Una serie de documentos, registros laborales, audios y presentaciones administrativas puso bajo sospecha el proceso de mensualización de auxiliares escolares realizado el 13 de marzo en La Plata. Aspirantes que llevan años inscribiéndose y acumulando puntaje denuncian que familiares y personas vinculadas a distintos gremios habrían accedido a cargos sin respetar el orden de mérito.

El cuestionamiento apunta principalmente al Consejo Escolar de La Plata, presidido por Iván Maidana, y a los sindicatos que participaron de la fiscalización del acto público. También alcanza a la dirección General de Cultura y Educación bonaerense, conducida por Flavia Terigi dentro del gobierno de Axel Kicillof, de cuya estructura dependen los procedimientos administrativos y laborales cuestionados.

Según las planillas difundidas después del acto, ese día fueron mensualizados 140 trabajadores y el puntaje final quedó establecido en 100,70. La propia junta interna de ATE Educación La Plata celebró públicamente la jornada y aseguró haber fiscalizado “cada acto público”. Esa intervención gremial, que debería haber funcionado como garantía de transparencia, es precisamente uno de los puntos que ahora quedó bajo discusión.

“ATE Educación La Plata informó que fiscalizó el acto de mensualización de 140 cargos realizado el 13 de marzo”.

“La planilla oficial registra que el último cargo general fue otorgado con 100,70 puntos”.

Cargos por debajo del corte y un expediente que se repite

La documentación a la que accedió REALPOLITIK muestra que Facundo Tomás fue incorporado como auxiliar administrativo con toma de posesión fechada el 13 de marzo. El registro lo ubica en el jardín de infantes 901 de La Plata, bajo la modalidad de “real interinato” y con estado activo.

Los denunciantes aseguran que Tomás tendría un puntaje muy inferior a los 100,70 con los que concluyó el acto. También afirman que no habría participado de la instancia pública mediante la cual el resto de los aspirantes debió competir por los cargos. En las presentaciones aparece señalado, además, como hijo de María Grismau, referente de ATE Educación La Plata. Este vínculo forma parte de la denuncia y deberá ser aclarado por las personas involucradas y por las autoridades correspondientes.

Otro registro laboral muestra la incorporación de Franco Nicolás Grismau, con toma de posesión también fechada el 13 de marzo e inicio de funciones el día 16. La documentación lo sitúa en la escuela secundaria 42 y lo identifica como auxiliar interino activo.

Ambos movimientos aparecen vinculados al mismo trámite administrativo: ME-2026-15347624-GDEBA-DARRHHDGCYE. La coincidencia convierte al expediente en una pieza indispensable para determinar quién autorizó las designaciones, bajo qué listado se realizaron y qué controles aplicaron el Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación.

Los registros laborales de Franco Nicolás Grismau y Facundo Tomás muestran incorporaciones vinculadas al mismo trámite administrativo.

ATE, SOEME y UPCN, bajo la lupa

A los casos iniciales, los denunciantes sumaron cuatro nombres que, según sostienen, habrían sido mensualizados en el mismo proceso pese a tener puntajes inferiores al corte general.

El primero es Juan Tobes García, a quien atribuyen 83 puntos y una designación en la escuela secundaria 29. También lo identifican como delegado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y aseguran que continuó percibiendo haberes al menos hasta julio.

El segundo caso es el de Romina Tómas, quien habría ingresado con 78 puntos en la escuela primaria 11. Los aspirantes la vinculan familiarmente con María Grismau y gremialmente con ATE.

También aparece mencionada Sabina Delorenzo, con 91,80 puntos y destino en el jardín de infantes 901. De acuerdo con la información hecha pública, estaría relacionada políticamente con SOEME.

Finalmente, los denunciantes señalan a Mónica Paz. Afirman que no figuraba en el listado de 2024, que apareció con 57,95 puntos en 2025 y que en 2026 alcanzó los 80,75. Pese a continuar por debajo del corte general de marzo, habría obtenido una mensualización. En este caso, los aspirantes la vinculan con UPCN y con sectores internos del propio Consejo Escolar.

Iván Maidana, titular del Consejo Escolar.

El problema político excede una pelea entre aspirantes. ATE y SOEME tienen representación dentro del universo de trabajadores estatales y participan, directa o indirectamente, de los mecanismos de control gremial. Si personas vinculadas a esas organizaciones accedieron a cargos por vías distintas de las utilizadas por el resto, los sindicatos deben explicar qué intervención tuvieron y si sus delegados dejaron asentadas observaciones.

