La Oficina Técnica Previsional (OTP) del gobierno de Mendoza lleva cinco ejercicios consecutivos sin designar un encargado de inventario, pese a las reiteradas instrucciones impartidas por el Tribunal de Cuentas. La situación involucra bienes en desuso o directamente extraviados que todavía no fueron depurados de los registros patrimoniales.

La irregularidad no pertenece exclusivamente a una gestión. Comenzó durante el gobierno de Rodolfo Suárez y continuó bajo la administración de Alfredo Cornejo. Los fallos correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 repiten prácticamente la misma orden, sin que el organismo haya terminado de regularizar la situación.

Cinco años de advertencias sin consecuencias

En el análisis del ejercicio 2024, el Tribunal ordenó avanzar con el traspaso de bienes entre las cuentas CUC 27 y CUC 31, además de dar de baja aquellos elementos en desuso o extraviados. Un año después, la observación permanece vigente: las autoridades todavía deben completar la depuración y designar al funcionario responsable del inventario, tal como exige el decreto 1000/15.

El último fallo identifica como responsables al coordinador ejecutivo y al contador habilitado. Durante el ejercicio 2025, la conducción estaba a cargo de Jorge Daniel Eduardo González, designado en 2020 y cuya renuncia fue aceptada a partir del 1 de agosto de 2026 mediante un decreto firmado por Alfredo Cornejo. Casualmente, el mismo mes en que el organismo de control advirtió sobre la irregularidad.

La auditoría también volvió a reclamar la correcta registración de las cuentas por cobrar correspondientes a anticipos otorgados para jubilaciones y pensiones de policías y penitenciarios. Sin embargo, los documentos públicos no informan cuánto dinero permanece pendiente de recuperar ni el valor de los bienes extraviados.

Pese a la reiteración del incumplimiento, el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones, liberó de cargo a los funcionarios intervinientes y calificó los informes generales como “sin observaciones”. Tampoco aplicó multas ni determinó un perjuicio patrimonial.

El resultado expone una contradicción difícil de disimular: durante cinco años el organismo previsional desatendió una obligación básica para controlar los bienes del Estado, pero sus cuentas fueron aprobadas ejercicio tras ejercicio. Ahora, después de la salida de González, la responsabilidad de ordenar el inventario volvió a quedar en manos de las nuevas autoridades. (www.REALPOLITIK.com.ar)