Lo que comenzó como una serie de pedidos de informes sobre bancos y operaciones financieras se convirtió en una nueva fuente de tensión política en Paraguay. El Senado puso bajo la lupa al Banco Central del Paraguay (BCP), solicitándole información sobre fusiones y absorciones bancarias, fondos públicos depositados en entidades privadas y, específicamente, sobre la situación de bancos como Ueno y Sudameris.

El economista y analista financiero Amílcar Ferreira advierte que el problema no está solamente en el contenido de los pedidos parlamentarios, sino en el escenario político en el que se producen y en el riesgo de que una disputa entre sectores termine trasladándose al sistema financiero.

“Están jugando con fuego”, resume Ferreira, quien considera que una guerra política que involucra a bancos puede terminar afectando el principal activo del sistema financiero: la confianza.

El Senado aprobó esta semana pedidos de informes dirigidos al BCP sobre distintas entidades. Uno de ellos, impulsado por legisladores de Honor Colorado, contiene más de 30 preguntas técnicas sobre Ueno Bank, entre ellas cuestiones relacionadas con operaciones con empresas vinculadas, límites prudenciales, fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) y medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos.

En paralelo, otros legisladores solicitaron información sobre las fusiones y absorciones realizadas en los últimos años y sobre la situación financiera de Sudameris. El requerimiento incluye preguntas sobre diferimiento de pérdidas, encaje legal, cartera crediticia, concentración de créditos y operaciones vinculadas.

Una disputa que excede a los bancos

Para Ferreira, los pedidos de informes son una herramienta legítima del Congreso. El problema aparece cuando el mecanismo de control parlamentario queda atrapado en una disputa política.

El economista interpreta que la ofensiva alrededor de Ueno tiene una particularidad: proviene de sectores del propio oficialismo que sostienen al Gobierno de Santiago Peña.

Ueno Bank estuvo vinculado al presidente Peña hasta marzo de 2025, y actualmente concentra una importante cantidad de fondos públicos y del IPS.

“Es una guerra política”, sostiene Ferreira, quien observa en el episodio señales de una fractura dentro del oficialismo y una disputa de poder que trasciende la discusión estrictamente financiera.

La lectura adquiere mayor relevancia porque, en paralelo al pedido sobre Ueno, aparecieron requerimientos sobre otras entidades. En términos políticos, el movimiento puede ser interpretado como una ofensiva que rápidamente derivó en respuestas y contraofensivas.

El resultado es un escenario inusual: bancos privados, reguladores y operaciones financieras quedaron en el centro de una pelea política en el Congreso.

El riesgo: que la política genere un problema financiero

Ferreira pone el foco en un concepto especialmente sensible: la confianza.

Los bancos funcionan sobre la base de que los depositantes confían en que podrán disponer de su dinero cuando lo necesiten. Por eso, una discusión pública cargada de acusaciones, sospechas y referencias a posibles incumplimientos puede producir efectos incluso cuando no exista un problema de solvencia.

“El capital es cobarde, se asusta fácilmente”, explica el analista.

El temor, en ese sentido, no es solamente que exista un problema puntual en una entidad. El escenario más delicado sería que la discusión política termine generando dudas sobre todo el sistema financiero paraguayo.

La experiencia regional demuestra que las crisis bancarias pueden comenzar no necesariamente con un problema de liquidez, sino con una pérdida de confianza que luego acelera los movimientos de depósitos.

Por eso Ferreira considera especialmente riesgoso trasladar al debate político cuestiones que habitualmente son analizadas por la Superintendencia de Bancos y el BCP bajo criterios técnicos.

El Congreso tiene potestades, pero el sistema es sensible

La discusión tiene un límite complejo.

Por un lado, los legisladores tienen atribuciones constitucionales para solicitar información a organismos públicos. De hecho, el Senado aprobó los pedidos y estableció un plazo de 15 días hábiles para que el BCP responda.

Por otro, varios legisladores reconocieron durante el debate la sensibilidad del sector financiero.

El senador Eduardo Nakayama pidió directamente no entrar en una guerra que, a su criterio, podría terminar provocando una crisis donde no existe. Celeste Amarilla también reclamó prudencia y recordó la experiencia de la crisis bancaria paraguaya de los años 90.

La advertencia no fue compartida por todos. El opositor Rafael Filizzola sostuvo que el Congreso sí debe intervenir cuando están involucrados recursos de ahorristas y fondos públicos.

Es justamente allí donde aparece la tensión de fondo: el control político sobre el sistema financiero es legítimo, pero una exposición política de información técnica puede tener consecuencias que excedan al propio Congreso.

El BCP, en el centro de la tormenta

La próxima etapa estará marcada por las respuestas del Banco Central del Paraguay.

El presidente Santiago Peña sostuvo que las preguntas deben ser respondidas y las dudas aclaradas, y defendió la capacidad institucional del BCP para actuar como regulador del sistema financiero.

Pero Ferreira advierte que las respuestas de la banca matriz también pueden convertirse en parte de la disputa.

Si los informes técnicos son utilizados políticamente para atacar a una entidad, a otra facción o al propio gobierno, el conflicto puede escalar.

Y allí aparece un segundo riesgo: no solo pueden quedar afectados los bancos, sino también la credibilidad del regulador.

Una sucesión de pedidos de informes puede instalar la percepción de que existen problemas que el organismo de control no detectó o no corrigió. Incluso cuando las respuestas técnicas terminen descartando irregularidades, el daño sobre la percepción pública puede ya estar producido.

Una pelea financiera en plena reconfiguración política

El episodio ocurre además en un momento particularmente sensible para Paraguay.

El país atraviesa un proceso de reordenamiento político con las elecciones municipales de 2026 como primera estación y las presidenciales de 2028 como horizonte.

En ese contexto, Ferreira interpreta la ofensiva como algo más que una discusión sobre balances, fusiones o límites regulatorios.

Es también una señal de las tensiones dentro del espacio político que sostiene al gobierno.

Por eso, su preocupación no se limita a una eventual crisis bancaria. El riesgo es que una disputa de poder termine utilizando al sistema financiero como campo de batalla.

Y cuanto más avance esa dinámica, mayor será la posibilidad de que una pelea política produzca consecuencias económicas.

Las consultas de ahorristas ya aparecen

Fuentes consultadas por EGO admiten que no son pocos los inversores y ahorristas que, ante la creciente disputa política en torno al sistema financiero, ya consultaron con sus asesores sobre la posibilidad de retirar parte de sus fondos o proteger su patrimonio trasladando depósitos al exterior.

Por ahora, se trata de consultas y decisiones preventivas, no necesariamente de retiros masivos.

Pero el dato expone el principal riesgo de una disputa que comenzó en el terreno político: que la incertidumbre termine trasladándose a quienes sostienen el sistema financiero con su confianza.

Y ese es, precisamente, el motivo por el que Ferreira insiste en su advertencia: “Están jugando con fuego”. (www.REALPOLITIK.com.ar)