Hay una regla que en la República Argentina no se discute: todos somos iguales ante la ley. No importa el apellido, ni el dinero que tenga una persona, cuántos millones de usuarios tenga una empresa, ni cuántas puertas pueda abrir su dueño en los despachos del poder. La ley debe mirar la conducta -no el tamaño del patrimonio, ni los contactos de su dueño- y aplicar criterios razonablemente iguales frente a situaciones sustancialmente iguales. Cuando esa regla se rompe, la Constitución se convierte en un fantoche, no porque lo sea, sino por la calidad moral de quienes la manosean.

El problema de los privilegios no es solamente jurídico. También es económico, porque cuando una sociedad acepta que determinados actores pueden trasladar sistemáticamente los riesgos hacia los consumidores mientras conservan para sí groseras ganancias, se termina construyendo un sistema donde la desigualdad es una marca registrada. El poderoso negocia desde una posición dominante; el ciudadano común firma, acepta y después descubre cuánto le costó realmente haber necesitado dinero, sintiendo culpa por firmar la entrega de sus escasos recursos por un poco más de oxígeno.

La usura se modernizó

No hay que tenerle miedo a las palabras. Están disponibles para usarlas cada vez que se las necesite. La que más se ajusta a esta realidad es usura, que quedó asociada al prestamista de barrio. Esos personajes que aprovechan la desesperación de quien necesita dinero para imponerle condiciones exorbitantes. Eso existe en los barrios populares pero está empezando a verse en barrios de clase media, posiblemente ex clase media, o en otras palabras, pobres con cloacas y calles de asfalto.  

El mal se ha enseñoreado de tal forma que el sistema logró algo muy sofisticado: hacer que el endeudamiento llegue al teléfono celular en cuestión de segundos. Un click y listo, la persona tiene en su bolsillo plata que le costará muy cara. La tecnología cambió la forma de prestar dinero, pero no cambió una cuestión esencial: el que presta, aprovechando la necesidad del que acepta.

Hay que empezar a preguntarse cuándo una tasa, una modalidad de financiación o un mecanismo de endeudamiento empieza a resultar socialmente abusivas para quien no tiene otra alternativa ante el apuro. No se trata de tener "educación financiera" porque todos somos lo suficientemente hábiles para saber que gastar más de lo que se gana, es malo. Se trata de discutir un modelo económico que nos quitó toda dignidad y nos hace vivir como meros entes tributarios de préstamos que enriquecen a las aves de rapiña. 

Mercado Pago y el negocio del crédito

Mercado Pago representa una de las transformaciones más importantes del sistema financiero argentino. Millones de personas utilizan sus servicios y la digitalización permitió que operaciones que antes requerían bancos, formularios y trámites puedan realizarse prácticamente de inmediato. Esa innovación merece ser reconocida. Pero precisamente por la magnitud alcanzada por estas plataformas, también merece ser discutida con una mirada mucho más exigente respecto de sus responsabilidades.

Porque una cosa es facilitar pagos y otra es convertir el acceso al crédito en una experiencia instantánea donde la necesidad del consumidor puede transformarse en una fuente extraordinaria de rentabilidad. Cuando una plataforma conoce los movimientos, consumos y comportamiento financiero de sus usuarios, posee una cantidad de información que el consumidor individual jamás tendrá sobre la estructura que tiene enfrente. 

Marcos Galperín, dueño y fundador de Mercado Pago. 

No existe una negociación entre privados simplemente porque alguien -sin posibilidad de discutir las condiciones- apretó “aceptar”, pero sí hay un contrato entendiendo por tal un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, cuya existencia no debe apartarse del Código Civil y Comercial, que impone límites entre los que están el abuso del derecho (art. 10) la lesión (art. 332) y la imprevisión (art. 1091).

El abuso del derecho es aquello que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. La lesión es el aprovechamiento de la inexperiencia, debilidad psíquica o necesidad de la otra parte. En cuanto a la imprevisión, se está en esa situación cuando una alteración extraordinaria de las circunstancias que había al momento de la contratación, por causa ajena a las partes, que hagan que la prestación se torne excesivamente onerosa (un evento no previsto que encarece la obligación)  

El que menos tiene suele pagar más

Existe una paradoja que debería incomodar a cualquier defensor del libre mercado: cuanto más vulnerable es económicamente una persona, más caro es su acceso al crédito. Quien tiene patrimonio, ingresos altos y capacidad de ahorro no necesita caer en una aplicación para pedir un préstamo. Eso queda para los de abajo, a quienes se le cobra una suerte de impuesto a la pobreza. 

Quien llega con lo justo a fin de mes necesita financiación para resolver una urgencia y queda expuesto a costos mucho mayores. La necesidad, de esta manera, termina convirtiéndose en un factor que encarece el crédito y ahí aparece una discusión que no puede ser escondida detrás de la palabra “libertad”. El contrato exige consentimiento, y el consentimiento supone una voluntad jurídicamente relevante. Esa voluntad no puede analizarse al margen del discernimiento, la intención y la libertad. ¿Cuánta libertad existe realmente cuando quien contrata necesita endeudarse para llegar a fin de mes?

En su afán de arrodillarse frente al capital, el régimen mileista está empeñado en destrozar el derecho laboral. Cada vez más gente necesita trabajar más horas, apenas para comer. Eso le quita a las personas, tiempo de vida -porque viven para trabajar- y tiempo para conocer sus derechos. Quienes viven así, deben saber que aunque al régimen mileista le moleste, existen normas de defensa del consumidor, controles regulatorios y mecanismos destinados a evitar abusos. 

Los UVA dejaron una advertencia

Argentina tuvo una experiencia que debería servir como antecedente: los créditos hipotecarios UVA impulsados durante el lamentable gobierno de Mauricio Macri. En su momento fueron presentados como una alternativa para facilitar el acceso a la vivienda mediante cuotas inicialmente más accesibles, que se ajustaban por inflación. 

El problema apareció cuando quedó en evidencia el fracaso de la opaca y poco agraciada macrista, incapaz de bajar la inflación. La actualización propia del mecanismo comenzó a hacer estragos en la billetera de  quienes habían asumido compromisos a largo plazo.

Lo que ocurrió fue que en 2017 se ofreció a las familias un instrumento financiero atado a un riesgo que podía terminar en consecuencias patrimoniales enormes. La responsabilidad de ese gobierno es ineludible, porque si hay una entidad que cuenta con información privilegiada respecto a la que tiene una familia, justamente es el gobierno.  

¿Por qué es importante hablar de los UVA? porque es la solución que ofrecen los bancos a quienes no pueden pagar sus deudas. Tan perverso en el sistema, que da lugar a la "magia" -a través de una calculadora con anabólicos- de multiplicar por cinco una deuda inicial de 3 millones de pesos. El gobierno tiene un problema más que serio, a menos que el saqueo sea parte del plan.