El gobierno se prepara para correr los límites de la ofensiva que inició contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas. La próxima estación puede ser bastante más sensible: la pesca, una actividad consolidada durante décadas y una de las principales fuentes de recursos de las islas.

REALPOLITIK pudo conocer detalles de la estrategia que se discute en la Casa Rosada y que desembocará en un proyecto para modificar la ley 26.659, conocida como ley Pino Solanas. La intención es ampliar el universo de actividades alcanzadas, revisar el esquema de sanciones y avanzar con nuevas denuncias que no se limitarán a sociedades comerciales.

"Va a haber denuncias contra las empresas y también contra personas jurídicas y personas físicas. Son varias denuncias”, anticipó una fuente que participa de las conversaciones.

El dato permite leer de otra manera el movimiento oficial. Las acciones contra el negocio petrolero no serían el punto de llegada sino el comienzo de una política que pretende abarcar la estructura económica que se fue construyendo alrededor de las islas.

Como anticipó REALPOLITIK, entre los sancionados se encuentran los gerentes y directivos de Navitas, entre otros.

La pesca abre una pelea de otra dimensión

Sea Lion concentra hoy la atención porque promete transformar la economía isleña cuando comience la producción petrolera. Pero hay una diferencia elemental: el petróleo es el negocio que viene; la pesca es el negocio que ya está. Y los números son difíciles de soslayar.

Las estadísticas oficiales de las islas registraron 261.903 toneladas de capturas comerciales durante 2024, el volumen anual más alto desde 2021. De ese total, 146.689 toneladas correspondieron al Illex argentinus, el calamar que constituye una de las grandes piezas del negocio pesquero del Atlántico Sur.

Aparecen además el calamar patagónico Doryteuthis gahi, distintas especies de peces y la merluza negra. Sobre esos recursos se montó durante años un sistema de licencias que aporta decenas de millones de libras a las cuentas isleñas.

Por eso la discusión que comenzó a darse dentro del gobierno cambia de dimensión cuando llega a la pesca. Ya no se trataría sólo de obstaculizar compañías que apuestan a una explotación futura, sino de buscar herramientas contra actores vinculados con una actividad que lleva años aportando ingresos al esquema económico de las islas.

La posibilidad está siendo considerada dentro de la redacción del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Javier Milei.

Una confesión puertas adentro: castigar más no necesariamente funcionó

Hay otra discusión menos visible detrás de la reforma.

Quienes trabajan sobre el proyecto no están conformes con el funcionamiento que tuvo hasta ahora la ley Pino Solanas. No cuestionan el objetivo de sancionar la explotación sin autorización argentina, sino la eficacia de un sistema que privilegió penas severas pero prácticamente no dejó alternativas para modificar la conducta de una empresa una vez producida la infracción.

Una fuente oficial lo resumió sin vueltas: “No sirve la dureza sin opción”.

El gobierno de Javier Milei quiere introducir una lógica diferente. Una compañía que ingrese en una actividad cuestionada por Argentina y posteriormente se retire no debería quedar necesariamente en la misma situación que aquella que decida continuar y profundizarla.

El razonamiento es económico antes que discursivo: darle a una empresa un motivo para salir de Malvinas.

En las conversaciones reservadas aparece incluso un balance crítico de los antecedentes. “No hubo ninguna condena con la aplicación de esta ley”, sostuvo una de las fuentes, que recordó además las causas iniciadas en 2015 contra compañías petroleras y cuestionó que una norma penal tenga como única respuesta elevar el castigo.

“No es solamente crear un tipo penal duro para hacer demagogia punitiva”, agregó.

Casa Rosada.

La disyuntiva que quieren llevar a los directorios de las empresas

Ese cambio puede convertirse en el corazón de la nueva ley. La intención es que las empresas tengan que evaluar las consecuencias de mantener actividades en las islas no sólo frente al Estado argentino, sino también respecto de sus posibilidades futuras de operar dentro del país.

La fuente utilizó una explicación deliberadamente extrema durante la conversación reservada para describir el concepto de que si la única consecuencia posible es la máxima sanción desde el primer incumplimiento, desaparecería parte del incentivo para retroceder.

Traducido al diseño que estudia el Ejecutivo, es una sanción que dejaría de funcionar únicamente como castigo y pasaría a utilizarse también como instrumento para provocar una retirada.

Eso explica otra definición recogida por REALPOLITIK. Cuando se le preguntó si algunas compañías quedarían protegidas, la respuesta fue negativa: “No hay excepciones”.

Pero inmediatamente apareció una precisión: “Hay que ver qué hizo cada una. Es contra todas en la medida de lo que haya hecho cada una. Hay que ver caso por caso”.

El criterio, si finalmente queda plasmado en la ley, será especialmente relevante para la pesca. Allí no existe una única compañía sobre la cual concentrar la presión, sino una trama de titulares de cuotas, armadores, operadores y sociedades que participan de diferentes segmentos del negocio.

Sede administrativa central del gobierno isleño en Thatcher Drive, la calle principal de Puerto Argentino (Foto: REALPOLITIK).

Del calamar al salmón: las islas buscan ampliar su negocio

Mientras Argentina discute cómo extender las sanciones, en las islas ocurre exactamente el movimiento contrario, porque al no haber más posibilidades temporalmente sobre el calamar, ahora buscan ampliar las actividades capaces de generar riqueza y el sálmon es la otra opción.

La administración isleña tiene abierta hasta el 30 de octubre una consulta pública para definir si habilita y bajo qué condiciones una industria de salmonicultura comercial a gran escala. La documentación oficial estudia impactos ambientales, capacidad productiva, legislación y consecuencias socioeconómicas. Incluso existe un proyecto presentado por Unity Marine como ejemplo de cómo podría funcionar una explotación de ese tipo.

Todavía no hay autorización para instalar esa industria. La decisión será tomada después de analizar la consulta. Pero las alternativas oficiales contempladas van desde rechazar completamente la salmonicultura hasta permitir producción comercial a gran escala o autorizar modelos más limitados.

Ese movimiento completa una fotografía que va bastante más allá del petróleo. Las islas tienen una industria pesquera madura; Sea Lion abre la perspectiva de ingresos petroleros y, simultáneamente, se estudia sumar una nueva explotación acuícola. La economía vinculada con los recursos naturales del Atlántico Sur no se está achicando: busca diversificarse.

Andrea Clausen, Chief Executive del gobierno de ocupación en las Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

La nueva ley todavía debe atravesar el Congreso

La estrategia oficial tendrá que superar una prueba política. La ampliación de la ley Pino Solanas deberá ser aprobada por el Congreso y allí se discutirá hasta dónde llegará el universo de actividades y actores alcanzados.

Mientras tanto, Cancillería ya tiene otro frente abierto. El CECIM La Plata intimó a Pablo Quirno para que actúe contra la proyectada conexión marítima entre Punta Arenas y las islas, a la que vincula con la logística necesaria para Sea Lion. Los excombatientes exigen sanciones contra empresas que intervengan en transporte, aprovisionamiento, seguros y otros servicios.

La discusión que viene, por lo tanto, es bastante más profunda que endurecer una pena.

Durante años, Argentina concentró buena parte de sus herramientas sancionatorias en los hidrocarburos mientras las licencias pesqueras continuaron alimentando una de las principales actividades económicas de las islas. Ahora, cuando el petróleo amenaza con agregar otra fuente extraordinaria de recursos y la salmonicultura aparece en el horizonte, la Casa Rosada empezó a discutir si aquella estrategia quedó demasiado chica. (www.REALPOLITIK.com.ar)