El manejo del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en General San Martín quedó bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense confirmara que el Consejo Escolar autorizó la cesión de parte de un contrato a una proveedora que no estaba inscripta ante la provincia ni contaba con habilitación municipal acreditada para comercializar alimentos. Ante otra irregularidad detectada, las autoridades también intentaron justificar el uso habitual de cheques culpando al Banco Provincia.

Las observaciones corresponden a la rendición de cuentas de 2024 y alcanzan a la conducción del Consejo Escolar encabezada por Jonatan Sandro Cifelli, dirigente de La Corriente Nacional de la Militancia, espacio alineado con el kirchnerismo. El fallo aplicó multas por un total de 1,1 millones de pesos al propio Cifelli, a la tesorera María Gabriela Lopresti y a la secretaria técnica Rosario Cristina Di Biasi.

El caso golpea al oficialismo que conduce políticamente el intendente Fernando Moreira, heredero municipal de Gabriel Katopodis, en un distrito donde el peronismo gobierna desde hace años y mantiene influencia sobre buena parte de la estructura política educativa. Aunque el jefe comunal no aparece sancionado ni fue incluido entre los responsables administrativos, el episodio vuelve a poner bajo sospecha el funcionamiento de un organismo conducido por referentes del mismo entramado político local.

Un contrato alimentario que terminó en otras manos

La maniobra comenzó con la Contratación 2, correspondiente al expediente 045-002/2024, vigente entre mayo y diciembre de ese año. Según reconstruyó el Tribunal de Cuentas, el proveedor Adrián Marcelo Capalbo cedió a Rosa Elena Oliva la provisión de insumos del desayuno y merienda completa destinados al jardín de infantes y a la escuela primaria San Martín de Porres.

No se trató solamente de un acuerdo entre privados. La cesión fue formalizada por Oliva, aceptada por las autoridades del Consejo Escolar y acompañada por una póliza de caución. En otras palabras, el “pasamanos” contractual contó con el aval del organismo encargado de administrar la asistencia alimentaria en las escuelas del distrito.

El problema apareció cuando los auditores revisaron el legajo de la nueva proveedora. Oliva no se encontraba inscripta en el Registro de Proveedores de la provincia de Buenos Aires y tampoco pudo acreditarse que tuviera la habilitación municipal correspondiente para la “venta al por mayor de productos alimenticios”.

La falta de ese permiso no constituye un detalle burocrático: según señaló el Tribunal, impedía garantizar documentalmente la aptitud bromatológica necesaria para desarrollar la actividad y abastecer establecimientos educativos.

En su descargo, las autoridades explicaron que Capalbo había cedido los cupos a pedido de Carlos J. Sommer, representante legal de la institución educativa. También aseguraron que le habían solicitado a Oliva cumplir con los requisitos y presentar el comprobante de inicio del trámite ante el Registro de Proveedores.

La relatoría verificó la existencia del pedido de Sommer, fechado en marzo de 2024, pero no encontró incorporada la documentación que demostrara el inicio del trámite provincial ni la habilitación municipal. Por eso mantuvo firme la observación y responsabilizó a Cifelli, Lopresti y Di Biasi por haber aceptado la cesión sin que la nueva contratista cumpliera las condiciones exigidas.

Consejo Escolar de San Martín.

El intento de cargarle la responsabilidad al Banco Provincia

La auditoría detectó además que el Consejo Escolar cancelaba habitualmente sus compromisos mediante la emisión de cheques, pese a que la normativa de la Tesorería General bonaerense reserva ese mecanismo para circunstancias excepcionales y establece la utilización de medios electrónicos.

Cifelli y Lopresti argumentaron que habían realizado reiteradas gestiones ante la sucursal San Martín del Banco Provincia. Según su versión, la entidad inicialmente les permitió consultar movimientos, pero no efectuar pagos por archivo. Más tarde habrían surgido dificultades para ampliar los límites máximos de las operaciones, situación que atribuyeron a la falta de criterios uniformes entre las diferentes sucursales.

El descargo dejó una postal llamativa para el oficialismo: la conducción K del Consejo Escolar intentó trasladar parte de la responsabilidad al banco provincial que preside Juan Cuattromo, uno de los funcionarios de confianza del gobernador Axel Kicillof. El Tribunal rechazó esa explicación. 

Por ambas irregularidades, Cifelli y Lopresti recibieron multas de 400 mil pesos cada uno, mientras que Di Biasi fue sancionada con 300 mil pesos por su intervención en la cesión contractual. Los funcionarios disponen de noventa días para depositar el dinero y pueden recurrir la sentencia.

Durante 2024, el Consejo Escolar de General San Martín administró ingresos por más de 12.605 millones de pesos. De ese total, alrededor de 6.050 millones correspondieron al SAE y otros 5.453 millones al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria. El fallo no sostiene que todo ese dinero estuviera comprometido ni informa el monto específico del contrato cedido, pero expone fallas en los controles sobre un sistema destinado a garantizar la alimentación de niños y adolescentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)