El empresario farmacéutico Hugo Sigman, investigado por el juez federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. Durante la indagatoria presentó un escrito, aunque se negó a responder las preguntas del fiscal Carlos Stornelli.

Lijo lo citó una, dos y hasta tres veces, pero Sigman consiguió postergar su comparecencia ante el Juzgado Federal Nro. 4, donde lo aguardaban el magistrado y el fiscal de la causa.

Al denominado zar de las vacunas y del ganado lo esperaban para conocer su versión sobre una investigación que intenta determinar si la compra y provisión de vacunas durante la pandemia se basó exclusivamente en criterios epidemiológicos y recomendaciones científicas o si, como sospecha Stornelli, también existieron motivaciones económicas para favorecer a determinados laboratorios.

Entre las empresas bajo análisis aparece mAbxience, que produjo en la Argentina el principio activo de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca para América Latina. También fueron examinados los acuerdos con instituciones y compañías estatales extranjeras, como el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, fabricante de la Sputnik V, y el Grupo Farmacéutico Nacional de China, responsable de Sinopharm.

La pandemia también abrió una batalla entre potencias por el dominio tecnológico y comercial del mercado mundial de las vacunas. En esa disputa participaron laboratorios de China, Rusia, Estados Unidos y Europa, entre ellos la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer.

Ariel Lijo.

Una competencia global por las vacunas

Las distintas plataformas vacunales compitieron por un mercado mundial atravesado por la urgencia de contener un virus que paralizó buena parte de la actividad global durante 2020 y 2021.

Las vacunas elaboradas por Sinopharm y Sinovac utilizaron una tecnología tradicional basada en el virus inactivado. Covaxin, desarrollada por la compañía india Bharat Biotech, empleó el mismo método: el virus es desactivado para impedir que se multiplique o provoque la enfermedad, pero conserva características que permiten al sistema inmunológico reconocerlo.

AstraZeneca, por su parte, utilizó una plataforma de vector viral no replicativo. Mediante un adenovirus modificado, transporta instrucciones genéticas para que el organismo produzca la proteína spike y genere una respuesta inmunitaria. Esta vacuna fue examinada por organismos regulatorios de distintos países después de que se detectara una asociación infrecuente con casos de trombosis con trombocitopenia.

Novavax pertenece a otra categoría: es una vacuna de subunidades proteicas que incorpora fragmentos purificados de la proteína spike y un adyuvante destinado a reforzar la respuesta inmunitaria.

Las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer-BioNTech y Moderna, emplean una instrucción genética sintética y transitoria, protegida por nanopartículas lipídicas. Las células leen esa información para producir una copia inofensiva de la proteína spike, que permite al sistema inmunológico aprender a reconocer el virus. La clasificación de Pfizer y Moderna como vacunas de ARN mensajero y de Novavax como vacuna de subunidades proteicas coincide con la información técnica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En junio de 2021, en plena campaña de vacunación, entrevisté para la agencia Noticias Argentinas al doctor Pablo Goldschmidt, especialista en la materia y defensor del desarrollo de vacunas. Sin embargo, durante aquel reportaje de amplia repercusión advirtió sobre la necesidad de continuar estudiando sus efectos a largo plazo: “Estamos en un ensayo clínico humano, transnacional, planetario y todavía no sabemos todo acerca de las vacunas”.

Goldschmidt sostenía entonces que deberían transcurrir varios años para conocer en profundidad los beneficios y posibles efectos adversos de las nuevas plataformas empleadas durante la emergencia sanitaria.

Astrazeneca.

Las razones de Stornelli para indagar a Sigman

El fiscal Carlos Stornelli busca establecer por qué Pfizer no pudo ingresar en tiempo y forma al mercado argentino y si las barreras que demoraron el acuerdo beneficiaron económicamente a otros proveedores en medio de la emergencia.

Sigman pretendía declarar mediante la presentación de un escrito, como anteriormente había hecho la exministra de Salud, Carla Vizzotti. La solicitud no prosperó y la discusión llegó hasta la Cámara Federal, donde recurrieron los abogados del empresario antes de que pudiera concretarse la audiencia.

La Fiscalía informó oficialmente que las indagatorias fueron solicitadas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas. Dentro de esa hipótesis, Stornelli sostuvo que el gobierno rechazó una propuesta inicial de Pfizer, formulada en agosto de 2020, que contemplaba la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina, mientras avanzaban los acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

En ese contexto, Sigman aparece como un actor central. Su empresa mAbxience participó en la fabricación del principio activo de la vacuna Oxford-AstraZeneca, uno de los desarrollos más utilizados durante la pandemia. La propia compañía señala que, entre 2020 y 2021, su planta de Garín produjo principio activo equivalente a más de 200 millones de dosis de vacunas adenovirales contra el COVID-19 destinadas a distintos mercados.

Finalmente, Sigman declaró el 10 de septiembre. Lo hizo desde Madrid, mediante Zoom, como propietario de mAbxience y accionista de Laboratorios Elea Phoenix. Presentó un escrito, sostuvo que la imputación se apoya en deducciones carentes de evidencias contundentes y pidió su sobreseimiento, pero no respondió preguntas del fiscal.

