La ofensiva argentina contra la explotación petrolera en torno a las Islas Malvinas ya no apunta solamente a las compañías. La documentación judicial a la que accedió REALPOLITIK muestra que el gobierno pidió avanzar sobre personas físicas concretas, reconstruir quiénes tomaron decisiones, quiénes financiaron, quiénes supervisaron operaciones y quiénes participaron de la estructura corporativa detrás del proyecto Sea Lion.

Son, al menos, 26 ejecutivos y directivos individualizados por nombre y apellido. No están condenados ni la sola pertenencia a un directorio implica responsabilidad penal: la presentación oficial pide establecer qué intervención tuvo efectivamente cada uno. Ese límite está expresamente reconocido en la ampliación de denuncia.

El movimiento tiene peso político porque Sea Lion dejó de ser una hipótesis exploratoria. Navitas opera el proyecto con una participación del 65 por ciento y Rockhopper conserva el 35 por ciento. La Argentina sostiene que las licencias británicas carecen de validez y avanzó con denuncias y sanciones bajo la ley 26.659. Reuters confirmó esta semana que el conflicto ya alcanzó a ejecutivos y sociedades vinculadas al proyecto.

Los nombres que Cancillería puso sobre la mesa

En Navitas Petroleum Limited Partnership, como ya había anticipado REALPOLITIK, la ampliación identifica a Gideon Tadmor, chairman; Koby Katz, vice chairman; Amit Kornhauser, CEO; Tamar Rosenberg, CFO; Meital Hillel Abramov, vicepresidenta y general counsel; Nadav Sorek, vicepresidente de Subsurface & Operations; David Bernheim, Chief Commercial and M&A Officer; y Jonathan Akiva Sternberg, vinculado además a Navitas USA.

Koby Katz.

Tamar Rosenberg.

Meital Hillel Abramov.

La trama societaria no termina allí. Registros oficiales británicos muestran, por ejemplo, a Tadmor, Kornhauser y Sternberg como directores de distintas filiales de Navitas constituidas en Reino Unido, mientras el control significativo remite a Navitas Petroleum Limited Partnership, registrada en Israel.

En Navitas Petroleum Development & Production Limited, la estructura operativa asociada directamente a Sea Lion, aparecen Ian Ramsey, CEO; Gareth Bamford, COO; Aleks Armstrong, vinculado a subsuelo y exploración; Yossi Gvura, en funciones financieras; y Charles Taylor, Asset Director de Sea Lion. El escrito los coloca bajo análisis porque sus funciones están conectadas con dirección empresaria, ejecución, financiamiento, exploración y cumplimiento regulatorio.

Ian Ramsey.

Aleks Armstrong.

Charles Taylor.

Taylor es un caso particularmente sensible, porque existe información corporativa reproducida en bases empresariales que lo presenta simultáneamente como Asset Director de Sea Lion y responsable de pozos de Navitas, con funciones sobre desarrollo, operaciones y cumplimiento regulatorio.

Eco Atlantic y Borders: otros trece nombres bajo investigación

La denuncia incorpora además a siete figuras de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson. Holzman figura como presidente y CEO; Levin, como CFO; y los demás integran o integraron el órgano directivo.

Gil Holzman.

Los vínculos corporativos muestran una red de larga trayectoria internacional. Hill pasó por Occidental Petroleum, Shell y el Lundin Group; Nicol tuvo cargos vinculados al sector energético en Goldman Sachs y ABN AMRO; Friedman se especializó en operaciones de mercado y fusiones y adquisiciones. La propia documentación de Eco expone esa acumulación de relaciones con compañías energéticas, mineras y financieras.

En Borders & Southern Petroleum, el escrito identifica a Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Purver, Jon Harris y David Harry Williamson Dobson. La empresa está constituida en Reino Unido y continúa activa bajo la actividad declarada de extracción de petróleo crudo.

Harry Baker.

Desire Petroleum completa el cuadro empresario, aunque allí el gobierno no individualiza todavía ejecutivos por nombre: reclama que la investigación determine directores, administradores, representantes y beneficiarios finales vinculados con las actividades denunciadas.

Paraísos fiscales: qué aparece y qué no aparece

REALPOLITIK buscó los 26 nombres en fuentes públicas vinculadas con estructuras offshore y bases periodísticas internacionales. No encontramos evidencia verificable suficiente para afirmar que alguno de ellos figure, por esos mismos nombres y con identificación inequívoca, en Panama Papers, Paradise Papers u Offshore Leaks de ICIJ. Eso no prueba que nunca hayan utilizado sociedades offshore: simplemente impide afirmarlo periodísticamente sin documentación adicional.

Sí aparece otra cuestión más profunda: la propia arquitectura societaria cruza Israel, Reino Unido, Canadá y territorios vinculados a operaciones internacionales de petróleo. Y en el caso de Rockhopper, la presentación argentina aporta incluso garantías registradas ante Companies House relacionadas con el denominado “Falkland Islands Government” y un nuevo charge constituido en 2025 a favor de Macquarie Bank.

¿Malvinas es un paraíso fiscal?

La respuesta no es lineal. No existe una clasificación universal única de “paraíso fiscal”. Las autoridades isleñas aplican impuesto corporativo del 21 por ciento hasta determinado umbral y del 26 por ciento por encima de él; para actividades petroleras, la tasa informada es del 26 por ciento. Eso aleja al territorio de la imagen clásica de jurisdicción con impuesto societario cero.

Pero existe un dato difícil de ignorar: España incluye actualmente a las Falkland Islands/Islas Malvinas dentro de su lista de jurisdicciones no cooperativas, junto con Bermudas, Caimán, Guernsey, Jersey e Islas Vírgenes Británicas.

A la vez, Tax Justice Network no les asigna actualmente posición en sus índices de secreto financiero o paraísos fiscales corporativos, mientras que el propio gobierno británico sostuvo históricamente que no tenía evidencia de su utilización como paraíso fiscal.

La contradicción abre una pregunta política que excede a Sea Lion: ¿qué clase de ecosistema societario y fiscal sostiene la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está disputada y que, al mismo tiempo, es considerado jurisdicción no cooperativa por un Estado europeo?

Esa es la zona donde la ofensiva argentina empieza a salir del pozo petrolero y entra en los directorios, los registros mercantiles y las estructuras financieras que sostienen el negocio. (www.REALPOLITIK.com.ar)