El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una nueva acción de amparo contra el proceso impulsado por el Gobierno nacional para privatizar el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuya licitación tiene como fecha límite el próximo 15 de septiembre.

La nueva presentación fue realizada ante los tribunales federales de La Plata, luego de que Gray ya hubiera recurrido a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el planteo apunta principalmente contra las condiciones establecidas para la licitación y la exclusión de las empresas estatales provinciales.

Gray cuestionó que ABSA no pueda participar de la licitación de AySA

Uno de los principales puntos de la presentación judicial es la imposibilidad de que Agua Bonaerense S.A. (ABSA) participe en igualdad de condiciones dentro del proceso de privatización.

Para Gray, el esquema definido por el Gobierno nacional deja afuera a una empresa estatal provincial que podría competir por la prestación del servicio, al tiempo que pone en discusión las competencias de la Provincia de Buenos Aires sobre sus recursos naturales.

El intendente también planteó que el proceso debe contemplar el carácter esencial de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal, además de garantizar el acceso de la población a estas prestaciones. “El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar”, sostuvo Gray.

El jefe comunal vinculó además el debate con la situación económica de las familias y advirtió que una eventual gestión basada exclusivamente en criterios de rentabilidad podría afectar la expansión de las redes y la ejecución de obras pendientes.

La advertencia por los cortes de agua y saneamiento

Otro de los aspectos cuestionados en el amparo está relacionado con las condiciones previstas en el pliego para el futuro concesionario.

Según el planteo de Gray, el esquema licitatorio contempla la posibilidad de interrumpir el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento cloacal ante determinadas situaciones de mora.

El intendente consideró que esa posibilidad resulta especialmente problemática debido al carácter esencial de ambos servicios y su relación directa con el derecho a una vida digna.

“En el contexto económico actual, donde muchas familias tienen dificultades para afrontar los gastos básicos, no podemos permitir que una mora de 60 días implique quedarse sin saneamiento y agua potable”, afirmó.

Reclamo por las obras de cloacas en los municipios bonaerenses

El conflicto judicial también incorpora la preocupación por el déficit de infraestructura existente en materia de saneamiento cloacal y la necesidad de ampliar las redes en distintos municipios bonaerenses.

Gray sostuvo que el debate sobre el futuro de AySA no debería limitarse a la transferencia de la compañía a manos privadas, sino que debería contemplar las inversiones necesarias para extender los servicios a los sectores que todavía no cuentan con ellos.

“Necesitamos inversiones para ampliar las redes y garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a estos servicios esenciales”, remarcó.

La nueva acción judicial se produce mientras avanza el proceso de privatización de AySA, con una fecha límite fijada para el 15 de septiembre. El planteo de Gray busca que la Justicia revise las condiciones de la licitación y que se garantice la participación de ABSA, además de preservar el acceso al agua potable y al saneamiento como servicios esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)