Once años después de la firma del convenio para construir 100 viviendas destinadas a comunidades originarias y rurales de Pampa del Indio, el proyecto volvió a quedar bajo la lupa de los organismos de control.

El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco ordenó investigar un posible “pago indebido” relacionado específicamente con aquella obra y derivó las actuaciones al área de Juicio Administrativo de Responsabilidad para determinar tanto el monto involucrado como sus responsables.

La decisión forma parte de la resolución 13/26 de la Sala II del organismo, publicada el 31 de agosto de 2026, dentro de una causa que involucra al actual intendente de Pampa del Indio, Gustavo Javier Karasiuk, y a Elsa Analía Aranda.

La resolución adquiere especial relevancia por los antecedentes de la obra. El proyecto se remonta a 2015, cuando se acordó la construcción de 100 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales en Pampa del Indio, en el marco del Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

Durante años existieron cuestionamientos públicos acerca del grado de cumplimiento del proyecto. Ya para el 2019, funcionarios de la oposición aseguraban que muchas de las unidades previstas no habían sido terminadas e incluso mostraron imágenes de construcciones que habrían quedado apenas en sus cimientos. En aquel momento se afirmaba que el convenio había contemplado una inversión inicial de 33,85 millones de pesos.

Pero años después de aquellas denuncias apareció documentación oficial que confirmó que el programa efectivamente había tenido una ejecución inferior a la originalmente acordada.

De 100 viviendas previstas, se construyeron 69

La Auditoría General de la Nación analizó el proyecto dentro de una auditoría sobre fondos nacionales transferidos para políticas de vivienda social. El organismo identificó específicamente el acuerdo 634/15, correspondiente a la construcción de 100 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales de Pampa del Indio.

La conclusión fue contundente: se construyeron 69 viviendas de las 100 previstas originalmente. Es decir, quedaron 31 unidades por debajo de lo estipulado en el convenio.

Según la AGN, además, no constaba en las actuaciones la intervención de la unidad nacional correspondiente frente a esa modificación en la cantidad de viviendas ejecutadas. Pero la auditoría no se limitó a revisar expedientes.

Personal del organismo realizó un relevamiento presencial y fotográfico de viviendas construidas bajo ese convenio y detectó diferentes deficiencias constructivas.

Entre ellas figuraron hundimientos de pisos por una deficiente compactación del terreno, deterioro de materiales de terminación, problemas de impermeabilización de muros, deficiencias en aberturas, falta de presión de agua corriente y trabajos sin terminar.

La AGN consideró que algunas de esas situaciones se contraponían con los estándares mínimos establecidos para las viviendas sociales.

De esta manera, parte de los cuestionamientos que durante años circularon alrededor del proyecto adquirieron posteriormente respaldo documental: el plan original era de 100 casas, pero el propio organismo nacional de control contabilizó sólo 69 unidades construidas y detectó además graves falencias en algunas de las viviendas entregadas.

Pampa del Indio, Chaco.

Ahora, el Tribunal habla de “pago indebido”

El nuevo capítulo apareció semanas atrás. Al resolver el expediente 402230321-31721-E, el Tribunal de Cuentas chaqueño ordenó expresamente derivar para su análisis “lo referido a la Obra 100 Viviendas (Programa Federal de Viviendas de Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales), en concepto de Pago Indebido”.

El objetivo será determinar el monto y los responsables de ese eventual perjuicio.

La redacción utilizada por el organismo resulta significativa porque introduce formalmente la hipótesis de que pudieron haberse realizado pagos que no correspondían dentro de la ejecución del programa. Sin embargo, la resolución conocida hasta el momento no establece todavía cuánto dinero habría sido pagado indebidamente ni identifica quiénes serían responsables específicamente por ese punto. Será precisamente el nuevo procedimiento administrativo el que deberá determinarlo.

Esa diferencia resulta relevante frente a otro aspecto de la misma Resolución 13/26. En la causa, el Tribunal declaró responsables solidarios a Karasiuk y Aranda por otros hechos objeto del expediente y los condenó al resarcimiento patrimonial de 15.693.675 pesos. Además, les aplicó una multa de 200 mil pesos y los intimó a pagar bajo apercibimiento de dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar la correspondiente acción ejecutiva.

La nueva investigación administrativa deberá reconstruir precisamente esa ruta: qué trabajos fueron certificados, cuánto dinero se desembolsó, qué grado de avance físico tenía la obra al momento de cada pago y quiénes recibieron los fondos.

Karasiuk continúa al frente del municipio

Mientras tanto, Gustavo Javier Karasiuk continúa actualmente desempeñándose como intendente de Pampa del Indio. La Resolución 13/26 no es, además, la única actuación reciente del Tribunal de Cuentas que lo involucra. En agosto de este año, dentro de otro expediente distinto, la Sala II dictó la resolución 30/26, mediante la cual liberó al intendente de responsabilidad patrimonial por los hechos analizados en aquella causa, aunque formuló un reparo y le impuso una multa de 200 mil pesos.

Se trata de expedientes diferentes y sus resultados no deben confundirse. En el caso de las 100 viviendas, el procedimiento que acaba de disponer el Tribunal permanece abierto en un punto fundamental: todavía falta determinar cuánto habría representado el eventual pago indebido y quiénes deberán responder por él.

Once años después del convenio, las cuentas de aquel programa habitacional destinado a comunidades originarias todavía no parecen definitivamente cerradas.

La Auditoría General de la Nación ya estableció que 31 de las 100 viviendas comprometidas no fueron construidas y documentó problemas en parte de las que sí fueron ejecutadas. Ahora, el Tribunal de Cuentas del Chaco abrió una nueva pregunta: qué se pagó, por qué se considera que pudo existir un pago indebido y quién deberá responder por ese dinero. (www.REALPOLITIK.com.ar)