Entheus se presenta como una compañía especializada en seguridad privada y destaca que parte de su cuerpo gerencial está integrado por licenciados en Seguridad egresados del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) y matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Sin embargo, una grave denuncia contra quien fue identificado por la propia firma como jefe de Operaciones puso bajo discusión sus mecanismos de selección y control del personal.

El caso involucra a una mujer cuya identidad será preservada mediante las iniciales JYM, para evitar su revictimización. La investigación tramita bajo el expediente PP-07-01-007361-26/00, caratulado “Saporiti, Marcelo Gastón sobre abuso sexual con acceso carnal”, ante los tribunales especializados en violencia de género del departamento judicial de Lomas de Zamora, con intervención en Ezeiza.

Según documentación incorporada a la causa, Marcelo Gastón Saporiti fue identificado como jefe de Operaciones de Entheus en un escrito firmado por la gerente general de la compañía, Agustina Sucatti. Fuentes del hospital Garrahan también confirmaron que prestó servicios en esa institución, que destina importantes partidas presupuestarias a la contratación de seguridad, limpieza y alimentación, incluso en el actual contexto de ajuste del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En el marco de la investigación, la gerente de Entheus debió informar qué funciones desempeñaba Saporiti, qué vehículos de la empresa tenía autorizados a utilizar y en qué condiciones contaba con un arma de fuego provista para prestar determinados servicios.

Las empresas de seguridad suelen promocionar la capacitación y experiencia de su personal como una garantía para sus clientes. El reclutamiento se realiza, en muchos casos, mediante plataformas como Bumeran o LinkedIn. Entheus, por su parte, mantiene valoraciones favorables en portales laborales como Glassdoor e Indeed, donde algunos empleados destacan el ambiente de trabajo y el cumplimiento de las escalas salariales previstas por el convenio colectivo del sector.

Sin embargo, en el caso de Saporiti, los controles internos no habrían advertido —o considerado determinante— un antecedente relevante: su desvinculación de la Policía Metropolitana por decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La baja de la Policía Metropolitana

El 27 de marzo de 2014, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete y Guillermo Montenegro al frente del ministerio de Justicia y Seguridad, se dio por concluido el proceso administrativo mediante el cual Saporiti había cuestionado su baja de la fuerza.

Según el Boletín Oficial porteño, la medida se fundamentó en el “incumplimiento sobreviniente de los requisitos legales exigidos por la Ley 2.894 de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Saporiti se encontraba bajo el régimen de “nombramiento en comisión”, una instancia inicial que habilitaba a la administración a dejar sin efecto su designación si los informes ambientales, psicológicos, médicos o de antecedentes determinaban que no reunía el perfil requerido.

En sus presentaciones, Saporiti planteó supuestos vicios en el procedimiento. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, respaldado por dictámenes de la Procuración General, consideró legítima la revocación. La resolución sostuvo que la administración tenía la facultad de apartar a los agentes que no superaran los controles de idoneidad necesarios para portar armas y ejercer autoridad pública.

La documentación disponible no presenta aquella decisión como una sanción disciplinaria por un delito cometido durante el servicio, sino como el rechazo definitivo de su incorporación durante el período de prueba por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 2.894.

Pese a ese antecedente, Saporiti ingresó posteriormente a Entheus y alcanzó el cargo de jefe de Operaciones.

Guillermo Montenegro, en épocas en las que conducía el ministerio de Justicia y Seguridad.

La denuncia que investiga la Justicia

De acuerdo con la presentación judicial, los hechos denunciados comenzaron el 1 de abril de 2026, durante un viaje de JYM y Saporiti a la Costa Atlántica. Por ese motivo, una de las diligencias apunta a establecer si el acusado conducía un vehículo particular o una unidad perteneciente a la empresa.

Siempre según el relato de la denunciante, durante aquel viaje comenzaron episodios de control y violencia psicológica que posteriormente se agravaron durante la convivencia en un domicilio de Tristán Suárez.

La mujer declaró que Saporiti habría ejercido violencia física y psicológica, impedido que abandonara la vivienda mediante la cancelación de viajes solicitados a través de aplicaciones y utilizado un arma de fuego para intimidarla. También denunció que habría sido obligada a mantener relaciones sexuales y a enviar mensajes a terceras personas, mientras el acusado controlaba permanentemente sus movimientos.

La presentación sostiene, además, que Saporiti habría invocado reiteradamente su condición de expolicía para amedrentarla. JYM logró abandonar el domicilio el 17 de abril de 2026, aunque, según consta en el expediente, continúa atravesando una situación de temor, agravada por el delicado estado de salud de su madre, quien es paciente oncológica.

El abogado de la denunciante solicitó recientemente la detención del acusado al considerar que existen elementos vinculados con delitos de extrema gravedad. La resolución de ese pedido queda ahora en manos de la Justicia y Saporiti conserva, mientras no exista una sentencia firme, el principio constitucional de inocencia.

Un punto ciego en la seguridad privada

El expediente también expone una zona poco explorada por las estadísticas oficiales. Mientras las fuerzas públicas cuentan con registros elaborados por organismos como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y la dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), no existe una sistematización equivalente sobre hechos de violencia de género protagonizados por integrantes de empresas de seguridad privada.

Los relevamientos disponibles muestran que una proporción de los femicidios cometidos con armas de fuego tiene como autores a miembros activos de fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas. También advierten que el peligro de ataques múltiples, incluidos aquellos contra hijos u otros familiares, aumenta cuando el agresor dispone de un arma reglamentaria.

Entre las instituciones que concentran mayor cantidad de denuncias aparecen la Policía Bonaerense, distintas policías provinciales, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina. Sin embargo, el universo de vigiladores privados, expolicías y agentes en actividad que prestan servicios adicionales permanece atravesado por controles fragmentados.

La causa que involucra a Saporiti vuelve así a instalar el debate sobre la supervisión del personal armado en el ámbito privado, la contratación de policías que facturan servicios como monotributistas y la inexistencia de mecanismos unificados para detectar antecedentes incompatibles con la portación de armas.

También abre interrogantes sobre los controles realizados por Entheus antes de ubicarlo en un puesto de conducción y asignarle responsabilidades operativas. Esas respuestas serán centrales para determinar si el caso se limita a la conducta individual denunciada o si revela fallas más amplias en los procedimientos de selección y supervisión de la seguridad privada. (www.REALPOLITIK.com.ar)