El sistema de salud está estresado y bajo presión, con médicos y profesionales que perciben salarios por debajo de sus capacidades y ciudadanos que no son atendidos con la premura necesaria. En ocasiones, además, deben atravesar maltratos burocráticos difíciles de explicar cuando se trata de personas que padecen problemas físicos.

Este sistema deshumanizado tiene al hospital de Pediatría Juan P. Garrahan como ícono de la lucha contra el fuerte ajuste de la administración de Javier Milei. Sin embargo, a juzgar por una serie de polémicas contrataciones, el gobierno nacional no habría hecho más que maquillar una situación que vuelve a tornarse tensa. Los datos están en poder de referentes sindicales del nosocomio ubicado en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según los estados contables presentados en el expediente 23618/2026, la Nación transfirió al hospital 304.627 millones de pesos en 2024 y 252.077 millones en 2025. La diferencia representa una reducción real del 37 por ciento al descontar la inflación del 31,55 por ciento registrada ese año.

El aporte de la Ciudad de Buenos Aires también disminuyó: pasó de 75.299 millones a 63.019 millones de pesos. Estos números, firmados por la presidenta del consejo de administración, Mariel Sánchez, y un auditor externo, indican que el desfinanciamiento no responde solamente a una percepción, sino que tiene un correlato contable.

La presidenta del consejo de administración, Mariel Sánchez.

58.107 millones en bonos mientras se alega falta de recursos

El balance oficial muestra que el hospital mantiene 40.899 millones de pesos en bonos PAR Step Up 2038 y otros 17.208 millones en títulos y letras. Entre 2024 y 2025, la cartera de inversiones financieras creció 4.691 millones.

El superávit reportado de 16.652 millones de pesos en 2025 proviene principalmente del rendimiento de esos bonos y del ajuste por inflación, no de una mejora en la gestión operativa. En 2024 había sido de 24.612 millones, lo que representa una caída del 32 por ciento.

Uso extendido de compras por “urgencia”

El listado de contrataciones revela que el hospital recurrió reiteradamente a la modalidad de compra directa por urgencia para adquirir bienes de uso habitual, entre ellos: material sanitario descartable para farmacia, medicamentos de rutina y una orden firmada el 23 de diciembre de 2025, con plazo de entrega hasta marzo de 2026.

Además, la empresa EGLIS SA resultó adjudicataria en enero y diciembre del mismo año por insumos similares. La reiteración de la modalidad y de los proveedores abre interrogantes sobre la planificación y concentración de las compras que surgen de los documentos.

Pago de 47,6 millones a una sucesión por sistemas críticos

El hospital destinó 47.652.000 pesos a la “Sucesión de Zelarayán Carlos Ricardo” para brindar soporte al sistema RIS-PACS, empleado para almacenar radiografías, tomografías y otros estudios por imágenes.

Se emitieron dos órdenes de compra idénticas, por 23.826.000 pesos cada una, autorizadas por direcciones diferentes. La contratación de una sucesión para mantener una infraestructura crítica plantea interrogantes sobre la continuidad contractual y la acreditación de la capacidad técnica necesaria para realizar esas tareas.

El hospital Garrahan por dentro.

El contrato más caro: seguridad privada por 13.234 millones

El acuerdo con Entheus Seguridad Privada SRL por la prestación de vigilancia integral durante nueve meses de 2025 ascendió a 13.234 millones de pesos, aproximadamente 1.470 millones mensuales.

En enero de 2026 se agregó un contrato con la Policía de la Ciudad por 377 millones de pesos. La fecha coincide con uno de los momentos de mayor conflictividad gremial. En los documentos oficiales, la columna correspondiente a la ejecución presupuestaria del contrato aparece en blanco.

Por otra parte, la documentación entregada registra 127 contrataciones cuyas funciones no fueron individualizadas. El hospital mantiene a esas personas bajo la modalidad de locación de servicios, pero no informó los nombres de los beneficiarios, los montos percibidos ni las tareas asignadas. Según los datos aportados, tampoco se desempeñarían en áreas de seguridad.

Los balances y el listado de contrataciones del hospital Garrahan, obtenidos luego de una intervención judicial, muestran un escenario caracterizado por la reducción presupuestaria, inversiones financieras de largo plazo, el uso reiterado de compras directas y adjudicaciones que concentran sumas importantes en determinados proveedores.

La información oficial abre interrogantes sobre la administración de los recursos en un hospital público de alta complejidad, en medio de los reclamos salariales y las protestas de sus trabajadores.

El Garrahan como expresión de la crisis sanitaria

Más allá de las posibles irregularidades, la radiografía del hospital pediátrico permite observar algunos de los problemas que atraviesan al sistema público: bajos salarios profesionales, demoras en la atención, extensas filas, trabas burocráticas y faltantes ocasionales de insumos.

Según una investigación del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), una parte importante del desorden del sistema nacional de salud recae sobre los hospitales públicos porque, además de atender a personas sin cobertura, reciben a numerosos pacientes que cuentan con obra social o medicina prepaga.

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 32 por ciento de la población no tiene cobertura médica y depende exclusivamente del sistema público; el 61 por ciento posee obra social, el 5 por ciento tiene una prepaga y el 2 por ciento dispone de ambas coberturas.

Estos datos indican que los hospitales públicos deberían atender principalmente al tercio de la población que carece de cobertura. Se trata, además, de un grupo con menor presencia relativa de adultos mayores, ya que más del 90 por ciento de ellos está afiliado al PAMI. Sin embargo, los establecimientos estatales también reciben pacientes con cobertura, lo que incrementa la presión sobre una estructura debilitada por problemas de gestión.

Así surge una contradicción: la Argentina destina cerca del 10 por ciento de su Producto Bruto Interno al sector sanitario, pero las condiciones laborales y la calidad de la atención continúan siendo deficientes.

Parte del problema reside en que muchas obras sociales no garantizan una atención adecuada y empujan a sus afiliados hacia el hospital público. Más de 5 millones de trabajadores con empleos precarios y bajos ingresos poseen coberturas que brindan prestaciones limitadas —entre ellas, algunas vinculadas con el monotributo—, por lo que terminan recurriendo igualmente al Estado.

La situación del hospital Garrahan, que recibe a niños y adolescentes trasladados desde distintas provincias porque sus distritos no cuentan con establecimientos de semejante complejidad, es apenas la punta del iceberg. Detrás aparece un sistema sanitario saturado, con recursos mal distribuidos y contrataciones bajo sospecha, en tiempos de motosierra y del repetido argumento oficial de que “no hay plata”. (www.REALPOLITIK.com.ar)