María Eugenia Bravo, secretaria General de ATE San Nicolás y exconsejera escolar de Unión por la Patria, fue incorporada en febrero de 2026 a un programa especial de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense con 40 módulos provisionales del nivel secundario, la cantidad máxima prevista por la normativa.

Una consulta del sistema de liquidaciones muestra que en abril percibió un neto de 1.740.226,58. La asignación figura administrativamente en Casa Central, distrito 0, dentro de la estructura de la subsecretaría de Educación del gobierno de Axel Kicillof.

La liquidación de abril de 2026 registra 40 módulos y un haber neto de 1.740.226,58.

El alta solicitada por Claudia Bracchi

El movimiento se originó mediante el memorándum ME-2026-04809895-GDEBA-SSEDGCYE, firmado el 11 de febrero por la subsecretaria de Educación, Claudia Cristina Bracchi. El documento fue remitido al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich, y a funcionarios de la dirección provincial de Gestión de Recursos Humanos.

En el texto, Bracchi solicitó “gestionar el alta en 40 módulos del nivel de educación secundaria” de Bravo desde ese mismo día. El pedido se encuadró en el Programa Especial Provincial para el Fortalecimiento de la Gestión Educativa, creado en 2021 y prorrogado hasta diciembre de 2027.

La situación de revista ubica los 40 módulos en Casa Central y registra vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El memorándum no identifica la función asignada, el lugar efectivo de prestación, la carga horaria, los resultados esperados ni la autoridad responsable de certificar el trabajo. La copia analizada contiene como archivos incorporados una constancia de CUIL y el DNI de la dirigente, pero no los restantes antecedentes exigidos por el programa.

Bravo llegó a esta contratación después de desempeñarse como consejera escolar de San Nicolás y mientras conduce la seccional local de ATE, el gremio que conduce Oscar de Isasi y se ha convertido en aliado irrestricto del gobierno de Axel Kicillof. Su alta fue gestionada desde una de las áreas políticas centrales de la cartera educativa bonaerense.

El programa utilizado no debe confundirse con el Programa Provincial de Fortalecimiento de la Gestión Institucional Escolar, presentado por Alberto Sileoni en 2024 para digitalizar mediante la plataforma SUNA las solicitudes de las escuelas a los consejos escolares. Tampoco se trata de una línea de recuperación de aprendizajes destinada directamente a estudiantes.

El régimen aplicado a Bravo fue creado por la resolución 1324/2021 para sumar personal técnico en áreas centrales, jefaturas regionales y jefaturas distritales. La resolución 6295/2025, firmada por Sileoni antes de dejar la conducción de Educación, extendió su vigencia durante 2026 y 2027.

La norma despeja un aspecto importante: los 20 a 40 módulos no constituyen necesariamente un cupo completo destinado a un distrito. El artículo 5 establece que la cantidad puede asignarse al “personal específico” según la tarea encomendada. Por lo tanto, entregar 40 módulos a una sola persona está contemplado formalmente, aunque representa el máximo permitido y debe encontrarse respaldado por una función determinada.

Los documentos que exige el programa

El anexo III obliga a que cada contratado posea formación superior y experiencia relacionada con el área de trabajo. Recursos Humanos debe analizar el perfil antes de tramitar la designación.

Además, cada agente tiene que firmar al comenzar la relación un documento con sus tareas y los resultados esperados. El expediente individual debe incorporar título, currículum, planilla de datos personales, declaración jurada y el denominado anexo IV.

Ninguno de esos elementos aparece en el memorándum de Bracchi. Su ausencia en ese archivo no demuestra que no existan en otra actuación administrativa, pero vuelve indispensable conocer el expediente individual mediante el cual la subsecretaría aprobó la contratación y el director general de Cultura y Educación otorgó el aval requerido por la resolución 6295.

También aparece una diferencia entre los registros. Bracchi pidió el alta desde el 11 de febrero de 2026, mientras que la pantalla de situación de revista la ubica desde el día 10. El sistema extiende, además, la asignación hasta el 31 de diciembre de 2027, pese a que el anexo III establece que las contrataciones se realizarán a término y “hasta por un año”. La documentación disponible no incluye una renovación anual que explique ese período.

Otro dato llamó la atención de una fuente consultada por REALPOLITIK, con conocimiento del sistema educativo provincial. Mientras el memorándum habla de módulos del nivel secundario, la liquidación utiliza el código “PM”, correspondiente a “Polimodal”, una denominación perteneciente a una estructura educativa que ya no se encuentra vigente.

La fuente sostuvo que esa categoría podría haberse utilizado para cargar los módulos mediante posiciones administrativas preexistentes y evitar la creación de nuevos cupos. Los documentos conocidos no alcanzan para confirmar esa interpretación.

Axel Kicillof y Flavia Terigi.

La comprobación depende del CUPOF —Código Único de Puesto Orgánico Funcional— asociado a los módulos. Se trata del número mediante el cual la DGCyE identifica cargos, horas cátedra y módulos dentro de su estructura presupuestaria. En la pantalla de Bravo no aparece una escuela ni un establecimiento determinado: figura Casa Central, bajo la subsecretaría de Educación.

El uso de una denominación histórica como “Polimodal” también podría responder a una nomenclatura residual del sistema de liquidaciones. Sin el CUPOF completo, su procedencia presupuestaria y el expediente particular de contratación, no es posible establecer si se trató de una imputación habitual o de un mecanismo excepcional.

El cuadro documental no prueba que Bravo haya cobrado sin trabajar. Sí confirma que una dirigente sindical y exfuncionaria política recibió el máximo de módulos permitido mediante una solicitud firmada por Bracchi, con un salario neto superior a 1,7 millones de pesos en abril y una asignación registrada hasta fines de 2027.

La cartera educativa de Kicillof puede aclarar el caso exhibiendo el análisis del perfil, el anexo IV con las tareas y resultados, el acto de aprobación, el aval del director general, la renovación anual y el CUPOF utilizado. Hasta entonces, la contratación conserva vacíos administrativos que exceden una discusión salarial y alcanzan a los criterios con los que el gobierno bonaerense distribuye cargos y recursos entre dirigentes políticos y gremiales. (www.REALPOLITIK.com.ar)