Del mismo modo, el Consejo Escolar no puede trasladar toda la responsabilidad a los gremios. Se trata del organismo público que recibe las vacantes, organiza los actos, confecciona la documentación y tramita las altas. Por encima suyo aparecen la dirección Provincial de Consejos Escolares, encabezada por Alejandro Perrone, y la subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la DGCyE, conducida por Diego Turkenich.

La propia estructura provincial define a la dirección de Consejos Escolares como el organismo encargado de coordinar institucionalmente a los 135 consejos de la provincia. Por eso, frente a una denuncia acompañada por registros laborales y presentaciones selladas, el silencio ya no puede explicarse como un conflicto interno de ATE: involucra directamente al sistema educativo administrado por Kicillof.

Los aspirantes llevaron la denuncia, pero no obtuvieron respuestas

El 2 de septiembre, un grupo de aspirantes presentó una nota ante el Consejo Escolar de La Plata. El documento reclama conocer cuántos cargos fueron otorgados sin pasar por los actos públicos, quiénes autorizaron las designaciones, qué criterios se utilizaron y qué medidas se adoptarán para garantizar la igualdad de oportunidades.

La presentación lleva el sello de la Mesa de Entradas del organismo y reclama una revisión del proceso. No se trata, por lo tanto, únicamente de publicaciones anónimas en redes sociales: existe una actuación presentada formalmente ante el Estado bonaerense.

La denuncia fue ingresada el 2 de septiembre en la Mesa de Entradas del Consejo Escolar de La Plata.

En diálogo con este medio, una de las aspirantes aseguró que Maidana no los recibió personalmente y que las notas fueron atendidas por su secretaría. “El listado es público, cualquiera puede entrar, poner los nombres y los apellidos y va a ver el puntaje bajo que tienen”, sostuvo.

La trabajadora también describió la frustración de quienes se inscriben cada año, realizan cursos y esperan acceder a una mensualización por las vías regulares. “Se están cagando en todos nosotros, en los aspirantes, los que están por mensualizar. La verdad que no sabemos qué hacer, necesitamos una ayuda”, expresó.

Los reclamos también llegaron a la conducción provincial de ATE. Una presentación dirigida al secretario General, Claudio Arévalo, y a la secretaria Adjunta, Eliana Aguirre, pidió que el gremio intervenga ante las acusaciones que involucran a su junta interna de Educación La Plata. Allí se reclama investigar el desempeño de María Grismau, Diego Vasquez y otros delegados que habrían participado de la fiscalización.

El escrito cuestiona además la supuesta censura de afiliados en grupos de WhatsApp y redes sociales. Para los denunciantes, la conducción gremial no puede presentarse como una observadora externa, porque representantes de ATE estuvieron dentro del acto y publicitaron su participación como garantía del procedimiento.

Primera página de la presentación dirigida a la conducción provincial de ATE.

La denuncia gremial fue acompañada por firmas y capturas de los registros cuestionados.

Durante un acto posterior, los aspirantes volvieron a reclamar explicaciones frente a empleados del Consejo Escolar. En el video que acompaña este artículo, los trabajadores del organismo reconocen que las notas fueron recibidas, aunque responden que no son ellos quienes deben contestar y que la explicación será brindada por escrito. Los denunciantes replican que presentaciones anteriores tampoco habían obtenido respuesta.

Aspirantes reclamaron respuestas durante un acto público realizado en el Consejo Escolar de La Plata.

La discusión de fondo no consiste únicamente en comparar puntajes. La provincia administra listados diferenciados para aspirantes generales, veteranos de Malvinas, personas con discapacidad y personas travestis, transexuales y transgénero. Por esa razón, una designación inferior a 100,70 no constituye automáticamente una irregularidad. Pero esa misma circunstancia vuelve indispensable que el Consejo Escolar identifique públicamente bajo qué listado o cupo ingresó cada persona señalada. Si las designaciones fueron legales, el organismo posee toda la documentación necesaria para demostrarlo. Si no puede exhibirla, la sospecha sobre el manejo discrecional de los cargos quedará inevitablemente reforzada.

En una provincia donde el gobierno de Axel Kicillof reivindica permanentemente la presencia del Estado y la defensa del empleo público, resulta difícil justificar que trabajadores precarizados deban peregrinar durante meses para obtener una explicación elemental. La transparencia no se declama en los discursos: empieza por publicar las actas, respetar los listados y explicar quién firmó cada designación. (www.REALPOLITIK.com.ar)