La investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de recursos destinados a viviendas sociales en Castelli sumó una nueva medida concreta: la Justicia ordenó el allanamiento y secuestro de elementos en una propiedad vinculada a María Laura Olguín y Sebastián Prediger.

La orden fue emitida por el Juzgado de Garantías con asiento en Dolores y establece la intervención de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores, junto con profesionales de la arquitectura para realizar inspecciones, mediciones, cotejos y un relevamiento técnico.

Según consta en el documento judicial, la medida alcanza un inmueble ubicado en el predio rural denominado “La Blanquita”, en el Cuartel 1° de Castelli, señalado como propiedad vinculada a los investigados. También se dispuso el relevamiento de viviendas del Barrio Municipal de Viviendas Sociales “Curita”.

La Justicia busca comparar las construcciones

Uno de los puntos centrales de la medida es determinar si existen coincidencias entre las viviendas ejecutadas en el marco del programa habitacional municipal y las edificaciones levantadas en el predio privado.

La orden judicial contempla un cotejo estructural y constructivo, además de un relevamiento fotográfico y planimétrico, con el objetivo de establecer si ambas obras presentan una misma forma de construcción y tipología edilicia.

También se ordenó verificar la identidad, marcas, modelos, calidades y procedencia de los materiales de construcción visibles en el lugar, para determinar si existe correspondencia con aquellos adquiridos para la construcción de las viviendas sociales.

El procedimiento se encuentra relacionado con una causa caratulada “Novella, Cristian Raúl y otros s/ defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas”, según surge del documento judicial.

La denuncia impulsada por el Municipio

Desde el Municipio de Castelli señalaron que la investigación se inició a partir de una denuncia promovida por el intendente y sostuvieron que entre los hechos bajo análisis se encuentran presuntas irregularidades relacionadas con los materiales destinados al barrio Curita.

El Ejecutivo municipal plantea que debe determinarse si materiales adquiridos para la construcción de las viviendas públicas —entre ellos ladrillos, hierros y otros insumos— pudieron haber sido utilizados en una obra privada.

En ese marco, también se encuentra bajo investigación la situación de 28 techos que habían sido abonados por el Municipio pero que, según la denuncia oficial, no fueron entregados oportunamente. De acuerdo con la información difundida por la comuna, posteriormente se produjo la restitución de materiales cuyo valor fue estimado en aproximadamente $300 millones.

La Justicia deberá establecer si esos hechos constituyen delitos y, eventualmente, determinar las responsabilidades individuales.

También investigan la venta de materiales reciclables

El Municipio aseguró además que Sebastián Prediger se encuentra involucrado en otra línea de investigación vinculada con el destino de fondos provenientes de la venta de materiales reciclables de la planta municipal.

Según la denuncia difundida por el Ejecutivo local, esos recursos debían beneficiar a trabajadores municipales mediante un bono. La comuna afirmó que alrededor de 20 trabajadores podrían aportar testimonios sobre las ventas realizadas y señalar que el pago correspondiente no habría sido percibido.

Se trata, en este caso, de elementos que deberán ser corroborados durante la investigación judicial.

Una pala cargadora y una diferencia de USD 12.000

Otro de los episodios mencionados por el Municipio está relacionado con la compra de una pala cargadora municipal.

Según la versión oficial, existió una propuesta que implicaba un presunto sobreprecio cercano a USD 12.000. La comuna sostuvo que aportó a la Justicia documentación vinculada con las actuaciones administrativas y solicitudes de compra que finalmente fueron anuladas.

De acuerdo con el Ejecutivo municipal, la licitación fue dejada sin efecto y posteriormente se adquirió la misma maquinaria por un monto USD 12.000 inferior al que había sido propuesto en el procedimiento cuestionado.

Una causa que ahora suma evidencia técnica

El allanamiento dispuesto por la Justicia representa un nuevo capítulo en una investigación que busca determinar qué ocurrió con recursos y materiales vinculados a obras públicas en Castelli.

La medida no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal. El objetivo del procedimiento, según surge de la orden judicial, es relevar, comparar y eventualmente secuestrar elementos que puedan resultar de interés para la causa.

Desde el Municipio remarcaron que continuarán aportando documentación y colaborando con las medidas que disponga la Justicia.

“La Justicia será la que determine las responsabilidades penales de cada una de las personas investigadas”, señalaron desde la comuna, que además sostuvo: “No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”. (www.REALPOLITIK.com.ar)