La trampa Malvinas: petróleo, militarización y autodeterminación en el Atlántico Sur
Por Jorge Suárez
La detención de Francisco Vila Basualdo, fundador y CEO de Grupo Delsud, dejó al descubierto una estructura empresarial que excede ampliamente la comercialización de terrenos. Detrás del empresario investigado por presuntas estafas con loteos en La Plata aparecen desarrolladoras, financieras, constructoras, sociedades vinculadas con el negocio asegurador, medios de comunicación y compañías conectadas mediante socios, empleados y profesionales que se repiten.
Vila Basualdo se presentó en la DDI La Plata junto con Eugenia Martínez, y ambos quedaron detenidos. Milena del Sol Dell’Aqua había sido arrestada previamente en Berisso. Nadia Antonella Lima, que permanecía prófuga y tenía pedido de captura nacional e internacional, finalmente se entregó, por lo que los cuatro imputados quedaron a disposición de la Justicia.
La causa tramita bajo la IPP 06-00-002726-26/00 y las órdenes de detención fueron convalidadas por la jueza de Garantías 5 de La Plata, Marcela Garmendia. Las últimas resoluciones fueron impulsadas por el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI Nro. 5. El expediente tiene como eje las operaciones realizadas en los emprendimientos Sophenia, en Arana, y Garden, sobre la ruta 36, entre las calles 425 y 427.
A Vila Basualdo y Martínez se les atribuye la coautoría de diez presuntos hechos de estafa. Lima está señalada como coautora en ocho episodios y Dell’Aqua como partícipe necesaria en seis. Sobre Martínez recae, además, una imputación por el presunto uso de un documento público falso.
La hipótesis judicial sostiene que los compradores recibían ofertas de lotes residenciales individualizados, aptos para construir y con posibilidades futuras de escrituración. Sin embargo, las operaciones habrían transmitido porcentajes indivisos de parcelas mayores que no reunían las condiciones legales para ser subdivididas, urbanizadas o escrituradas como habían sido promocionadas.
Según la resolución, los casos presentarían un patrón común basado en la actuación coordinada de diferentes personas, con roles en la promoción, comercialización, financiación, administración y documentación de los emprendimientos.
La investigación ya produjo dieciséis allanamientos sobre domicilios vinculados con ocho entidades. Entre los lugares inspeccionados estuvieron las oficinas de Grupo Delsud, un departamento relacionado con Vila Basualdo y seis inmuebles vinculados con Grupo Futuro. También se requirió información a Four Capital SA, Century 21, Inmobiliaria Veimar e Inmobiliaria Urquiza.
El centro del mapa es Grupo Delsud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL, firma vinculada directamente con Vila Basualdo y Martínez y desde la cual se promocionaron distintos desarrollos.
Lejos de presentarse como una inmobiliaria convencional, Delsud se define públicamente como un holding con más de diez unidades de negocio, más de cien empleados y más de 1.200 clientes. La compañía informa sedes en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Mendoza.
La estructura pública del conglomerado comprende, al menos, las siguientes unidades y marcas:
- Desarrollos Delsud, dedicada a la venta y financiación de terrenos.
- Elemental Constructora, orientada a la construcción de viviendas.
- Trustfund, vinculada con garantías para alquileres.
- Four Capital SA, dedicada a préstamos, financiación y servicios financieros.
- Black Wallet, presentada como billetera digital durante la expansión hacia Mendoza.
- Sacra Compañía de Seguros de Personas SA.
- Merci Productores Asesores de Seguros SA, controlada inicialmente en un 90 por ciento por Grupo Delsud.
- El Editor Platense.
- El Editor Mendoza.
- Fundación Grupo Delsud.
No todas esas denominaciones constituyen necesariamente sociedades independientes. Algunas son marcas o unidades comerciales operadas mediante razones sociales diferentes. Esa distinción resulta central para comprender cómo un mismo holding puede mostrarse dividido en múltiples negocios sin que cada marca tenga una persona jurídica propia.

