Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización Gremial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la severa crisis que atraviesa el grupo avícola GTA (Granja Tres Arroyos), señalando que el conflicto impacta gravemente en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Entre Ríos.

"Particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Monte tenemos 300 trabajadores en esta situación, en Loma Verde 100, en Brandsen más de 200, en Cañuelas otros 100 y en distintos puntos como Campana y zona norte", detalló la dirigente sindical. Además, alertó que en el último tiempo se registraron 74 despidos en el sector rural y más de 100 en el gremio de la alimentación, en el marco de un deterioro continuo que lleva un año y medio. "Estuvimos monitoreando en audiencias del ministerio de Trabajo el pago del salario, porque primero empezó a pagarse en dos cuotas, después cinco, después diez y se fue extendiendo y empeorando cada vez más la situación", denunció.

Una crisis financiera en un mercado en auge

La referente de UATRE aclaró que el problema no responde a una caída en la demanda o producción, sino a un manejo financiero de la firma. "La actividad está bien; lamentablemente, por una cuestión económica, los ciudadanos consumen muchísimo más pollo y la producción no logra abastecer el mercado interno, al punto de que está entrando pollo de Brasil, Paraguay y Uruguay", explicó Sánchez Jáuregui.

Sin embargo, las consecuencias sobre el personal son desgarradoras: "La situación es insostenible. Los trabajadores están endeudados, hay pedidos de desalojo y no tienen ni para echarle combustible a su motito para ir a trabajar. En comunidades pequeñas como Loma Verde, si se pierden esos 100 empleos no hay mucho más para hacer", advirtió, destacando que el conflicto compromete a más de 7.000 puestos de trabajo directos más los indirectos.

Movilización a Trabajo y presiones empresariales

Ante la falta de respuestas oficiales, los cuatro gremios del sector se movilizaron a la secretaría de Trabajo de la Nación. "Pedimos audiencia y no hemos tenido respuesta. Nos deben parte del sueldo de junio, julio, aguinaldo y agosto. Necesitamos una herramienta de asistencia como fue en su momento el REPRO para no perder los empleos", reclamó Sánchez Jáuregui. Asimismo, denunció prácticas amedrentadoras por parte de la empresa: "Han tenido conductas antisindicales: cuando los trabajadores estaban en asamblea, fueron a tomar los datos con un escribano y la policía para descontar horas de un salario que ni siquiera pagan".

Finalmente, la dirigente se refirió a la situación general de los salarios rurales y los límites en las paritarias. "Un salario promedio en mano ronda los 800.000 o 900.000 pesos y pedimos que esté por encima de la canasta básica. No queremos productores ricos y trabajadores pobres. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario ha perdido facultades y las negociaciones sufren un tope del gobierno que no permite superar la inflación, sumado a las demoras en homologar los acuerdos", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)