El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chubut cerró una observación por 1.877.253.471 correspondiente a las cuentas de 2023, último año del gobierno de Mariano Arcioni. La decisión fue tomada hace algunas semanas, durante la administración de Ignacio “Nacho” Torres, por un organismo cuyos integrantes llegaron desde distintos sectores de la política provincial.

El dato surge del acuerdo 344/26, mediante el cual el Tribunal aprobó rendiciones de “Obligaciones del Tesoro” por 104.739.999.195,35 pesos. Dentro de ese total se incorporaron los casi 1.900 millones que habían quedado observados en el informe 41/24 de la Fiscalía del organismo.

Para levantar la objeción, el acuerdo se limita a señalar que “no resulta razonable” sostener que la situación hubiera provocado un perjuicio fiscal. No explica cuál fue la operación cuestionada, quién recibió el dinero, qué funcionarios intervinieron ni qué documentación permitió cambiar el criterio. Luego de aprobar el monto completo, el Tribunal declaró libres de responsabilidad a los responsables y ordenó archivar las actuaciones.

De Arcioni a Torres

Las cuentas pertenecen al ejercicio 2023, gobernado casi íntegramente por Arcioni, quien dejó el poder el 10 de diciembre de ese año. La observación apareció formalmente en 2024, ya con Torres instalado en la Casa de Gobierno, y terminó cerrándose dos años después.

No fue el Ejecutivo provincial el que tomó la decisión, sino el Tribunal de Cuentas, un órgano constitucional encargado de controlar la legalidad del gasto público. Sin embargo, el momento político no es un detalle menor: durante la gestión de Torres se revisaron, aprobaron y archivaron cuentas heredadas por más de 104.700 millones, incluyendo una partida observada de magnitud, sin que la resolución pública permita conocer qué había ocurrido.

La partida involucrada, identificada como 5.7.4.01 y correspondiente a la fuente de financiamiento 111, está asociada a transferencias destinadas a instituciones de seguridad social. El acuerdo no identifica al organismo beneficiario ni precisa el destino final de los recursos.

Mariano Arcioni y "Nacho" Torres.

Un Tribunal atravesado por distintos sectores políticos

La resolución fue firmada por el presidente del Tribunal, Alfredo Martín Meza, y los vocales Liliana Underwood, Sergio Camiña y Pablo Sebastián San Pedro. La nómina oficial muestra que el plenario también está integrado por Tomás Antonio Maza, quien no aparece entre los firmantes de este acuerdo.

Meza ingresó al organismo en 2019, promovido desde el sector del PJ-FPV conducido legislativamente por Blas Meza Evans. Underwood llegó ese mismo año por impulso de Jerónimo García, dirigente de Chubut Somos Todos y referente del dasnevismo. Su designación provocó una controversia por el cumplimiento de los requisitos profesionales exigidos para ocupar el cargo, según reconstruyeron publicaciones provinciales de la época.

Camiña es uno de los integrantes de mayor permanencia. Ya presidía el Tribunal antes de la llegada de Torres y firmó resoluciones durante la administración de Arcioni. Su continuidad lo convirtió en uno de los funcionarios que atravesó sin sobresaltos los sucesivos cambios de poder en Chubut.

San Pedro es el nombre incorporado durante la actual etapa política. Su llegada al Tribunal se produjo en el marco de las designaciones legislativas de 2025 impulsadas por el oficialismo de Despierta Chubut. De esta manera, en la resolución confluyeron funcionarios promovidos originalmente por el peronismo, el dasnevismo y el espacio gobernante: todos coincidieron en aprobar el dinero observado, liberar de responsabilidad a los funcionarios y cerrar el expediente.

La cifra tampoco es marginal. Los 1.877 millones cuestionados representaban casi el 1,8 por ciento de toda la rendición analizada. Sin embargo, el documento público no dedica más que una oración a explicar por qué dejaron de ser considerados un posible perjuicio para el Estado.

La incógnita central permanece abierta: qué operación originó la observación y qué pruebas aparecieron después para descartarla. Esa respuesta debería encontrarse en el informe 41/24 y en el dictamen 09/26, documentos citados por el propio Tribunal pero no desarrollados en el acuerdo publicado. Hasta que sean conocidos, el cierre administrativo podrá ser legal, pero difícilmente pueda presentarse como transparente. (www.REALPOLITIK.com.ar)