Una resolución dictada durante la investigación aporta otro dato central sobre la composición del grupo. Al confirmar medidas cautelares sobre bienes vinculados con los desarrollos, la Cámara individualizó a Francisco Vila Basualdo como socio gerente de Grupo Delsud, presidente de Four Capital, presidente de Merci y administrador de Tintes Biodegradables, sociedad identificada judicialmente como accionista de Delsud.
El mismo documento señaló a Eugenia Martínez como directora suplente de Four Capital, directora suplente de Merci y gerente de Garhan Fund SRL, otra sociedad mencionada como accionista de Delsud.
La resolución también describió a Merci como accionista de Grupo Delsud. El dato resulta particularmente relevante porque, al momento de constituirse Merci, había ocurrido el movimiento inverso: Grupo Delsud suscribió 90 de sus 100 acciones. La documentación disponible muestra así una relación societaria en ambos sentidos, aunque todavía debe reconstruirse cuándo y mediante qué instrumentos se modificó la composición del capital de cada compañía.
Four Capital SA ocupa un lugar especialmente relevante porque la Justicia le requirió documentación sobre compraventas relacionadas con los loteos comercializados por Grupo Delsud, Vila Basualdo y Martínez.
Los registros laborales también muestran un movimiento recurrente de personal entre Delsud y Four Capital. Martínez aparece relacionada laboralmente con ambas compañías. El mismo recorrido se observa en Catalina Huber y Leandro Omar Cuomo, quienes trabajaron primero para Grupo Delsud y después registraron actividad en Four Capital.
Martínez presenta, además, cheques rechazados relacionados con Four Capital y con Grupo Delsud. Ese dato constituye otro elemento objetivo de vinculación financiera entre las sociedades, aunque por sí solo no permite determinar el destino ni la naturaleza de esos fondos.
La sociedad había sido constituida en enero de 2022 por Vila Basualdo y Martínez, quienes suscribieron el capital en partes iguales. El primero asumió como presidente y la segunda como directora suplente. Su objeto incluyó el otorgamiento de préstamos, financiaciones, aportes de capital y garantías con fondos propios, un perfil especialmente relevante frente a la comercialización financiada de los terrenos.
El entramado también se extendió al negocio asegurador mediante Merci Productores Asesores de Seguros SA, constituida en febrero de 2023. Según el aviso publicado en el Boletín Oficial, Grupo Delsud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL suscribió 90 de las 100 acciones de la compañía, es decir, el 90 por ciento del capital inicial.
La conducción volvió a reunir a integrantes del mismo círculo: Francisco Vila Basualdo fue designado presidente; Catalina Huber, vicepresidenta; Leandro Omar Cuomo, director titular; y Eugenia Martínez, directora suplente. Cuomo suscribió cuatro acciones, mientras que los restantes accionistas minoritarios tomaron dos cada uno.
Merci resulta relevante porque no representa una relación indirecta ni una simple coincidencia profesional: la participación mayoritaria fue asumida formalmente por la sociedad principal del grupo. Además, su directorio conectaba nuevamente a Vila y Martínez con Huber y Cuomo, quienes también aparecen vinculados laboral o institucionalmente con otras unidades del conglomerado.
Dos meses después de la constitución de Merci —y apenas un mes después de su publicación en el Boletín Oficial—, Vila Basualdo y Martínez constituyeron Sacra Compañía de Seguros de Personas SA, con un capital inicial declarado de 30 millones de pesos, dividido en partes iguales.
Vila Basualdo fue designado presidente; Catalina Huber, vicepresidenta; Luis Matías Giusti Villaverde, director titular independiente; y Martínez, directora suplente.
La incorporación de Huber vuelve a mostrar la circulación interna de personas entre las empresas del grupo: antes de asumir como vicepresidenta de Sacra había trabajado en Delsud y posteriormente pasó a Four Capital.
Giusti Villaverde, por su parte, registra una extensa relación laboral con Federación Patronal Seguros, lo que permite explicar el perfil técnico con el que fue incorporado a la compañía. Federación Patronal no integra el entramado de Delsud: aparece únicamente como empleadora del director independiente.
