Ricardo Berenguer, defensor oficial del Fuero Penal Juvenil de La Plata, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el colapso del sistema de minoridad, la inconstitucionalidad de la reciente reforma penal juvenil y las fallas de un abordaje punitivo que, lejos de reducir los índices delictivos, amenaza con agravar la crisis institucional y de infraestructura en la provincia de Buenos Aires.

"La ley es regresiva, fija un estándar que trasciende hacia abajo lo que nuestro país había fijado, en contra de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño", señaló Berenguer al analizar la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender la aplicación de la norma por la falta de herramientas y dispositivos adecuados para atender a los jóvenes detenidos.

En ese sentido, el defensor cuestionó las premisas bajo las cuales el Congreso de la Nación Argentina aprobó la norma. "La ley se fundamentó sobre premisas falsas porque se habló de un incremento de la criminalidad juvenil, cosa que es absolutamente falsa según las estadísticas oficiales. Y si los pibes son utilizados por las mafias, deberíamos ir contra las mafias y proteger a los pibes, no victimizarlos nuevamente", afirmó.

Infraestructura colapsada y un diagnóstico equivocado

El letrado advirtió que la norma provocará un colapso en el sistema carcelario juvenil bonaerense. "Esta ley hace prever que se va a duplicar el número de pibes detenidos porque no solo baja la edad, sino que además hace sancionables todos los delitos del Código Penal. Hoy los institutos de la provincia ya están con sobrecupo", sostuvo.

Berenguer también apuntó contra la falta de herramientas reales de inserción social dentro de los centros de contención, calificando las políticas actuales como deficientes. "En Lomas de Zamora el único taller habilitado era de bijouterie, y ni siquiera lo proveía el organismo de niñez, sino una universidad. No hay cursos de capacitación con salida laboral real ni insumos para aprender un oficio. No se puede legislar a partir de respuestas espasmódicas o de 'venta de humo' frente a casos puntuales", subrayó.

Por último, el funcionario judicial remarcó que la evidencia internacional demuestra que bajar la edad de punibilidad no disminuye la inseguridad. "Países de la región con edades de imputabilidad más bajas, como Brasil, México o Uruguay, tienen índices de homicidios sustancialmente más altos que la Argentina. El camino para mejorar la convivencia pacífica no es cortar el hilo por lo más delgado, sino atacar el origen del problema y generar estrategias de integración reales", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)