Mendoza: Alfredo Cornejo endurece el régimen penal juvenil, pero gasta más en publicidad
Por Franco D’Amelio
El escándalo que rodea al diputado nacional Cristian Ritondo sumó un capítulo de extrema gravedad. Jeremías Rodríguez, el abogado que promovió la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente del Pro y su esposa, Romina Aldana Diago, recurrió a la Embajada de Italia en Buenos Aires y pidió que se evalúe la activación de mecanismos de protección consular ante el supuesto riesgo que, según denunció, enfrenta por haber impulsado la investigación.
“No quiero ser el próximo José Luis Cabezas ni terminar como Alberto Nisman”, afirmó Rodríguez. La frase, por su gravedad y por las referencias elegidas, coloca el conflicto en un terreno que excede largamente una disputa judicial: el denunciante de uno de los diputados más influyentes del país afirma temer por su libertad, su actividad profesional y su integridad física.
La presentación fue dirigida al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. Rodríguez invocó su condición de ciudadano italiano y solicitó que su situación sea puesta en conocimiento del ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de ese país, conocido como la Farnesina, además de los organismos consulares y diplomáticos correspondientes.
En el escrito, al que tuvo acceso REALPOLITIK, el abogado aseguró padecer una situación de “persecución política y hostigamiento judicial”. También pidió que Italia evalúe y, en caso de considerarlo pertinente, active los mecanismos previstos para asistir a sus ciudadanos cuando se encuentran en riesgo en el exterior.

El origen del enfrentamiento se remonta a diciembre de 2024, cuando Rodríguez denunció penalmente a Ritondo y a Diago. El expediente CFP 5212/2024 tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, conducido por Sebastián Ramos, mientras que la investigación quedó delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano.
La causa aparece caratulada como “Ritondo, Cristian Adrián y otros s/enriquecimiento ilícito y otros” y tuvo posteriores ampliaciones a partir de información y documentación vinculadas con propiedades, sociedades, cuentas financieras y movimientos patrimoniales atribuidos al diputado y a su entorno familiar y empresario.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecieron informes sobre inmuebles en la Argentina y los Estados Unidos, sociedades constituidas en el exterior y cuentas pertenecientes a Ritondo, Diago y Emprendimientos Rivadavia SA. La Justicia deberá determinar si esos bienes y operaciones tienen una explicación legítima o si existe alguna responsabilidad penal.
Sin embargo, el volumen del patrimonio puesto bajo análisis y la sucesión de medidas judiciales dejaron al descubierto una incómoda contradicción política. Ritondo continúa ocupando un lugar privilegiado dentro del Pro y y se convirtió en uno de los interlocutores centrales del entendimiento entre el macrismo y La Libertad Avanza de Javier Milei, mientras sobre sus espaldas avanza una investigación que examina el origen y la declaración de bienes millonarios.
El planteo no puede reducirse a una simple declaración en redes sociales. Quien impulsó un expediente federal contra uno de los socios políticos más importantes del oficialismo asegura temer consecuencias físicas y judiciales, menciona a dos de las figuras más trágicas de la historia argentina reciente y reclama que otro Estado siga de cerca su situación. (www.REALPOLITIK.com.ar)