La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) perdió un juicio laboral con el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), por aportes sindicales adeudados de sus farmacias UOM y UMAX; y el abogado de la UOM, Pablo Marcelo Smurra, pretendió asustar a las autoridades de SAFYB contratando al costoso penalista Matías Ledesma, que actualmente defiende a Manuel Adorni.

Un expediente que terminó desarmando la acusación. Primero la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, después el Juzgado 20 dictó el sobreseimiento y, finalmente, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones confirmó los sobreseimientos en un fallo categórico: el tribunal de alzada sostuvo que no existían elementos para sostener la acusación penal y concluyó que se trataba de una controversia de naturaleza privada que debía discutirse por otras vías, “lejos de la órbita del derecho penal”.

La resolución judicial destacó que no se había acreditado que los representantes de SAFYB hubieran actuado con intención defraudatoria. También valoró la existencia de inspecciones, verificaciones, intimaciones, consultas y actuaciones administrativas previas.

La propia Cámara recordó que los antecedentes laborales incorporados al expediente no permitían sostener una hipótesis de enriquecimiento ilícito ni demostrar que los imputados hubieran actuado con conocimiento cierto de una maniobra fraudulenta.

El pronunciamiento fue especialmente duro al señalar que el conflicto debía resolverse en el ámbito correspondiente y no mediante una imputación penal, que se reducía a una discusión de carácter privado y no podía transformarse artificialmente en un delito.

La UOM, entre la intervención y los reveses judiciales

La UOM, uno de los sindicatos más poderosos de la Argentina, enfrenta una profunda crisis de representación y conducción. La intervención judicial por irregularidades, administración fraudulenta y desvío de fondos, constituye una señal del deterioro institucional que contrasta con la imagen de poder que durante décadas exhibió la organización.

La debacle institucional de la Unión Obrera Metalúrgica suma un nuevo capítulo, ya que el revés sufrido en la causa contra SAFYB vuelve a poner bajo la lupa el modo en que se impulsaron determinadas acciones judiciales y la utilización del fuero penal para intentar resolver una controversia de naturaleza privada.

La UOM no sólo enfrenta desafíos económicos, pérdida de afiliados y dificultades para representar a los trabajadores en una industria golpeada. También carga con una crisis institucional que pone en discusión sus mecanismos de conducción, sus prácticas internas y la transparencia de sus decisiones.

El gremio que históricamente se presentó como una estructura de poder inexpugnable, hoy muestra una realidad diferente: intervención judicial, cuestionamientos institucionales y derrotas en los tribunales.

La UOM enfrenta una crisis que ya no puede ocultarse detrás de su historia ni de su peso político. La Justicia, esta vez, volvió a marcarle un límite. (www.REALPOLITIK.com.ar)