La oposición legislativa de Mendoza denunció que el convenio de compensación de deudas firmado entre el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, podría ocasionarle a la provincia una pérdida patrimonial de miles de millones de pesos. Sus referentes atribuyen la decisión a la alianza política y electoral que el mandatario radical mantiene con el presidente Javier Milei.

El acuerdo establece que los gobiernos nacional y mendocino reconocerán y compensarán deudas recíprocas. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Mendoza, con 34 votos a favor y diez en contra, y este martes será tratada por el Senado provincial.

El punto más cuestionado es que, para acceder al entendimiento, Mendoza deberá renunciar a dos demandas multimillonarias contra el Estado nacional. La oposición sostiene que, si se contabilizara el valor actualizado de esos litigios y los intereses de las acreencias provinciales, Mendoza podría cancelar todas sus obligaciones e incluso quedar con saldo a favor. Sin embargo, el convenio establece que la provincia continuará debiéndole a Nación exactamente 212.152.886.914 pesos.

La operación comenzó el 27 de julio de 2026, cuando Caputo y Cornejo firmaron el convenio para incorporar a Mendoza al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado mediante el decreto nacional 969/2024.

Mediante ese instrumento, ambas jurisdicciones aceptaron compatibilizar sus acreencias, compensarlas y establecer un nuevo cronograma para el pago del saldo resultante.

Generar una deuda para poder descontarla

La Nación reconoció que le debe a Mendoza 121.282.044.592,85 pesos. La cifra incluye compensaciones por el Consenso Fiscal, obras de viviendas y trabajos realizados por la provincia en las rutas nacionales 40 y 143, de cuya ejecución se había desentendido la administración libertaria.

Sin embargo, antes de recibir el anticipo financiero, Mendoza no mantenía deudas relevantes con el Estado nacional que pudieran incorporarse al mecanismo de compensación.

El propio gobierno de Cornejo lo admitió al explicar oficialmente el convenio: “Mendoza se encontraba en una situación particular, ya que no mantenía deudas con el Estado nacional, pero sí tenía acreencias pendientes de cobro. En ese sentido, el esquema de negociación impulsado por Nación se basaba principalmente en la compensación de obligaciones, lo que dejaba a la provincia sin posibilidades de avanzar en el recupero de esos recursos al no contar con deudas para compensar”.

En ese contexto, el ministro provincial de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, destacó la posibilidad de acceder a anticipos de coparticipación como una herramienta que permitió generar posteriormente el mecanismo de compensación.

Dicho de manera simple: Mendoza no tenía deudas con Nación, pero solicitó un anticipo financiero que luego permitió cruzar las obligaciones de ambas administraciones.

El anticipo fue de 325.000 millones de pesos, desembolsado en tres tramos: 100.000 millones en abril, 175.000 millones en mayo y 50.000 millones en agosto de 2026. Al sumarle 8.434.931.506,85 pesos de intereses, la deuda reconocida por Mendoza ascendió a 333.434.931.506,85 pesos.

Después de compensar ese monto con los 121.282 millones reconocidos por Nación, la provincia pasó de no tener pasivos con el Estado nacional a quedar con un saldo de 212.152 millones de pesos a pagar.

El gobierno mendocino defiende el entendimiento porque, además de formalizar acreencias que se encontraban controvertidas, el nuevo cronograma produciría un beneficio financiero estimado en 7.677 millones de pesos, calculado a valores del 1 de agosto de 2026. Para la oposición, sin embargo, ese supuesto alivio resulta insignificante frente al valor de los derechos judiciales que la provincia acepta abandonar.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, exponiendo sobre el proyecto en la Legislatura.

Renunciar a dos juicios y no cobrar intereses

Si el mecanismo despertó cuestionamientos, mayor rechazo provocó la cláusula que obliga a Mendoza a desistir de dos demandas contra el Estado nacional.

La primera acción fue iniciada en noviembre de 2023 por el entonces gobernador Rodolfo Suárez. En septiembre de aquel año, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había promovido una modificación del impuesto a las Ganancias que redujo la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo.

Debido a que Ganancias es un impuesto coparticipable, la medida reducía unilateralmente los recursos destinados a las provincias. Suárez presentó entonces una acción de inconstitucionalidad y solicitó una medida cautelar para que la Nación compensara con recursos propios el dinero que Mendoza dejara de percibir.

En aquel momento, el gobierno mendocino estimó que la pérdida alcanzaría aproximadamente los 170.000 millones de pesos durante 2024. En diciembre de 2023, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó favorablemente sobre la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en el expediente.

La segunda demanda está relacionada con la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero. El mecanismo había sido creado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en 2009, y disponía que Nación distribuyera entre las provincias el 30 por ciento de lo recaudado por derechos de exportación de soja.

Cada jurisdicción debía, a su vez, redistribuir una parte de esos recursos entre sus municipios. El dinero no podía destinarse a gastos corrientes, sino exclusivamente a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial.

El entonces presidente Mauricio Macri eliminó el fondo mediante el decreto 756/2018. En 2020, Suárez demandó al Estado nacional y reclamó los 75 millones de dólares que, según los cálculos oficiales de aquel momento, Mendoza había dejado de percibir. La existencia y el monto original de esa demanda fueron informados por el propio gobierno provincial.

