María del Rosario Galland, concejal de Chivilcoy, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las graves deficiencias estructurales en las viviendas del barrio San Ceferino III, la falta de respuesta por parte de las autoridades del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y el impacto económico en las familias damnificadas.

"El barrio San Ceferino III fue inaugurado y muchas familias, con muchísimo esfuerzo, compraron su terreno y pusieron sus ahorros. Hoy se construyeron 56 casas de un total de 86, pero solo hay 12 familias habitando ahí. La mayoría de los adjudicatarios no pueden habitarlas por los grandes problemas de humedad y paredes rotas; las casas son directamente inhabitables", advirtió Galland. En esa línea, remarcó que las respuestas oficiales no se corresponden con la realidad del terreno: "El Instituto de la Vivienda nos mandó una nota con información incorrecta, donde hablaban de peritos y controles que nunca existieron en el llano. Volvimos a presentar notas el 31 de julio y no hemos recibido respuesta".

Asimismo, la edil cuestionó la falta de infraestructura básica en el predio y la ausencia de controles sobre la empresa constructora: "A diferencia de las etapas anteriores, el San Ceferino III no tiene ni asfalto, solo piedra, y hay muros que impiden el paso de una ambulancia. Se entregaron las casas sin terminar sólo para sacarse la foto de la inauguración, sin auditorías ni inspecciones que verifiquen el estado de la obra".

Doble gasto para los vecinos y reclamo de audiencia

Respecto al impacto económico sobre los adjudicatarios, Galland subrayó el perjuicio financiero que sufren al tener que costear un alquiler mientras abonan las cuotas de un inmueble en mal estado o que ni siquiera comenzó a construirse. "Hoy una familia tiene que pagar hasta 500 mil pesos de alquiler y sumar una cuota de 300 mil pesos al Instituto de la Vivienda por una casa que no puede habitar ni vender. Hay vecinos que hicieron su anticipo en 2020 y siguen esperando que empiecen a levantar su vivienda", explicó.

Finalmente, la concejal instó al gobierno provincial a dar una respuesta formal y habilitar canales de diálogo con los damnificados para resolver las deficiencias legales y constructivas. "Lo único que pedimos es una audiencia formal con el director del área, Diego Menéndez, o con las autoridades del ministerio de Infraestructura. Los vecinos necesitan ser escuchados y que se les dé una solución concreta, porque no tienen a quién acudir y la empresa tampoco les contesta", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)