La comisión fiscalizadora de Sacra fue integrada por Juan Eduardo Bettinelli, Ariel Eduardo Goñi y Esteban César Mazzitelli. Como suplentes quedaron Leandro Manuel Justo, Diego Omar Kelln y Juan Antonio Fuster.
Ninguno de estos directores o síndicos está imputado, con la información conocida, en la causa por los loteos. Su incorporación al mapa responde exclusivamente a sus cargos formales dentro de una sociedad creada y controlada por Vila Basualdo y Martínez.
Los integrantes de la fiscalización de Sacra reaparecen en otras compañías, configurando un segundo anillo societario y profesional.
En 2022, Ariel Goñi y Diego Kelln constituyeron Point Investments SA, dedicada a la financiación, inversión y aporte de capitales en otras sociedades. Cada uno suscribió la mitad del capital, mientras que Goñi quedó como presidente y Kelln como director suplente.
Un año antes, Kelln había creado junto con Leandro Justo la sociedad WAO Shop SA. Su objeto contempló comercio electrónico, desarrollo tecnológico, gestión de cobranzas, préstamos, financiación, aportes de capital y otorgamiento de garantías.
Justo también aparece como accionista y vicepresidente de Smart Digital Documents SA, dedicada a servicios informáticos y comercialización de datos, además de estar vinculado con Justo Asesores SRL.
Bettinelli, Goñi, Kelln, Mazzitelli y Fuster registran relaciones laborales presentes o pasadas con Marinozzi-Mazzitelli & Asociados SRL. La coincidencia permite identificar un equipo contable común, aunque esa consultora tampoco aparece acusada de participar en los loteos.
Existe, además, una repetición física: Sacra, Point Investments, WAO Shop y Smart Digital Documents establecieron sede o domicilios especiales en Juana Manso 555, sexto piso, oficina C, de la Ciudad de Buenos Aires. El domicilio compartido constituye un indicio de una misma infraestructura administrativa o profesional.
El mapa se extiende también hacia Canntech SRL, donde Vila Basualdo aparece asociado con Leandro Emmanuel Caamaño y Damián Grimberg.
Caamaño registra actividad laboral en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que Grimberg mantiene una extensa relación con Snappler SRL. Estas dos entidades no forman parte del holding: son antecedentes laborales de los socios de Canntech y no deben confundirse con sociedades controladas por Vila Basualdo.
Tampoco Caamaño ni Grimberg aparecen entre los imputados por los loteos. Su relevancia surge exclusivamente de la participación societaria compartida con el principal acusado.
En el mismo domicilio fijado por Canntech —calle 37 número 125 de La Plata— fue constituida Environtek SRL, otra sociedad en la que Francisco Vila Basualdo aparece como socio y gerente.
La empresa fue creada junto con investigadores y profesionales y declaró un objeto amplio: desarrollo y comercialización de tecnologías ambientales, tratamiento de residuos y biomateriales, consultoría, construcción y operaciones inmobiliarias sobre propiedades urbanas, suburbanas y rurales.
La coincidencia de Vila Basualdo, el domicilio y la fecha de publicación de ambas sociedades permite identificar un nuevo brazo de diversificación. Sin embargo, no existen elementos públicos que vinculen a Environtek ni a sus restantes socios con las presuntas estafas investigadas.

El conglomerado también desembarcó en el negocio de los medios. El propio sitio de Delsud incluyó públicamente a El Editor Platense y El Editor Mendoza entre sus unidades.
Actualmente, El Editor Platense identifica como propietario a Laniakea SAS y fija su domicilio legal en calle 51 número 662, la misma dirección informada por Delsud para su sucursal platense.
La marca El Editor Platense fue registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por Grupo Delsud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL. Por lo tanto, aunque la explotación formal figure bajo Laniakea, el vínculo entre el medio y el holding surge de sus propios registros y publicaciones.
En Mendoza se utilizó la misma razón social para la operación de El Editor Mendoza. El proyecto terminó en mayo de 2026 con el cierre de la redacción y el despido de trece trabajadores, según denunció el Sindicato de Prensa de Mendoza. Ese conflicto no integra el expediente por los loteos, pero forma parte de la expansión y posterior retracción del conglomerado.
