En plena disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y mientras el gobierno de Javier Milei pone en marcha su reemplazo por la nueva OSFA, el ministro de Defensa, Carlos Presti, resolvió repartir entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea veinte hoteles, residencias, centros recreativos, cabañas, cocheras y terrenos que hasta ahora formaban parte del circuito patrimonial y prestacional de la obra social militar.
La decisión quedó formalizada mediante la resolución 636/2026, firmada el 15 de septiembre. La medida establece que el traspaso se hará efectivo el 1 de octubre, momento a partir del cual cada Estado Mayor General asumirá el control de los inmuebles que le fueron asignados. No se trata de una venta ni de una transferencia de dominio, sino de una reasignación de uso que, en los hechos, deja a OSFA sin la administración y explotación de una extensa cartera inmobiliaria distribuida en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro.
La resolución sostiene que la propuesta fue elevada por el administrador de OSFA, Pablo Plaza, y consensuada con los jefes de las tres Fuerzas Armadas. Sin embargo, el documento no explica cuál será el destino concreto de los establecimientos, qué sucederá con sus trabajadores, si continuarán abiertos para los afiliados ni cómo se reemplazarán los servicios sociales y recreativos que prestaban.
El Ejército recibirá siete establecimientos: el hotel Metropol, ubicado en Moreno 2470 de Mar del Plata; el hotel El Cóndor, en Güemes y Garay; su edificio anexo; la correspondiente playa de estacionamiento; la residencia La Falda; la residencia Cosquín y la hostería Villa General Belgrano, en Córdoba.
El dato más sensible aparece en la documentación dominial incorporada por el propio ministerio de Defensa: esos siete bienes figuran bajo titularidad del Estado Nacional – Instituto Obra Social del Ejército. La identificación abre interrogantes sobre el criterio utilizado para separar de OSFA inmuebles que aparecen directamente vinculados con la antigua obra social del Ejército y que durante décadas integraron el sistema de prestaciones financiado por sus afiliados.
La Armada, por su parte, recibirá diez complejos. Entre ellos se encuentran el hotel Ushuaia, en la Ciudad de Buenos Aires; los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, junto con sus cocheras, en Mar del Plata; el centro recreativo Héroes de Malvinas, en Zárate; el centro recreativo General Belgrano, en San Clemente del Tuyú; el hotel Islas Malvinas y sus cabañas, en Bariloche, y el parador Almirante Brown, ubicado en Embalse Río Tercero.
A la Fuerza Aérea le corresponden la colonia Miraflores, en Santa Rosa de Calamuchita; la colonia Costanera Cosquín y el hotel Golf Ascochinga. Este último comprende un sector de usina y cocheras de aproximadamente 5.600 metros cuadrados y otro polígono de alrededor de 37.650 metros cuadrados donde se encuentra el hotel.
La medida se apoya en el DNU 88/2026, mediante el cual Milei disolvió IOSFA, ordenó su liquidación y creó OSFA. Esa normativa dispone que los inmuebles deben ser restituidos a la jurisdicción que los hubiese aportado originalmente. Bajo esa interpretación, Presti avanzó con la devolución de los establecimientos a cada fuerza.
El problema es que los documentos no diferencian claramente entre los inmuebles aportados originalmente por las Fuerzas Armadas y aquellos que habrían sido adquiridos con recursos de las antiguas obras sociales. Tampoco detallan las valuaciones, los ingresos generados, el estado de ocupación, los contratos vigentes ni la cantidad de afiliados que utilizaban cada establecimiento.
La resolución tampoco establece compensación alguna para OSFA, pese a que la nueva obra social pierde el uso de hoteles, centros recreativos y residencias que podían generar recursos propios. El DNU que creó la entidad establece que al menos el 80 por ciento de sus ingresos deberá destinarse a prestaciones de salud y le permite utilizar hasta el 12 por ciento para otras prestaciones sociales. La pérdida de estos establecimientos reduce precisamente la infraestructura disponible para desarrollar esas actividades.
La Asociación Trabajadores del Estado presentó una nota ante Plaza para advertir sobre un presunto vaciamiento y reclamar que no se transfieran ni cierren hoteles, residencias, recreos, centros médicos o farmacias. El planteo menciona particularmente los hoteles El Cóndor y Metropol, que habrían sido adquiridos con recursos propios de la antigua obra social del Ejército. La presentación también advierte sobre el futuro de los puestos de trabajo, aunque la decisión administrativa ya fue firmada y tiene fecha concreta de ejecución.
El reparto inmobiliario se produce mientras el sistema de salud militar atraviesa una delicada transición institucional y financiera. En lugar de acompañar la creación de OSFA con un inventario público, una valuación integral y garantías de continuidad para los afiliados, la administración de Milei resolvió fragmentar una parte central de su patrimonio operativo entre las propias Fuerzas Armadas.
Desde el 1 de octubre, OSFA comenzará formalmente su nueva etapa con menos hoteles, menos residencias y menos centros recreativos bajo su administración. Lo que Defensa presenta como una reorganización interna abre, en cambio, una pregunta de fondo: qué estructura real quedará en manos de la obra social encargada de garantizar la cobertura médica y social de toda la familia militar. (www.REALPOLITIK.com.ar)