Mientras el gobierno de Javier Milei endurece los controles contra las petroleras vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, Fabricaciones Militares se abre al capital extranjero sin incorporar una cláusula específica de soberanía. En ese escenario, un conglomerado industrial checo con negocios en Reino Unido aparece entre las empresas que manifestaron interés en la compañía estatal.

El gobierno lanzó el concurso público nacional e internacional CPU-2026-SC-001 para seleccionar socios privados de Fabricaciones Militares. El esquema no contempla la venta de los inmuebles ni de las fábricas, pero sí entrega al operador privado la gestión comercial y productiva mediante la constitución de uniones transitorias por hasta 35 años. El socio estratégico tendrá, como mínimo, el 51 por ciento de participación y la mayoría dentro del comité ejecutivo.

Según el cronograma oficial, las ofertas podrán presentarse hasta el 3 de noviembre y serán abiertas al día siguiente. Los nombres que circulan públicamente desde 2024 son CSG Defence, de República Checa, y la española Hispania Group, ambas relacionadas con la industria militar de países integrantes de la OTAN. En el caso de CSG, además, existen contratos y acuerdos para producir municiones destinadas a Ucrania. Hasta ahora no se conocen ofertas formalmente presentadas ni aparecen compañías británicas declaradas como interesadas.

Fabricaciones Militares posee capacidad para producir pólvora y explosivos en Villa María y Azul, además de municiones, armas y chalecos antibalas en Fray Luis Beltrán. Fanazul, perteneciente a la empresa estatal, es la única planta de América Latina preparada para fabricar TNT, aunque permanece paralizada desde mayo de 2024. También puede producir explosivos destinados a la actividad minera, como el Mastermix.

Ahora bien, el 4 de septiembre el gobierno libertario oficializó dos medidas presentadas como parte de una nueva política sobre Malvinas. El decreto 867/2026 reforzó partidas presupuestarias destinadas a Defensa, las Fuerzas Armadas, la SIDE y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El decreto 868/2026, en tanto, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659 y estableció nuevos controles para las empresas.

A partir de esa norma, quienes busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o solicitar permisos, concesiones y autorizaciones para explotar hidrocarburos deberán presentar una declaración jurada. Allí tendrán que informar que ni la empresa ni sus participantes directos o indirectos desarrollan actividades en Malvinas sin autorización de la República Argentina.

“Esa cláusula, anunciada a través de una cadena nacional por el gobierno, no existe en el pliego de Fabricaciones Militares. Es un documento hipersensible, que habilita a participar a personas jurídicas constituidas en el exterior y solamente exige patrimonio, balances y declaraciones de intereses”, señaló el analista político Francisco Parreño, autor de varios artículos sobre defensa.

La circular 02, que extendió los plazos y flexibilizó requisitos económico-financieros, tampoco menciona a Malvinas. Al cierre de esta nota no existía una circular 03. Para el gas y el petróleo hay un filtro de soberanía. Para la pólvora, el TNT y las municiones, no.

El antecedente de Harbour Energy

La inconsistencia ya tiene un precedente. En julio de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Cancillería y la secretaría de Energía iniciaron un procedimiento sancionatorio contra Harbour Energy, Chrysaor Holdings y Navitas Petroleum bajo la ley 26.659. Las actuaciones se originaron por actividades comerciales vinculadas con el proyecto Sea Lion, desarrollado al norte de las islas Malvinas con licencias otorgadas por las autoridades británicas.

Harbour decidió abandonar el proyecto y completó la transferencia de sus intereses en septiembre de 2022. El Estado terminó sancionando a Navitas Petroleum, mientras que no existe una resolución pública que permita conocer cómo concluyeron formalmente las actuaciones contra la petrolera británica.

En septiembre de 2024, Harbour completó una operación valuada en 11.200 millones de dólares para adquirir prácticamente todos los activos de exploración y producción de la alemana Wintershall Dea, con excepción de los ubicados en Rusia. Mediante esa compra ingresó a Vaca Muerta y a la concesión costa afuera Cuenca Marina Austral 1, frente a Tierra del Fuego.

Actualmente posee el 37,5 por ciento de CMA-1, donde se encuentra el yacimiento gasífero Fénix, junto con TotalEnergies y Pan American Energy. También controla el 15 por ciento de Southern Energy, el proyecto de gas natural licuado beneficiado por el RIGI.

El ingreso no se produjo mediante una licitación directa presentada bajo bandera británica, sino mediante la adquisición global de una compañía que ya operaba en el país. “El mecanismo está probado”, afirmó Parreño.

Eduardo Elsztain y su participación en la controlante de la principal empresa isleña

En este contexto aparece Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, uno de los principales grupos inmobiliarios del país. El empresario mantiene, a través de Dolphin Fund, una participación minoritaria en FIH Group, la sociedad británica que controla a Falkland Islands Company, histórica compañía dedicada al comercio, la logística y la administración de propiedades en las islas.

