La visita del ministro de Defensa, Carlos Presti, a Ushuaia volvió a colocar en escena una de las obras militares más importantes para el Atlántico Sur. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el titular de la Armada, Juan Carlos Romay, el funcionario recorrió el predio donde debería levantarse la Base Naval Integrada. El proyecto busca reforzar la logística hacia la Antártida y ampliar la capacidad operativa argentina en una región atravesada por la disputa de soberanía con el Reino Unido.
El movimiento ocurre mientras la Armada reorganiza la Base Aeronaval Punta Indio y evalúa concentrar parte de sus actividades en Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca. La fuerza niega que la instalación centenaria vaya a cerrar, pero la provincia de Buenos Aires advirtió que el traslado podría alcanzar a unos 300 militares y afectar a 185 trabajadores civiles. La discusión no pasa por el nombre que conservará la base, sino por las unidades, el personal y los medios que permanecerán allí.
Detrás de Ushuaia y Punta Indio aparece una pregunta que el gobierno de Javier Milei todavía no respondió. La Argentina posee bases, brigadas, regimientos, buques, aeronaves y blindados distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, destina alrededor del 0,3 por ciento de su Producto Bruto Interno a Defensa. Hay una diferencia decisiva entre el armamento que figura en los inventarios y aquel que se encuentra en condiciones de participar inmediatamente de una operación.
Las Fuerzas Armadas reúnen entre 80 mil y 85 mil efectivos en actividad, de acuerdo con estimaciones elaboradas a partir de presupuestos, informes oficiales y estructuras de personal. El Ejército concentra alrededor de 50 mil integrantes; la Armada, entre 18 mil y 20 mil; y la Fuerza Aérea, entre 13 mil y 15 mil. Las cifras varían según se contabilicen soldados voluntarios, personal en formación y destinos dependientes del Estado Mayor Conjunto.
El número total no representa la cantidad de combatientes disponibles para un despliegue. Una parte importante del personal sostiene hospitales, institutos de formación, arsenales, talleres, radares, depósitos, bases y estructuras administrativas. La dispersión geográfica también obliga a mantener dotaciones en decenas de guarniciones. En un país de casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados, esa presencia consume una porción considerable de los recursos humanos.
La reserva representa otra de las limitaciones. El Estado cuenta con personal retirado, ciudadanos con formación militar y un Registro Único de Reservistas, pero no posee una reserva operacional masiva, equipada y entrenada periódicamente. Tener personas registradas no equivale a disponer de unidades listas para movilizarse. La Argentina conserva una estructura legal de reserva, aunque carece de la inversión necesaria para transformarla en una fuerza complementaria con capacidad inmediata.