Antes de concentrar su estructura mediática en El Editor, el grupo también apareció relacionado con los portales Blick News y Oeste Platense, posteriormente absorbidos por el mismo proyecto periodístico.
Alrededor del grupo aparecen otras denominaciones —entre ellas BASVIL SAS, Dinadel SRL y Grupo del Sud SA— mencionadas públicamente en una disputa entre Delsud y la financiera Waya. La existencia de esas referencias justifica incorporarlas como líneas de investigación, pero no permite afirmar todavía cuál es su composición accionaria ni qué intervención concreta tuvieron en los negocios inmobiliarios.
También debe esclarecerse la estructura de Grupo Futuro, cuyos domicilios fueron alcanzados por los allanamientos. La información pública disponible no permite individualizar todavía todas sus razones sociales, socios y emprendimientos.
La causa menciona además actuaciones sobre inmobiliarias, desarrolladoras y escribanías. La aparición de Century 21, Veimar y Urquiza responde a pedidos de información judicial y no significa que sus responsables estén acusados de integrar la presunta maniobra.
La administración de Julio Alak reconoce la existencia de aproximadamente 450 loteos ilegales en La Plata, extendidos sobre 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas construidas y capacidad potencial para más de 32.800 parcelas.
Una proliferación de semejante magnitud no nació con la actual gestión. Buena parte de los desarrollos se expandió durante los ocho años de gobierno de Julio Garro, cuando las áreas de Planeamiento, Catastro, Obras Particulares y Control Urbano debían verificar qué tierras podían subdividirse y urbanizarse.
Por otro lado, en Garden, la Justicia analiza documentación presentada ante la municipalidad en la que se habrían incorporado firmas apócrifas. El episodio no solo compromete a quien presuntamente utilizó esos documentos: expone la fragilidad de los controles internos de un municipio que permitió que expedientes sensibles avanzaran sin detectar inmediatamente las irregularidades denunciadas.
El mapa documentado puede organizarse en tres niveles.
En el primer nivel se encuentran Grupo Delsud, Desarrollos Delsud y Four Capital, directamente relacionados con las operaciones inmobiliarias o alcanzados por requerimientos del expediente. Una resolución judicial identifica además a Tintes Biodegradables y Garhan Fund SRL como sociedades accionistas de Delsud.
En el segundo aparecen las sociedades y unidades directamente controladas por el holding o por Vila Basualdo y Martínez: Merci, Sacra, Elemental, Trustfund, Black Wallet, la Fundación y los medios operados por Laniakea. En el caso de Merci, la documentación exhibe una relación en ambos sentidos: Delsud suscribió inicialmente el 90 por ciento de su capital y una resolución judicial la identificó posteriormente como accionista del grupo.
En el tercero se ubican Point Investments, WAO Shop, Smart Digital Documents, Justo Asesores, Marinozzi-Mazzitelli, Canntech y Environtek. Son sociedades conectadas mediante socios, directores, síndicos, gerentes, asesores o domicilios compartidos, aunque hasta el momento no existen elementos públicos para atribuirles intervención en las estafas investigadas.
La causa deberá determinar si esta red funcionó únicamente como soporte financiero, administrativo y profesional de negocios independientes o si algunas de sus sociedades intervinieron en el movimiento de dinero, la financiación, la documentación o la comercialización de los terrenos.
Lo que surge de la documentación societaria y judicial es que el caso no se reduce a cuatro personas ofreciendo lotes por redes sociales. Alrededor de los principales imputados aparece un holding diversificado, con decenas de empleados, distintas marcas, instrumentos financieros, dos sociedades vinculadas con el negocio asegurador, una constructora y un brazo mediático.
Mientras la Justicia intenta reconstruir el destino del dinero y la responsabilidad de cada imputado, queda pendiente una explicación política: cómo una estructura de semejante tamaño logró promocionar y comercializar durante años terrenos bajo sospecha sin que los controles municipales impidieran que numerosos compradores entregaran sus ahorros por parcelas que, según la imputación, no podían escriturarse como habían sido ofrecidas. (www.REALPOLITIK.com.ar)