Elsztain, también presidente de Austral Gold —propietaria del complejo minero de oro y plata Casposo, en el departamento sanjuanino de Calingasta—, explicó en LinkedIn que una participación económica argentina en Malvinas podía contribuir al reclamo de soberanía.

Según su publicación, conserva una participación cercana al 2 por ciento de FIH Group y estaría dispuesto a intentar nuevamente una operación de mayor alcance. El empresario aseguró que comenzó a comprar acciones entre 2005 y 2006 y que buscó ampliar su posición en 2017.

Elsztain atribuyó el fracaso de aquella iniciativa a un bloqueo británico. También explicó que decidió pronunciarse ante la circulación de mensajes que calificó como conspirativos y antisemitas.

En 2017, Dolphin Fund ya poseía el 2,54 por ciento de FIH Group. El 15 de marzo de ese año informó que había solicitado documentación para evaluar la compra del control del grupo, aunque finalmente no presentó una oferta formal.

Elsztain sostuvo que la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings. Sin embargo, el comunicado difundido por FIH Group el 18 de abril de 2017 indicó que esa oferta había caducado y que Dolphin había desistido de avanzar después de una aclaración de las autoridades isleñas sobre los eventuales cambios de propiedad.

El episodio dejó expuesta la capacidad británica para condicionar movimientos accionarios relacionados con empresas consideradas estratégicas para la economía de las islas. Ese antecedente vuelve todavía más relevante la ausencia de una cláusula de soberanía dentro del concurso de Fabricaciones Militares.

Abrir durante 35 años la operación de líneas esenciales para la defensa argentina sin establecer controles vinculados con Malvinas permite que estructuras internacionales con intereses, filiales o negocios sujetos a jurisdicciones extranjeras puedan intervenir en la producción militar nacional.

El posible interés de una empresa checa con vínculos empresariales en Reino Unido

CSG no es una compañía británica ni pertenece formalmente a la OTAN. Czechoslovak Group es un conglomerado industrial con sede en Praga, especializado en defensa y aviación y controlado mayoritariamente por el empresario Michal Strnad, quien dirige el holding desde 2018.

El grupo posee numerosas filiales en República Checa, Eslovaquia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, España, India y Serbia. En diciembre de 2022 adquirió el 70 por ciento de Fiocchi Munizioni y, en abril de 2025, compró el 30 por ciento restante a la familia Fiocchi y al fondo Charme Capital. Desde entonces es propietario de la totalidad del grupo.

A través de Fiocchi controla Lyalvale Express, una fábrica de municiones ubicada en Fisherwick, Reino Unido, además de Baschieri & Pellagri. También participa en ZVS Holding, cuyo capital comparte con el Estado eslovaco, y posee Tatra Defence, la histórica Fábrica de Municiones de Granada y, desde 2024, The Kinetic Group, propietario de marcas estadounidenses como Remington y Federal.

En 2023, CSG facturó 1.730 millones de euros. Su crecimiento se aceleró posteriormente por el aumento de la demanda internacional de municiones y por sus contratos con Ucrania y otros países europeos. En enero de 2026 protagonizó en Ámsterdam la mayor oferta pública inicial registrada hasta entonces por una compañía del sector de defensa.

CSG tiene así tres puntos de contacto relevantes para analizar su eventual desembarco en Fabricaciones Militares: una filial productiva en suelo británico, una extensa cadena internacional de compañías armamentísticas y una porción central de sus ingresos proveniente de países miembros de la OTAN.

El Reino Unido mantiene una política de control sobre la venta de material militar a la República Argentina y rechaza las licencias de exportación de productos que, a su criterio, puedan aumentar las capacidades militares del país. En ese contexto, entregar líneas estratégicas a una estructura que depende de tecnología, componentes o decisiones corporativas sujetas a distintas jurisdicciones extranjeras podría exponer a la Argentina a restricciones futuras.

A la administración de Milei, sin embargo, el riesgo parece no preocuparle. En junio de 2024, durante la gira europea del presidente, la Argentina firmó un memorando de cooperación técnico-militar con República Checa. El acuerdo fue suscripto por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, y su par checa, Jana Černochová.

La ministra checa respaldó entonces la aspiración argentina de convertirse en socio global de la OTAN y aceptó visitar el país acompañada por una delegación de empresas de defensa. Durante aquellos días, CSG exhibía en la feria Eurosatory sus vehículos militares, sistemas de artillería y municiones.

La política impulsada por Petri buscó acercar formalmente a la Argentina a la alianza atlántica. La solicitud para convertirse en “socio global” fue presentada en abril de 2024 durante una reunión en Bruselas con autoridades de la OTAN y formó parte del realineamiento internacional promovido por Javier Milei con Estados Unidos y Europa.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por el origen checo de una eventual empresa interesada. El problema es que el gobierno impuso una declaración jurada de soberanía para las inversiones petroleras, pero omitió una protección equivalente en el concurso que puede definir durante tres décadas quién operará la producción argentina de pólvora, explosivos, TNT y municiones. Una doble vara que, cuando se trata de Malvinas y de la defensa nacional, no admite distracciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)