El núcleo central de la Armada se encuentra en el sur bonaerense. La Base Naval Puerto Belgrano, ubicada junto a Punta Alta, concentra el comando de la Flota de Mar y buena parte de los destructores, corbetas y buques auxiliares. En la misma región funcionan la Base Aeronaval Comandante Espora, centro de la Aviación Naval, y la Base de Infantería de Marina Baterías. A ellas se suman la Base Naval Mar del Plata, responsable del Área Naval Atlántica, y la Base Naval Zárate, cabecera del dispositivo fluvial.
En la Patagonia, la Base Naval Ushuaia encabeza el Área Naval Austral y controla una zona que incluye el Canal Beagle, la Isla de los Estados y los espacios marítimos hacia el paralelo 60° Sur. La Armada mantiene además instalaciones en Río Grande, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Punta Indio completa el mapa aeronaval, aunque su peso operativo quedó bajo discusión por el traslado de unidades y actividades hacia Comandante Espora.
La Fuerza Aérea posee sus principales brigadas en El Palomar, Paraná, Reconquista, Mendoza, Villa Reynolds, Tandil y Moreno. El Palomar concentra el transporte militar y la operación de los C-130 Hércules, mientras Tandil será el asiento del sistema F-16. El Ejército tiene su mayor concentración en Campo de Mayo y sostiene guarniciones relevantes en Córdoba, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Neuquén, Zapala, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Tierra del Fuego.
El principal blindado del Ejército es el Tanque Argentino Mediano. La fuerza recibió históricamente más de 200 TAM equipados con un cañón de 105 milímetros, aunque no todos permanecen operativos. El programa TAM 2C busca modernizar una cantidad limitada mediante cámaras térmicas, nuevos sistemas de tiro, comunicaciones y mejoras para el combate nocturno. El Ejército también posee decenas de vehículos VCTP y cientos de transportes blindados M113, muchos con varias décadas de servicio.
La Armada conserva cuatro destructores MEKO 360 y tres corbetas MEKO 140 en su inventario, con una disponibilidad condicionada por el mantenimiento y la obtención de repuestos. También incorporó cuatro patrulleros oceánicos destinados a vigilar la Zona Económica Exclusiva y combatir la pesca ilegal. Su debilidad más grave permanece debajo del agua: la Argentina no tiene submarinos operativos desde la pérdida del ARA San Juan y la salida de servicio de las unidades que integraban la fuerza submarina.
La Fuerza Aérea incorporó 36 A-4AR Fightinghawk durante la década de 1990, pero actualmente solo una cantidad reducida puede operar de manera simultánea. La compra de 24 F-16 a Dinamarca —16 monoplaza y ocho biplaza— busca recuperar la capacidad supersónica perdida con la baja de los Mirage en 2015. El país también conserva una flota reducida de C-130 Hércules, aeronaves de entrenamiento y helicópteros, aunque su disponibilidad depende de repuestos, mantenimiento, combustible y horas de vuelo.

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en marzo de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández y con Jorge Taiana al frente de Defensa. El proyecto contempla un muelle, talleres, edificios administrativos, viviendas e instalaciones para asistir a buques de mayor porte. Cuatro años después, se completaron estudios, nivelaciones y trabajos parciales, pero la jefatura de Gabinete reconoció ante el Congreso de la Nación Argentina que la continuidad depende de la programación financiera y la disponibilidad de caja.
El financiamiento principal proviene del Fondo Nacional de la Defensa, creado para sostener la recuperación del material militar y fortalecer la industria nacional. Sin embargo, el FONDEF tampoco quedó completamente aislado del ajuste. Puede financiar la construcción de una base o la compra de un sistema, pero no reemplaza el presupuesto necesario para pagar salarios, combustible, mantenimiento y operaciones. La infraestructura, por sí sola, no garantiza una nueva capacidad militar.
Punta Indio representa la otra cara del problema. La Armada asegura que no cerrará la base y presenta el traslado de actividades como parte de una modernización. La provincia de Buenos Aires habla de vaciamiento. Concentrar aeronaves, técnicos e instructores podría reducir costos, pero si la decisión no aumenta las horas de vuelo ni la disponibilidad del material, será solamente una pérdida de presencia territorial presentada como eficiencia.

Los salarios representan una de las principales dificultades para conservar personal especializado. Pilotos, médicos, ingenieros, técnicos aeronáuticos y especialistas electrónicos encuentran mejores ingresos en el sector privado después de haber sido formados por el Estado. La salida de esos profesionales afecta directamente la capacidad operativa. Un avión puede tener repuestos y estar en condiciones técnicas, pero no vuela si faltan pilotos, mecánicos o inspectores habilitados.
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad profundizó el malestar. IOSFA acumuló deudas, interrupciones con prestadores, problemas para acceder a medicamentos y demoras en distintas prestaciones. La cobertura sanitaria no constituye un asunto separado de la política de Defensa. Es una de las condiciones materiales que determinan si un militar decide permanecer en la fuerza o buscar otra alternativa laboral.
La Argentina conserva hombres, instalaciones, industria militar y armamento. También mantiene capacidad para patrullar su espacio marítimo, desplegar tropas, realizar operaciones de transporte, sostener campañas antárticas y responder ante emergencias. Pero no tiene submarinos operativos, cuenta con una flota naval envejecida, posee una defensa antiaérea limitada y enfrenta dificultades para retener personal. El problema no es únicamente cuánto material comprará Javier Milei, sino qué parte podrá mantener funcionando durante los próximos años. (www.REALPOLITIK.com.ar)