos no estarían incorporados al proyecto como obligaciones jurídicas exigibles.

Es decir, según la denuncia, no existirían garantías, cauciones, cláusulas penales u otros mecanismos que permitan al Municipio exigir el cumplimiento de las inversiones o de la generación de puestos de trabajo prometidos como fundamento de la operación.

La cuestión adquiere relevancia porque, una vez concretada la transferencia, la comunidad perdería definitivamente el bien público.

Por eso, el denunciante pretende que la Justicia determine si resulta jurídicamente razonable desafectar y vender una calle sobre la base de compromisos empresariales que no estarían formalmente garantizados.

Uno de los elementos que Baños considera de especial relevancia es el reconocimiento realizado durante la audiencia por el representante de ENOD respecto de las gestiones llevadas adelante para obtener la calle.

Ante preguntas realizadas durante el debate, Jorge Leone señaló que las conversaciones vinculadas con la operación fueron encaradas con el intendente Lucas Ghi, el secretario de Producción Santiago Muñiz y el arquitecto Pablo Itzcovich.

También mencionó la participación de representantes sindicales y delegados de fábrica.

A partir de esas declaraciones, la denuncia solicita que se determine cuándo se realizaron esas reuniones, quiénes participaron, qué se discutió y si existieron compromisos, beneficios, contraprestaciones o tratamientos especiales vinculados con la operación.

El objetivo de la investigación será establecer si esas gestiones se mantuvieron dentro de los límites legales de la administración pública o si pudieron existir conductas susceptibles de configurar alguno de los delitos denunciados.

La presentación también incorpora cuestionamientos vinculados con las condiciones ambientales y urbanas del entorno de los establecimientos de ENOD.

Según la denuncia, en las inmediaciones de los predios se observarían veredas deterioradas, paredes y fachadas sin mantenimiento, acumulación de pallets, maderas, residuos y desperdicios, además de otros elementos que afectarían el espacio público.

También se mencionan posibles emisiones o dispersión de fibras provenientes de la actividad industrial hacia sectores linderos.

Durante la audiencia, representantes de la empresa rechazaron algunas de estas imputaciones y señalaron que parte de los residuos existentes en la zona serían arrojados por terceros.

La controversia forma parte de los elementos que Baños pide que sean verificados mediante pericias y documentación oficial.

La denuncia sostiene además que la eliminación de Donato Álvarez podría profundizar determinados problemas de seguridad. El planteo describe un sector caracterizado por paredones industriales y la proximidad de las vías ferroviarias, con escasa actividad comercial y poca presencia permanente de vecinos.

Según el denunciante, esa configuración podría generar mayores dificultades de circulación y escape, particularmente durante la noche o ante situaciones de emergencia.

El Ejecutivo, por su parte, sostuvo que la calle prácticamente no registra circulación y que la integración de los predios podría contribuir a mejorar las condiciones actuales del sector.

La discusión deberá determinar si la escasa utilización actual de la arteria resulta suficiente para justificar su desafectación o si, por el contrario, debe contemplarse su función potencial como vía de circulación y emergencia.

Entre las medidas solicitadas, Baños pidió que se incorpore la totalidad de los expedientes administrativos y legislativos relacionados con la operación y que se realice una tasación judicial independiente.

También solicitó:

• Pericias contables sobre el valor del inmueble y la operación.
• Estudios ambientales y urbanísticos.
• Análisis del impacto vial y de seguridad.
• Declaraciones testimoniales de funcionarios y representantes de ENOD.
• Investigación sobre las reuniones mantenidas entre empresarios y funcionarios.
• Análisis de comunicaciones vinculadas con las gestiones.
• Identificación de los beneficiarios reales de ENOD y de empresas relacionadas.
• Determinación de eventuales perjuicios económicos para el Municipio.
• Medidas cautelares para impedir que la operación se concrete mientras avance la investigación.

Uno de los principales argumentos planteados durante la audiencia fue qué precedente generaría la eventual venta de una calle pública para beneficiar la ampliación de una empresa privada.

La concejal María Mobilia cuestionó precisamente esa posibilidad y advirtió que, si se establece que una calle puede ser vendida porque tiene baja circulación, otros particulares podrían intentar reclamar operaciones similares.

Del otro lado, ENOD sostiene que no busca apropiarse de un espacio utilizado activamente por los vecinos, sino integrar dos establecimientos industriales separados por una arteria que, según la empresa y algunos funcionarios, prácticamente dejó de cumplir una función de circulación.

La Justicia deberá determinar ahora si detrás de la operación existió simplemente un procedimiento administrativo para resolver una situación urbana particular o si, como plantea la denuncia, hubo irregularidades capaces de generar un perjuicio al patrimonio público.

Por el momento, la operación continúa bajo análisis del Concejo Deliberante de Morón, mientras la denuncia penal introduce un nuevo elemento de presión sobre el expediente.

La pregunta de fondo queda planteada: ¿puede el Municipio desprenderse de una calle pública para favorecer la expansión de una empresa privada y, en caso de hacerlo, está garantizado que la comunidad reciba un beneficio equivalente al patrimonio que pierde?

Datos clave

• 160 dólares: valor aproximado por metro cuadrado de la tasación preliminar mencionada en el expediente.

• 2.000 dólares: valor de referencia de la zona mencionado durante el debate.
• US$10 millones: inversión que ENOD afirma proyectar.
• 80 a 100: nuevos puestos de trabajo que la empresa asegura que podría generar.
• 480: trabajadores que proyecta alcanzar la planta.
• 100 metros: extensión aproximada del tramo de Donato Álvarez cuya desafectación se analiza.
• Expediente HCD: N° 86977/25.
• Expediente Ejecutivo: N° 4079-11408/24.
• Denunciante: Javier Ignacio Baños.
• Empresa beneficiaria: ENOD S.A.
• Intendente mencionado en la denuncia: Lucas Ghi. (www.REALPOLITIK.com.ar)