Las conducciones de dos entidades vinculadas al sector farmacéutico y bioquímico quedaron bajo cuestionamiento a partir de una serie de expedientes judiciales que terminaron con resultados adversos para las instituciones que impulsaron las acciones.

El planteo apunta contra Claudio Ucchino, al frente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, y Federico Montes de Oca, dirigente de la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial (AAFBI).

Según el documento, ambas organizaciones optaron por judicializar conflictos con profesionales en relación de dependencia representados por SAFYB, una situación que derivó en distintas resoluciones desfavorables y en el pago de honorarios y costas por parte de las instituciones.

Cuatro expedientes y resultados adversos

El documento identifica cuatro expedientes judiciales que considera centrales para cuestionar las estrategias adoptadas por ambas entidades.

En las causas CC 36023/2020 y CNT 66864/2013, se señala que el Colegio conducido por Ucchino sufrió derrotas judiciales y debió afrontar honorarios y costas.

A esto se suma la causa laboral CNT 25634/2023, en la que, según el texto, la Justicia ordenó ejecutar a la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial por $10.649.500 más intereses y costas. La resolución habría sido confirmada posteriormente, estableciendo además un 30% adicional de costas de alzada a cargo de la entidad vencida.

El cuarto expediente mencionado es la causa penal CC 8268/2026, iniciada por la propia Asociación. De acuerdo con el documento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de los denunciados y consideró que no se había configurado delito. La querella, además, fue condenada en costas en la instancia de alzada.

El interrogante por los costos de los litigios

Uno de los principales cuestionamientos planteados gira alrededor de quién termina afrontando los costos de las acciones judiciales.

El documento sostiene que las costas y honorarios no son asumidos personalmente por los dirigentes, sino por las instituciones que representan, las cuales se financian mediante los aportes de sus matriculados y asociados.

La crítica apunta así a una eventual contradicción: profesionales que realizan aportes para sostener sus entidades podrían terminar financiando litigios promovidos contra otros colegas del mismo sector.

En ese marco, el texto reclama que las organizaciones informen a sus integrantes cuáles fueron los motivos que llevaron a iniciar los procesos judiciales y cuánto representaron económicamente las derrotas en tribunales.

El conflicto por la representación de los profesionales

Otro de los ejes del cuestionamiento está relacionado con la situación de los farmacéuticos y bioquímicos que trabajan en la industria farmacéutica.

El documento sostiene que estos profesionales mantienen su condición y derechos profesionales aun cuando se encuentren bajo una relación laboral de dependencia. También plantea que tienen derecho a organizarse sindicalmente y a percibir los salarios correspondientes a los convenios colectivos específicos de la actividad.

En particular, menciona los CCT 691, 707, 794 y 795 y sostiene que las resoluciones judiciales analizadas deberían ser consideradas como señales respecto del marco de representación y organización de estos trabajadores.

También cuestionan las estrategias legales

La crítica no se limita a las decisiones políticas de las entidades. El documento también pone bajo análisis el desempeño de los abogados que intervinieron en los distintos expedientes.

En el caso del Colegio, menciona a Juan Pedro Anders y Fidel Martínez como representantes legales de Ucchino. Respecto de la Asociación, identifica a Hernán Luis Folgueiro como abogado de Montes de Oca.

El texto cuestiona los resultados obtenidos en los distintos procesos y sostiene que, cuando una estrategia judicial fracasa de manera reiterada, corresponde revisar el camino elegido. También plantea que las instituciones deberían explicar a sus matriculados y asociados las razones de las acciones y los costos derivados de ellas.

Críticas a las conducciones de Ucchino y Montes de Oca

El documento también incorpora cuestionamientos políticos y gremiales a las conducciones de ambas entidades. En el caso de Ucchino, plantea una contradicción entre sus anteriores posiciones críticas hacia Mercado Libre y la implementación de una plataforma online para la venta de medicamentos vinculada a COFA.

Respecto de Montes de Oca, el texto formula cuestionamientos sobre su relación con distintos actores de la industria farmacéutica y sobre la orientación de las actividades impulsadas desde la organización que conduce. Estas afirmaciones forman parte de la crítica contenida en el documento y no incluyen, en el material analizado, documentación adicional que permita verificarlas de manera independiente.

El reclamo por el rol de las entidades profesionales

Más allá de las controversias judiciales, el planteo pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el rol que deben asumir las entidades que representan a farmacéuticos y bioquímicos.

El documento sostiene que las organizaciones deberían concentrar sus esfuerzos en defender a los profesionales frente a problemas como los abusos laborales, la precarización, el costo de los medicamentos y las condiciones de trabajo en laboratorios, droguerías y farmacias.

En ese contexto, las cuatro causas mencionadas son utilizadas como argumento para cuestionar la estrategia judicial adoptada por las conducciones de ambas instituciones.

El reclamo central es que las entidades expliquen a sus matriculados y asociados las decisiones que llevaron a los litigios, los resultados obtenidos y los costos derivados de los procesos.

Así, el conflicto excede las resoluciones judiciales y abre una discusión sobre representación profesional, organización sindical, estrategias legales y utilización de los recursos de las entidades. (www.REALPOLITIK.com.ar)