Mientras la municipalidad de Avellaneda reacomoda su estructura alrededor del matrimonio integrado por Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi, un fallo del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense alcanzó de lleno a una funcionaria central del gobierno local. Se trata de Claudia Colaso, actual secretaria de Educación municipal, quien fue multada por las irregularidades detectadas durante su gestión al frente del Consejo Escolar de Avellaneda.

La resolución fue dictada el 20 de agosto de 2026 y lleva el número de fallo 508/2026. El organismo de control le aplicó a Colaso una multa de 300 mil pesos, junto con sanciones por el mismo importe a otros diez integrantes y funcionarios del Consejo Escolar. En total, las penalidades ascienden a 3,3 millones de pesos.

La observación se concentra en el servicio de transporte de alumnos contratado durante 2024, cuando Colaso presidía el organismo encargado de administrar recursos y prestaciones esenciales para las escuelas públicas del distrito. El dato político no es menor: las irregularidades no interrumpieron su carrera dentro del oficialismo de Avellaneda. Por el contrario, actualmente ocupa la secretaría de Educación de la gestión encabezada por Magdalena Sierra.

Prórrogas indebidas y una transportista sin habilitación

Según la documentación a la que accedió REALPOLITIK, el Consejo Escolar aprobó mediante la disposición 146/2024 una prórroga para los meses de marzo y abril de una contratación celebrada el 4 de agosto de 2023, pese a que el acuerdo original no contenía ninguna cláusula que habilitara su extensión.

La auditoría encontró además modificaciones en los valores y en los proveedores adjudicados originalmente, documentos suscriptos únicamente por el contratista y prestadores que no se encontraban inscriptos en el Registro de Proveedores de la provincia de Buenos Aires.

El punto más delicado aparece en la contratación de Cristina Mónica Álvarez para prestar el servicio de transporte escolar. De acuerdo con el fallo, su habilitación había vencido el 15 de noviembre de 2023. Pese a ello, fue contratada durante el ciclo lectivo siguiente para trasladar alumnos de establecimientos públicos.

La situación no habría sido aislada. El Tribunal dejó asentado que el mecanismo de contratación directa mediante factura conformada y supuestas prórrogas se repitió a lo largo de todo 2024. La modalidad fue utilizada para cubrir un servicio “habitual, regular y no contingente”, por lo que no correspondía tratarlo como una necesidad excepcional o imprevisible.

Las autoridades encabezadas por Claudia Colaso argumentaron que habían actuado ante una emergencia para garantizar el inicio de las clases. Explicaron que el proveedor habitual informó modificaciones inesperadas en su figura jurídica y que la continuidad operativa sería garantizada por Álvarez. También sostuvieron que la mujer había manifestado verbalmente haber iniciado su inscripción en el Registro de Proveedores.

Para el Tribunal de Cuentas, esas explicaciones no alcanzaron. El cambio de figura jurídica obligaba al Consejo Escolar a volver a verificar la inscripción provincial y la habilitación municipal del prestador. La necesidad de evitar la interrupción del servicio tampoco liberaba a las autoridades de cumplir los requisitos destinados a proteger a los estudiantes transportados.

Magdalena Sierra y Claudia Colaso.

Todos los sancionados y el presente de Colaso

Además de la actual secretaria de Educación de Magdalena Sierra, fueron multados el entonces vicepresidente Pablo Gonzalo Espósito; la tesorera Carolina Diana González; el secretario Darío Sebastián Gómez; y los vocales Jimena Alejandra Olaciregui, Rubén Oscar Navarro, Gabriela Alejandra Pérez, Mariana Agustina Pineda, Daniel Osvaldo Sánchez y Mauro Guido Nipoti. La sanción también alcanzó al secretario técnico Federico Castelli.

Varios de ellos todavía ocupan lugares dentro del sistema educativo de Avellaneda. Pablo Espósito, dirigente del PJ y Fuerza Patria, preside actualmente el Consejo Escolar. Mauro Nipoti, de la Unión Cívica Radical, es su vicepresidente; mientras que Jimena Olaciregui, de Fuerza Patria, y Gabriela Pérez, del Pro, continúan como consejeras con mandato hasta 2027. Federico Castelli sigue apareciendo como secretario técnico y contacto institucional en convocatorias del organismo.

Mariana Pineda, por su parte, fue presentada públicamente como directora de la escuela primaria 52 de Wilde. Rubén Navarro intentó renovar su lugar como candidato de Fuerza Patria en 2025.

Durante 2024, el organismo administró ingresos por 1.098.473.280 pesos y registró egresos por 986.106.202 pesos. El fallo confirmó el incumplimiento de las normas provinciales de contratación y sancionó personalmente a los responsables. El dato resulta especialmente incómodo para el oficialismo porque Colaso pasó de presidir el organismo observado a conducir la política educativa municipal. No se trata, por lo tanto, de una exfuncionaria alejada del poder, sino de una integrante vigente del gabinete de Sierra y del esquema político construido durante años por Ferraresi.

La identidad de la transportista agrega otro antecedente. Registros oficiales identifican a Cristina Mónica Álvarez con el CUIT 27-12728751-7. En 2016 constituyó junto con su esposo, Roberto Daniel Zagame, la firma Zaga Transfer SRL, CUIT 30-71530454-2, dedicada al transporte automotor de pasajeros. Zagame fue designado gerente de la sociedad, con sede en Avellaneda. Además, una actuación publicada en 2023 consigna que la dirección provincial de Transporte ya había aplicado a Álvarez una multa de 64.800 pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)