Dolores Fusé, abogada y referente del Foro por la Niñez, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el impacto y los riesgos inconstitucionales de la reciente reforma del sistema penal juvenil que reduce la edad de punibilidad a los 14 años para todos los delitos. Durante la entrevista, alertó que la medida no reducirá los índices de criminalidad y advirtió que contraviene compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

"Lo más preocupante de esta ley es que se baja la edad de punibilidad a los 14 años para todos los delitos. Había distintos mecanismos para intervenir sobre delitos graves en la legislación anterior, pero ahora se habilita la intervención de la Justicia penal sobre cualquier infracción, desde el hurto de un alfajor hasta un hecho grave", explicó Fusé.

En ese sentido, la especialista desmintió que exista una ola de delitos violentos protagonizados por menores de edad y respaldó su postura con cifras oficiales del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. "Desde 2011, sobre el total de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en la provincia, la participación de menores de 18 años nunca superó el 3 por ciento y ha ido disminuyendo progresivamente hasta ubicarse cerca del 2,2 por ciento. El porcentaje de delitos graves es ínfimo", precisó.

Un endurecimiento sin evidencia y con cuestionamientos judiciales

Fusé también remarco que la medida contradice las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. "Tanto UNICEF como el Comité de los Derechos del Niño le recomendaron a la Argentina adecuar el régimen penal juvenil sin disminuir la edad de punibilidad. Nuestros legisladores hicieron caso omiso. Por eso, junto a defensores oficiales y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentamos un pedido de declaración de inconstitucionalidad ante la Justicia", sostuvo.

La referente del Foro por la Niñez enfatizó que la norma vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y remarcó que ningún estudio a nivel regional demuestra la efectividad de estas medidas. "En toda Latinoamérica se hicieron reformas similares y en ningún país se logró una mejora en la seguridad ni disminuyó la violencia. Es una medida puramente demagógica", afirmó.

Finalmente, aclaró que la provincia de Buenos Aires no tiene la facultad de exceptuarse de la aplicación de la ley nacional por tratarse de una norma de fondo, aunque destacó que la jurisdicción bonaerense cuenta con una ley de ejecución penal juvenil y un fuero especializado que deberán moderar la aplicabilidad del nuevo marco legal. "Nos encontramos ante una grave regresión en los derechos de los adolescentes que no se traducirá en ninguna mejora para las demandas legítimas de seguridad de la sociedad", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)