Una jueza de Lomas de Zamora resolvió suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y solicitó explicaciones al Gobierno bonaerense. La decisión generó críticas del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien reclamó que las nuevas normas sean aplicadas y cuestionó el criterio de quienes, según planteó, ponen el foco en las garantías de los menores sin contemplar la dimensión del problema de la inseguridad.

A través de una publicación en redes sociales, Pullaro calificó la situación como “muy grave” y sostuvo que los jueces deben garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes.

“La ley es muy clara: no permitir que delincuentes, de la edad que sean, se la lleven de arriba”, expresó el mandatario santafesino.

El gobernador hizo especial hincapié en la necesidad de contar con un sistema que permita actuar frente a adolescentes que cometen delitos graves.

En ese sentido, recordó la experiencia de Santa Fe y afirmó que la provincia conoce las consecuencias que genera, según su postura, la falta de herramientas para intervenir ante menores involucrados en hechos delictivos.

“Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, sostuvo Pullaro, al cuestionar el actual esquema de responsabilidad penal juvenil.

El gobernador también aseguró que Santa Fe avanza en la preparación de los recursos necesarios para aplicar la reducción de la edad de punibilidad.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran las tobilleras electrónicas, institutos para menores y módulos penitenciarios especializados destinados a los casos de mayor gravedad.

“Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad”, afirmó Pullaro, quien remarcó que, a su entender, las nuevas disposiciones deben cumplir una vez que entren en vigencia.

La suspensión judicial en Lomas de Zamora vuelve a poner en el centro de la discusión el régimen de responsabilidad penal juvenil, la edad a partir de la cual un menor puede ser responsabilizado penalmente y las herramientas que debe disponer el Estado para abordar los delitos cometidos por adolescentes.

Mientras sectores vinculados a la defensa de los derechos de niños y adolescentes cuestionan las políticas de carácter punitivo, desde distintos espacios políticos sostienen que es necesario modificar el sistema para evitar situaciones de impunidad y garantizar una respuesta estatal frente a delitos graves.

El debate combina así cuestiones judiciales, de seguridad y de protección de derechos, en una discusión que continúa generando fuertes posiciones encontradas. (www.REALPOLITIK.com.ar)