Documentos oficiales de 2009 y 2015 muestran que el Estado nacional autorizó fondos y fijó plazos para distintas obras habitacionales de Chivilcoy. Más de una década después, 145 viviendas continúan sin finalizar y un grupo de familias reclama una respuesta.

Se trata de una iniciativa del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y el municipalidad de Chivilcoy, sobre la base del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.

La resolución 1830, firmada en septiembre de 2009, aprobó una transferencia de 4.636.780,91 para ejecutar infraestructura vinculada a un plan de 296 viviendas. El proyecto contemplaba trabajos de agua, alumbrado, cordón cuneta, estabilizado y veredas, tenía un plazo de 12 meses y colocaba a la comuna local como comitente de la obra, adjudicada a SITRA.

En 2015, otra resolución nacional autorizó 2.729.516,91 para realizar obras complementarias destinadas a la terminación del Complejo Federación, integrado entonces por 231 unidades. El plazo previsto era de apenas tres meses.

Un gasto desconocido para una obra inconclusa

Los documentos a los que tuvo acceso REALPOLITIK confirma que existieron convenios, montos autorizados, empresas y obligaciones de control y rendición. No permiten determinar, sin embargo, cuánto dinero fue finalmente transferido, certificado o ejecutado. Esa información continúa siendo una de las piezas que deberían aportar los organismos intervinientes.

No obstabte, actualmente, un informe municipal reconoce 145 viviendas inconclusas: 46 presentan un avance del 97 por ciento, otras 24 alcanzan el 96 y las 75 restantes se encuentran al 25. Las primeras 70 habían sido objeto de un nuevo convenio de terminación anunciado por el intendente Guillermo Britos en 2022, pero siguen sin ser entregadas, en línea con la gestión de Axel Kicillof y Diego Menéndez, actual titular del IVBA.

Ante la desesperación, Familias Unidas por la Vivienda propuso que los interesados puedan terminar y reparar las unidades mediante un mecanismo legal y comprometiéndose a pagarlas. “No estamos pidiendo que nos regalen una casa. Estamos pidiendo una oportunidad”, sostiene el grupo.

La suspensión del financiamiento nacional puede explicar la última paralización, pero no toda la historia. Los expedientes se remontan a 2009 y atravesaron sucesivamente los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, además de distintas administraciones municipales.

La pregunta pendiente ya no es solamente quién dejó de enviar los últimos fondos, sino cómo viviendas financiadas, relicitadas y anunciadas durante años llegaron nuevamente a quedar abandonadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)