“Es un escándalo patrimonial”

El abogado y diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, dialogó con REALPOLITIK y calificó el acuerdo como una entrega del patrimonio mendocino.

“Este pacto implica una pérdida patrimonial injustificada que se pretende aprobar de forma desapercibida. La fiscalía de Estado dictaminó por escrito que la renuncia a estas acciones legales produce la extinción definitiva e irreversible de derechos con contenido económico directo para Mendoza”, explicó.

Ilardo recordó además que, en noviembre de 2025, el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el asesor de Gobierno, César Canet, ratificaron ante la Suprema Corte de Mendoza la voluntad de continuar con el juicio por la coparticipación del Impuesto a las Ganancias.

“Me resulta llamativo que ahora se desista de una presentación que buscaba reparar el perjuicio económico sufrido por la provincia, cuando habían defendido ese criterio hace menos de un año. El propio fiscal de Estado dijo que el valor de los juicios no había sido incluido en el acuerdo. Es decir, calcularon cuánto debía Mendoza y cuánto debía Nación, pero, cuando llegó el momento de establecer cuánto valían los juicios a los que se renunciaba, no les pusieron ni un peso. Nada”, cuestionó.

—¿Cómo definiría este convenio?

—Es un escándalo patrimonial. Nos están entregando —respondió Ilardo.

El diputado Lucas Ilardo.

“Responde a intereses electorales”

El abogado Germán Gómez, diputado provincial y presidente del bloque del Partido Justicialista, también cuestionó el acuerdo en diálogo con REALPOLITIK. “Nosotros lo hemos expresado en la Legislatura. Es un convenio que perjudica a la provincia de Mendoza y sólo le sirve a la Nación para componer sus cuentas públicas”, afirmó.

Gómez remarcó una diferencia en el tratamiento de los intereses: “Cuando analizás los cinco ítems que generan un crédito favorable a Mendoza, no se computan intereses. Sin embargo, cuando se calcula lo que Mendoza le debe a Nación, ahí sí se incluyen más de 8.000 millones de pesos en intereses”.

“Comete una barbaridad la provincia al reconocerle intereses a Nación, pero no reclamarle con el mismo criterio. Es una locura que genera una diferencia tremenda. No sólo asume una situación muy contraria al patrimonio provincial, sino que además renuncia a dos reclamos judiciales”, agregó.

Según el legislador, si se tomara el capital reclamado en ambos juicios y se aplicara una estimación de intereses conforme a la tasa activa del Banco Nación, el resultado del acuerdo sería completamente diferente.

“Si a las deudas nacionales con Mendoza también se les aplicaran intereses, la provincia tendría todo su saldo cancelado o incluso Nación le estaría debiendo. Jamás se llegaría a esos 212.000 millones de pesos de deuda”, aseguró.

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El diputado Germán Gómez.

Gómez vinculó la negociación con la alianza política entre Cornejo y Milei: “Nos preocupa que se entregue así a Mendoza y que buena parte de esa entrega responda netamente a intereses electorales. Este gobierno provincial no quiere quedar mal con el gobierno nacional. Está dispuesto a hacer lo que sea para no tener diferencias políticas y, más que nada, electorales a la hora de armar las listas”.

“‘Si nos piden esto, se lo damos’. Esa es la actitud del gobierno provincial”, cuestionó.

—En el comunicado oficial, Víctor Fayad reconoce que Mendoza no tenía deuda con Nación y que accedió a anticipos de coparticipación para poder ingresar en el convenio. ¿Cuál es la lógica?

—Es algo que a nosotros tampoco nos quedó claro. Se efectuaron esos adelantos de coparticipación para generar una deuda con Nación y después poder compensarla. En eso no fue muy claro el ministro Fayad. El propio fiscal de Estado cuestiona la forma en la que se procedió —respondió Gómez.

—¿Qué les diría a los senadores, no solamente a los de su partido, que deberán decidir si le dan sanción definitiva al convenio?

—Conforme a lo que hemos analizado y a las pocas respuestas que dio el ministro, es un proyecto muy poco serio, que no trae beneficios económicos ni financieros para Mendoza, sino todo lo contrario. La provincia siempre hizo una defensa acérrima de sus intereses frente a los avances de Nación, sin importar si el gobernador era radical o peronista, pero nunca se vio una entrega como esta —concluyó.

REALPOLITIK intentó gestionar una entrevista con el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, pero su agente de prensa se disculpó y explicó que el funcionario se encontraba demasiado ocupado para responder.

Mientras tanto, el oficialismo avanza con celeridad para conseguir la ratificación de un convenio que obliga a Mendoza a pagar 212.152 millones de pesos y a desistir definitivamente de dos reclamos judiciales contra Nación. Para la oposición, detrás de las cuentas se esconde una decisión política: preservar la sociedad electoral entre Alfredo Cornejo y Javier Milei, aunque el costo termine recayendo sobre el patrimonio de todos los mendocinos. (www.REALPOLITIK.com.ar)