Carla Vizzotti y la Payasa Filomena.

El argumento de Carla Vizzotti que interesa a la defensa

Carla Vizzotti se había presentado previamente ante el juzgado de Ariel Lijo y entregó un escrito de alrededor de cien páginas en el que negó las acusaciones formuladas en su contra y desarrolló el principal argumento de su defensa.

Según explicó la exministra, las vacunas de Pfizer no llegaron inicialmente a la Argentina por una incompatibilidad entre las exigencias contractuales globales del laboratorio y la legislación aprobada por el Congreso durante la emergencia sanitaria.

El principal obstáculo habría sido la inclusión del concepto de “negligencia” en la ley de Vacunas. Pfizer consideraba que esa cláusula podía abrir la puerta a una responsabilidad legal incompatible con los acuerdos de indemnidad que exigía internacionalmente.

Respecto de las dosis asignadas mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, Vizzotti aclaró que también era necesario firmar un contrato bilateral específico con la farmacéutica. Como la controversia normativa no había sido resuelta, el envío no pudo concretarse inicialmente por esa vía.

Pfizer y las cláusulas cuestionadas

El argumento de Vizzotti encontró un respaldo parcial en la exposición que realizó Nicolás Vaquer, entonces gerente general de Pfizer Argentina, ante la Cámara de Diputados en junio de 2021. Allí confirmó que la ley sancionada en octubre de 2020 no era “compatible con algunos de los mecanismos contractuales” exigidos por el laboratorio.

La normativa incluyó la negligencia como una de las excepciones a la indemnidad reclamada por las farmacéuticas. Ese punto, defendido durante el debate por legisladores del oficialismo, trabó las negociaciones con Pfizer y demoró la llegada de las dosis ofrecidas por la compañía.

Vaquer aseguró que Pfizer no había participado en la redacción de la ley, aunque señaló que el laboratorio había comunicado previamente las condiciones requeridas para celebrar el contrato. Según sostuvo, se trataba del mismo modelo utilizado en los acuerdos alcanzados con otros 116 países.

En julio de 2021, el gobierno de Alberto Fernández modificó el marco normativo mediante un decreto que reemplazó la referencia a la negligencia como causal de responsabilidad y creó el Fondo de Reparación COVID-19 para indemnizar a quienes eventualmente pudieran resultar perjudicados. El Estado nacional quedó así como principal garante del sistema.

La polémica contractual no fue exclusiva de la Argentina. En Brasil, el entonces presidente Jair Bolsonaro cuestionó públicamente las condiciones de Pfizer con una frase que adquirió repercusión internacional: “El contrato está bien claro: si te convertís en yacaré, es tu problema. Si te convertís en superhéroe, si le sale barba a alguna mujer o algún hombre comienza a hablar agudo, ellos no tienen nada que ver con eso”.

Alberto Fernández y sus inolvidables filminas. 

La farmacéutica respondió que las condiciones exigidas a Brasil eran similares a las requeridas a países como Estados Unidos, Japón y Chile. Finalmente, en marzo de 2021, el gobierno de Bolsonaro firmó un contrato para adquirir 100 millones de dosis a un valor de 10 dólares cada una.

Hacia octubre de ese año, distintas organizaciones no gubernamentales difundieron informes sobre las condiciones impuestas por Pfizer. La organización estadounidense Public Citizen, luego de analizar nueve contratos, sostuvo que varios Estados habían aceptado cláusulas que los obligaban a:

- Mantener bajo confidencialidad los términos negociados.

- Renunciar parcialmente a su inmunidad soberana.

- Exponer determinados activos públicos ante posibles arbitrajes.

- Eximir a Pfizer de penalidades por algunos incumplimientos.

Los acuerdos analizados correspondían a Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Reino Unido y la Comisión Europea. Más allá de las diferencias entre los contratos, Public Citizen señaló dos constantes: la opacidad de las negociaciones y el poder otorgado a la farmacéutica frente a decisiones soberanas de salud pública.

Ese contexto podría fortalecer la explicación presentada por Vizzotti y es uno de los elementos utilizados por Sigman para intentar desligarse de las decisiones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández.

La pandemia mundial, la competencia entre potencias por desarrollar una vacuna y las condiciones contractuales impuestas por los grandes laboratorios conforman el escenario sobre el cual ahora deberá pronunciarse la Justicia. La Fiscalía busca determinar si la demora del acuerdo con Pfizer respondió exclusivamente a un conflicto legal o si, detrás de las decisiones oficiales, existió la intención de beneficiar a otros actores.

La defensa de Sigman sostiene que no hay pruebas que permitan atribuirle responsabilidad. Stornelli, en cambio, considera que todavía existen decisiones, vínculos comerciales y negociaciones que deben ser explicados. Esa disputa será la que deberá resolver Ariel Lijo antes de decidir si sobresee al empresario o si la investigación avanza hacia una nueva instancia. (www.REALPOLITIK.com.ar)